martes, 31 de octubre de 2006

Partida de Madre

Oaxaca fin de viejo régimen priísta

I
Quizá la principal lección del colapso del proceso
de transición de la Unión Soviética
haya sido asumida, sin dobleces,
por Mijail Gorbachov en sus Memorias:
“el antiguo régimen fue derribado antes
de que funcionara el nuevo”.


El conflicto político en Oaxaca, iniciado por demandas salariales y estallando en contra del gobernador Ulises Ruiz, dejó inservible al viejo régimen político, pero con el problema de que no hay uno de recambio.

A pesar del lenguaje retorcido y de las banderas de la democracia ondeado en las barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y en las trincheras del gobierno priísta de Ulises Ruiz, en realidad la crisis estalló en el seno del sistema político priísta local.

Los protagonistas habían estado sumidos en las reglas del juego del régimen del PRI. Y la línea rupturista ha carecido de una propuesta de recambio institucional. La sección 22 del magisterio, por ejemplo, logró la rezonificación salarial pero tardó en encauzar la conclusión del movimiento de protesta.

La APPO y la 22 se movieron siempre en los espacios del sistema político. Su exigencia única --la renuncia del gobernador Ruiz-- comenzó como un alzamiento popular en zonas localizadas de la ciudad de Oaxaca, pero luego se encarriló --debido a su ignorancia jurídica y política y a una incomprensión de las reglas del juego político-- dentro de las instituciones legislativas: la desaparición de poderes contemplada en la fracción V del artículo 76 constitucional.

El camino legal estaba empedrado. La fracción V señala que el Senado tiene la facultad de “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales, que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional”.

Y la ley reglamentara habla de “determinar que se ha configurado la desaparición de poderes”, al tiempo que establece excepciones --“causa de fuerza mayor”-- para reconocer que no hay poderes en funcionamiento. Al aceptar este camino, la APPO y la 22 --se supone que con el asesoramiento político y no jurídico del PRD-- simplemente le dieron justificación al Senado para no desaparecer poderes. El concepto constitucional de desaparición de poderes fue clave para mantener la disciplina autoritaria federal del sistema presidencialista.

LA APPO y la 22 supusieron que la desaparición de poderes era una salida. Y no: el sistema legal aplicado a la política siempre ha sido una aldaba para mantener cerrada la puerta del sistema autoritario presidencialista. Asimismo, las organizaciones rebeldes no entendieron la lógica de los acuerdos políticos de ahora, en donde Oaxaca no es una prioridad y sí una pieza de negociación para asuntos mayores. Y lo que era el mecanismo último considerado por la APPO/22, se convirtió en la coartada para mantener al gobernador Ruiz en el poder.

El largo y doloroso camino del plantón de la 22 en el Centro Histórico de Oaxaca en mayo a la decisión del Senado de determinar que los poderes en Oaxaca sí estaban funcionando evidenció los espacios de cuando menos tres conclusiones:

1.- La desarticulación del sistema político priísta. Los acuerdos tradicionales, los entendimientos subterráneos y las formas anteriores de aceptar la protesta magisterial, desviarla al DF al SNTE, a la SEP y al gobierno del DF habían dejado de funcionario.
El uso de la fuerza pública el 14 de junio marcó la ruptura del acuerdo básico para soluciones dentro del sistema. La solicitud de renuncia al gobernador hizo dar a la APPO y la 2 un paso hacia la disolución del entendimiento mínimo. Y en medio, al andamiaje institucional del estado y de la federación hacia Oaxaca finalmente dejó de funcionar. Nada será posible en función del viejo sistema.

2.- La ausencia de una propuesta de sistema de recambio. La falta de salidas para el conflicto reveló que ningún mecanismo anterior tenía ya validez. Pero la negativa del Senado a reconocer la desaparición de poderes dejó la crisis oaxaqueña en un peligroso vacío político que sólo puede ser llenado con un nuevo acuerdo institucional o con una rebelión revolucionaria. Ni la APPO/22, ni el gobierno federal, ni los partidos han definido ese acuerdo. Su fermento se localiza en la iniciativa ciudadana del Pacto de Gobernabilidad impulsado por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, aunque sin el apoyo total del gobierno federal, del gobierno de Ruiz, del presidente electo Calderón o de los partidos. La única salida a la crisis es dar el paso hacia la transición con el Pacto de Gobernabilidad.

3.- La incapacidad de los partidos en el poder para entender la lógica de la transición. El PRI se dedicó a atrincherarse en el partido y a contener las presiones rebeldes. El PAN no sabe siquiera que su viabilidad en el poder depende de dar pasos de transición hacia un nuevo sistema político. Y el PRD no atiende más temas que la “toma de protesta” de López Obrador como “presidente legítimo de la república” y la colocación de una “banda presidencial adornada con chaquiritas”. Y lo grave es que los tres partidos han sido atropellados por la sociedad en rebelión y por la ineficacia del viejo régimen para atender los sobresaltos políticos y sociales.
De ahí que el conflicto en Oaxaca sea un aviso más --sin duda el más violento-- de que el viejo sistema político priísta no sólo ya no está funcionando, sino que le estalla en las narices a los gobernantes priístas que han perdido el poder presidencial, el eje por excelencia que mantenía cohesionado y en funcionamiento ese viejo régimen fundado por el PRI, legitimado por la Constitución y operado por la fuerza poderosa de la presidencia de la república.

Por tanto, la crisis en Oaxaca no se va a solucionar con la rezonificación salarial de los maestros o con la represión policiaca a la APPO o con la caída del gobernador Ruiz, sino que debe encauzarse hacia una reforma integral de las instituciones. En realidad, en Oaxaca se colapsó el sistema político caciquil, autoritario, dominante, sin equilibrio de poderes o de sectores, promotor de la pobreza y gobernado por el esquema de familias del poder político priísta.

II
El conflicto APPO/22 con el gobernador Ulises Ruiz es apenas la superficie de un problema mucho mayor: la relación del poder gubernamental con las organizaciones sociales. Historiadamente, el poder gubernamental en Oaxaca es prácticamente el todo político, social y económico. Oaxaca carece de actividad empresarial y comercial autónoma, pues todo pasa por el control del gobierno estatal. No existe vida política autónoma a no ser que se defina a través de rupturas violentas y fraticidas. Hasta hace poco, la única oposición era el PAN y su espacio de movilidad era minúsculo.

La crisis política en Oaxaca tiene su origen en la ruptura hacia el interior de los grupos de poder del mismo PRI. El PRD fue un desprendimiento del PRI. Y las personalidades de Convergencia --ahora la segunda y casi primera fuerza política estatal-- se consolidaron en una ruptura en el seno del PRI. Por tanto, en realidad en Oaxaca no ha habido vida política y partidista, sino cacicazgos funcionales y disfuncionales.
Hacia el interior del estado, los grupos sociales han pospuesto la ruptura política por la legalización del sistema de usos y costumbres, un respeto a las tradiciones locales que han desaparecido a los partidos o los han subordinado al poder de la organización comunitaria.

La ruptura en los acuerdos entre las familias políticas del poder ocurrió justamente por la ambición de poder. Luego de la crisis de 1977 que provocó la renuncia del gobernador Manuel Zárate Aquino, los jefes políticos aliviaron las formas del reparto del poder.
Sólo que esos acuerdos duraron poco por el agotamiento del modelo pendular: el gobernador en turno no sólo impuso a su sucesor, sino que excluyó a los demás grupos. Ello ocurrió cuando Diódoro Carrasco se consolidó en la gubernatura e impidió movilidad al grupo de José Murat. Y cuando Murat impuso su gubernatura, echó del jardín del poder a los demás grupos: Carrasco y sus aliados se salieron del PRI y se pasaron a coaliciones y aterrizaron en Convergencia, aunque el propio Carrasco encontró su espacio en el PAN. Murat impuso a Ruiz y éste cerró los espacios de poder.

La crisis política, por tanto, era inevitable. La lucha magisterial es histórica, de casi un cuarto de siglo. Los gobernadores la superaban anualmente con cada vez mayores concesiones a la 22: hoteles, hospitales, posiciones de poder, aumentos salariales. Ruiz consideró la opción de liquidar al movimiento magisterial con el desalojo policiaco del 14 de junio, pero el fracaso de la operación reactivó el movimiento. Al final, la crisis con el sindicato magisterial ha sido el colapso del viejo sistema de complicidades entre el Estado y las organizaciones sindicales. Y es el aviso de la incapacidad financiera del gobierno para atender la educación pública y gratuita: no habrá presupuesto que alcance.

LA APPO nació de la confluencia de organizaciones sindicales, políticas, indigenistas, de derechos humanos y anarquistas, pero todas ellas dependientes del propio gobierno y de su presupuesto. A pesar de que una de las formaciones clave de la APPO es la izquierda unida del PRD nacional, el perredismo no ha aparecido en el estado.
Por tanto, el fortalecimiento de la APPO es producto del fin del mecanismo de control político de las organizaciones sociales. La APPO nació como reacción social al fallido desalojo policiaco del 14 de junio. Y se enriqueció con agrupaciones sociales vinculadas a la guerrilla del EPR y del Procup, aunque sin acciones clandestinas ni revolucionarias.

La radicalización de la APPO y la 22 fue, así, producto de una crisis innecesaria. En el pasado el plantón magisterial duraba un par de semanas y se endosaba al DF. La razón radica también en la perversión de la descentralización educativa: se le entregó a los estados la educación y el presupuesto, pero la revisión salarial la realiza el SNTE, uno de los organismos corporativos más corruptos y dominados por los intereses caciquiles de su lideresa Elba Esther Gordillo, casi propietaria del sindicato desde 1989. Así, estallaba un conflicto estatal que tenía orígenes federales por las complicidades políticas y perversas de Gordillo con los gobiernos federales priístas y ahora panistas.

La centralización del conflicto en la permanencia o salida del gobernador Ulises Ruiz del poder dibuja lo absurdo del rumbo del caso Oaxaca. El problema, en realidad, no es Ruiz sino el modelo de sistema político.
El que venga después de Ruiz gobernará igual y más débil y sin una nueva estructura de relaciones con las organizaciones sociales. Y si Ruiz se queda, va a depender de la estructura de dominación del viejo sistema y la estructura de poder caciquil seguirá operando.
Ahí se localiza el error estratégico de la limitada, superficial y ciertamente reaccionaria agenda de la APPO/22. No hay profundidad social ni propuesta de cambio institucional. Por tanto, no es una propuesta de izquierda ni de cambio político.

El Senado, los partidos nacionales y el gobierno federal quieren encontrar una salida a la crisis de Oaxaca que no implique cambios profundos. La incomprensión del PRI nacional hacia el conflicto en Oaxaca y las angustias del PAN para alcanzar el cambio de sexenio sin rupturas con los partidos y las distracciones del PRD en los caprichos del derrotado López Obrador han llevado a Oaxaca a un peligroso vacío político de poder.
El PRI quiere mantener a Ruiz, el PAN quiere pactar un compromiso con el PRI para beneficiar a Calderón y el PRD vive una depresión sicológica por López Obrador. Y en medio de todos, el gobernador Ruiz quiere seguir en el gobierno sin ofrecer ninguna reforma institucional que no sea para perpetuar el viejo sistema político priísta.

En este contexto, Oaxaca no vive una crisis política sino un conflicto entre grupos de poder. En todo caso, Oaxaca ilustra el agotamiento --ojalá que definitivo-- del sistema político priísta y del modelo de democracia representativa. La salida, por tanto, estaría en la construcción de un nuevo sistema político, su andamiaje institucional y sus limitaciones al poder y en la definición de un nuevo contrato social y sus correlativos acuerdos en lo fundamental.

III
Oaxaca vive una típica crisis de gobernabilidad. La ingobernabilidad se manifiesta cuando las demandas de la sociedad son mayores a las ofertas del gobierno. O, como dice Samuel Huntington, cuando la sociedad evoluciona más rápidamente que las instituciones sociales y políticas. La crisis de gobernabilidad es, de suyo, el estallamiento de una crisis de transición política: los sistemas se refuerzan a sí mismos o evolucionan hacia nuevas formas de funcionamiento democrático.
Si una transición conducida, esos sistemas caen en el caos.
El contrapunto que ejemplifica los escenarios contrapuestos de las transiciones se localiza en dos conocidas: la de España y la de la URSS. La primera ocurrió a la muerte de Franco y fue --relativamente-- fácil: la construcción de un sistema electoral democrático, bajo el esquema de monarquía constitucional. Duró realmente poco: un año. Y tuvo tres momentos culminantes: las elecciones libres, la Constitución y el ascenso al poder de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español.

La soviética fue frustrada: liberación anárquica del mercado, ausencia de partidos políticos de oposición, golpe de Estado y desmembramiento de la unión de las repúblicas socialistas en repúblicas independientes y renuncia obligada de Gorbachov. A la URSS no le dio tiempo de hacer cambios porque carecía de organizaciones independientes y sólidas, como había en España. Hoy Rusia es un ejemplo del desmoronamiento democrático, de la frustración social y del regreso al modelo de sistema autoritario y estatista, aunque con una burguesía enriquecida en una sociedad de mayoría empobrecida.

La salida a la crisis de Oaxaca, en este contexto, se localiza en el diseño de una reforma institucional integral: del poder, de la sociedad y de la vida política. El Pacto de Gobernabilidad diseñado a instancias de Gobernación ha logrado reformular el sistema político estatal, con exigencias a reformas en lo federal. Oaxaca es parte de la federación y ahí se localiza el papel de pivote de Oaxaca para provocar reformas a nivel nacional.

El problema de Oaxaca no es magisterial ni de Ulises Ruiz. Es de una realidad social marcada por la pobreza y el estancamiento y por el ejercicio atrabiliario del poder público.
El mejor saldo de la crisis en Oaxaca fue el surgimiento de una sociedad civil propositiva, aunque con una sociedad civil harta de la violencia pero atemorizada de los coletazos del poder político y de los grupos radicales callejeros. En medio de estas contradicciones pudo definirse el Pacto de Gobernabilidad como una fuga hacia delante: convertir la crisis en un impulsor de reformas de corto, mediano y largo plazos.

Las reformas deben ser integrales:
1.- Del poder.
2.- De la política.
3.- De la actividad social.
4.- De equilibrio entre poderes.
5.- De participación política.
6.- De reactivación productiva.
7.- De respeto a derechos humanos y el sistema de justicia.
8.- De las reglas para la participación política.
9.- De la alternancia en el gobierno.
10.- Y de la pluralidad reconocida.

La estructura social, económica y política de Oaxaca podría no ser la más recomendable. Las transiciones son fáciles de operar en sociedad de alto grado de desarrollo. Pero al final de cuentas, diría Gorbachov, no hay reformadores felices. Como no hay transiciones ideales. Todas las transiciones han sido conflictivas. Pero la clave se localiza en la percepción de que el viejo régimen ya no garantiza la estabilidad para el desarrollo y que el país tiene la opción de una transición por la vía política y legal y no por el camino siempre frustrante de la revolución armada.

El conflicto en Oaxaca pudo sacarse de los espacios del choque de poderes por la mesa de negociación que instauró Gobernación para definir el Pacto de Gobernabilidad. En el pasado, las crisis se han resuelto con renuncias pero sin cambios de fondo.
La caída del gobernador Zárate Aquino sólo fue aprovechada por un grupo político, pero sin propiciar cambios sociales, económicos o políticos. La crisis actual en Oaxaca debe sacarse de la pugna sobre la renuncia/consolidación del gobernador Ulises Ruiz y encarrilarse en el camino del Pacto de Gobernabilidad. Una vez que el Pacto se firme, el problema ya no será el gobernador ni la 22 ni la APPO.
LA reforma institucional ayudará a refundar el sistema político oaxaqueño.
Quedará por saber si una transición democrática puede realizarse en un estado de la república. Al final, el viejo sistema político priísta en Oaxaca tiene hilos de dependencia federal. Y ahí podría frustrarse.
Sin embargo, la dimensión y alcance de las propuestas definidas en el Pacto de Gobernabilidad quizá no sean tan radicales como la transición española pero cambiarían a nivel local la estructura de dominación política tradicional por prácticas políticas más abiertas. La viabilidad de la transición en Oaxaca dependerá, por tanto, de que los partidos cooperen en la modernización política y que el gobierno federal apoye la reforma institucional.

Lo peor que le puede pasar al conflicto en Oaxaca es que todo se reduzca a la rezonificación salarial de los maestros y a la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. La APPO y la 22, como organizaciones sociales de oposición, están obligadas a ser más racionales y profundas en sus demandas políticas para eludir los intereses de grupo.
Pero pudiera ser que la reforma institucional reduzca el poder de esas dos organizaciones y que por ello hayan disminuido sus demandas a sus intereses particulares. En este contexto, entonces, le toca a la sociedad civil organizada en torno al Pacto de Gobernabilidad impulsar las reformas para que el conflicto en Oaxaca no haya sido en vano.
Por Carlos Ramírez

En la desesperación / Carta dirigida al Profr. Bernardo Bátiz

6 años muy nefastos...
6 años en que se
ha burlado de
nosotros con sus
estadísticas falsas.
Estimado Procurador:
La semana pasada, se publicaron los resultados de la Cuarta Encuesta Ciudadana de Seguridad.
Los resultados fueron ampliamente difundidos en toda la República.
Toda la República se enteró que —por cuarta vez consecutiva— el DF quedó en el último lugar.
Le volvimos a ganar a Tijuana, Acapulco y Morelia.Para muchos de nosotros el resultado no ha sido sorpresa.De hecho, los que vivimos aquí, tenemos la certeza de que salimos vivos de nuestros hogares, pero no tenemos la certeza si vamos a regresar.

Dr. Bátiz: Usted ha sido Procurador casi 6 años.
6 años muy nefastos...
6 años en que se ha burlado de nosotros con sus estadísticas falsas.
6 años en que el índice delictivo no bajó... más bien creció.
6 años de una corrupción espantosa.
6 años en que los derechos ciudadanos no fueron respetados.
6 años en que los delincuentes gozaron de absoluta impunidad.
6 años en que la confianza ciudadana evaluó a su dependencia con 3.4 de calificación.La más baja en toda la República.
Dr. Bátiz:A título personal, le diré que llevo 6 años desconfiando de ustedes.

Veo la mala leche en el caso de Carlos Ahumada.
Veo la impunidad con Bejarano e Imaz.
Veo las mentiras cuando dice no estar enterado de los desmanes ocasionados en el plantón de López Obrador.
Veo su cara rodeada de micrófonos sin saber qué contestar.
Veo su desprecio por la marcha del 27 de junio de 2004, cuando un millón de ciudadanos reclamábamos nuestro derecho a estar seguros. Y no veo en su cara compasión...
Esa compasión que necesita un padre cuando a su hija le roban impunemente en una micro.
O cuando van a levantar un acta y su personal se burla de ellos cobrándoles una mordida para resolver más rápido su asunto.

Procurador: Creo que el balance de su gestión fue de muchas promesas de campaña incumplidas.
No le cumplió a la sociedad en el combate a la corrupción.
No le cumplió a la sociedad en la reducción de los delitos.Tampoco nos cumplieron en la modernidad de los equipos.
En este sexenio la gente tuvo miedo.La gente no confió en ustedes.
Y la gente prefirió no denunciar.
Hoy, la gente sabe que se puede asesinar a plena luz del día en el Viaducto, sin que pase nada.
Hoy, la gente sabe que se puede andar por la calle con machetes sin que tampoco pase nada.
Hoy, la gente sabe que en la esquina de su escuela venden droga y que tampoco pasa nada.
Hoy, la gente sabe que los jóvenes pueden secuestrar y quemar camiones sin que pase nada.
Hoy, la gente sabe que se pueden linchar a policías, sin que tampoco pase nada.O linchar a 2 presuntos ladrones porque son los “ usos y costumbres del pueblo”.
Hoy, los secuestradores saben que el mejor lugar para vivir es el Distrito Federal.Y hoy, la gente sabe que en materia de seguridad, este sexenio, ha sido el peor de los últimos 24 años.

Dr. Bátiz:Falta un mes para que se vayan.
Espero que Marcelo Ebrard no lo vuelva a contratar.
Espero que se retire a dar clases en la Universidad.Y que, por el amor a esta ciudad, no vuelva a aceptar ninguna oferta de trabajo en materia de seguridad.
Ya nos hizo bastante daño...
Por: Carlos Alazraki
carlos@alzraki.com.mx

lunes, 30 de octubre de 2006

Oaxaca, seis décadas de conflicto

El conflicto sólo terminará cuando
alguien decida hacer ahí cirugía mayor

Fuerzas viejas despertaran y permitieran el acceso de otras nuevas, pero identificadas por su militancia perredista y, más aún, lópezobradorista

El 27 de diciembre de 1975, José López Portillo concluía su gira electoral por Puebla y ahí fue Manuel Zárate Aquino, el gobernador de Oaxaca, a invitarlo para que recibiera el nuevo año en su estado. El candidato le pidió una hora para decidir.

Más de una hora después, Zárate Aquino esperaba el paso del convoy priista en una esquina poblana para subir al autobús de JLP. Cuando el coronel Miguel Ángel Godínez lo vio a distancia, avisó al candidato, quien le respondió:“¡Siga, coronel, no se detenga, siga, siga..!”Quizás entendió, quizá no, pero el paso a toda marcha frente a él sin detenerse fue el mensaje para Zárate Aquino de que no concluiría su sexenio en Oaxaca.

En efecto, Zárate cayó en marzo de 1977 en medio de una fuerte convulsión que, socarrona, se mantuvo todo el año hasta que en diciembre un número importante de comercios del centro histórico oaxaqueño fueron incendiados.

Aquellas llamas fueron el inicio de una nueva subversión que sólo cesó cuando llegó al gobierno local el general Eliseo Jiménez Ruiz, quien por la fuerza sofocó al brote guerrillero.
No le cuento lo anterior como un mero dato cultural, sino como un aviso de lo que puede ocurrir cuando concluya la incursión de la PFP iniciada hace tres días, porque con diversas etapas de tranquilidad y hasta algunos momentos de un cierto desarrollo, Oaxaca lleva casi seis décadas de inestabilidad.

En 1947, cuando era presidente Miguel Alemán, fue desconocido el gobierno estatal del general Edmundo Sánchez Cano, quien había sido apoyado por el anterior presidente Manuel Ávila Camacho.
En 1952, Manuel Mayoral Heredia fue sustituido por Manuel Cabrera, y ya le relaté los hechos de 1977.
Oaxaca entró en un periodo de tranquilidad y trabajo durante los gobiernos de Víctor Bravo Ahuja y Pedro Vázquez Colmenares, que fueron llamados a desempeñar cargos federales y los sustituyeron, respectivamente, Fernando Gómez Sandoval y Jesús Martínez Alvarez. Luego siguieron Heladio Ramírez y Diódoro Carrasco, quien fue relevado por José Murat quien comenzó a gestar de nuevo la convulsión por las pugnas y rencores que, ya le he contado aquí, mantuvo con sus dos inmediatos antecesores.

También he intentado revivir aquí la serie de abusos que significó la transición de José Murat y Ulises Ruiz, pero para consolidar, aparentemente, el cacicazgo del primero hasta que se enfrentaron por el poder local, alentado el actual gobernante por su amigo Roberto Madrazo, quien así intentó constituirse como el auténtico cacique de Oaxaca toda vez que los presupuestos de ese estado se habían constituido en piedra económicamente fundamental de su ambición presidencial.

Pero esta última disputa fue permitiendo que fuerzas viejas despertaran y permitieran el acceso de otras nuevas, pero identificadas por su militancia perredista y, más aún, lópezobradorista, mientras que del pasado destacan Felipe Martínez Soriano y diversos trotskistas que llegaron a la Universidad de Oaxaca como consecuencia del movimiento de 1968 y allí se enquistaron.

Hoy, Francisco Martínez Neri, sobrino de Martínez Soriano, es el rector Universidad oaxaqueña y ayer, junto con su tío, clamaban a través de la radio institucional por la defensa de la autonomía para proteger dentro del plantel a los dirigentes de la APPO luego de que abandonaron la plaza principal de la capital estatal.

Durante su gobierno, Murat se convirtió en patrón de Flavio Sosa y otros dirigentes que luego unieron fuerzas en la APPO, donde las hijas y sobrinas de Martínez Soriano y Martínez Neri son activistas de avanzada.
Pero las infiltraciones no terminan aquí. Ya le he platicado de los maestros cubanos que llegaron a Oaxaca a alfabetizar; e incluso gente de la embajada de los Estados Unidos viaja constantemente a territorio oaxaqueño.

Mientras tanto, el PRI defiende a Ulises Ruiz intentando conservar la égida política sin entender que ya la perdió y difícilmente podrá rescatarla en las próximas elecciones, gracias al engaño de Roberto Madrazo, quien desesperadamente intenta conservar a Oaxaca como su último reducto, toda vez que incluso perdió ya Tabasco.

Nada de lo anterior pudo entender a tiempo el gobierno de Fox, que al inicio de este año decidió, según información CONFIDENCIAL, cortar los presupuestos para educación al gobierno de Oaxaca para evitar que Ulises Ruiz canalizara de ahí recursos a la campaña presidencial de Madrazo, y sólo atizó el desencadenamiento del conflicto, en vez de que como depositario del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión guardara e hiciera guardar los principios de legalidad que protestó cumplir.

Ayer, el gobernador Ruiz no cesó de proclamar su permanencia en el cargo, aunque por razones estrictamente políticas sus días estén contados.También lo están, aunque por razones absolutamente constitucionales, los de Vicente Fox en el gobierno de la República.

Triste final de la función y la responsabilidad de ambos…Porque el conflicto sólo terminará cuando alguien decida hacer ahí cirugía mayor.
Por: Leopoldo Mendívil

viernes, 27 de octubre de 2006

Marcelo, el ignorante, Ebrard.

Dijo Marcelo Ebrard
sobre su viajecito a China:
"Lo que pasa es que Fox no leyó a Marco Polo.
No sé si Calderón sepa leer, espero que sí".

Pues, ¡qué palurdo nos salió este egresado del Colegio de México en Relaciones Internacionales! Sépase, señor Ebrard, que Marco Polo NO escribió nada, por lo tanto ni Fox, ni usted pudieron haberlo leído.

Los relatos de sus viajes fueron escritos por Rustichello de Pisa, en francés antiguo, y se llamaban "Le divisament dou monde" antes de que tradujeran alguna versión del libro - de fines del siglo XIII - al inglés con el título: "The travels of Marco Polo".
Además de palurdo, arrogante. Bueno, las mascotas se parecen a sus dueños.
Por Los dardos de Clotilde

jueves, 26 de octubre de 2006

El “Cochinero” del PRD

El cochinero de Rosario Robles
y señalé que Barbosa,
oficial mayor del GDF,
estaba involucrado en el mismo.

En otras ocasiones he señalado que el mayor problema del “cerco político amarillo” en el DF radica en los altos niveles de opacidad con que han operado los gobiernos del PRD y, a la vez, la impunidad de que gozan al incurrir en irregularidades, omisiones e irresponsabilidad que no es sancionada.

La ciudadanía en el DF ha tenido, en parte, responsabilidad al permitir que ese partido tenga mayoría en la Asamblea Legislativa, único órgano desde el cual se le podría obligar a rendir cuentas y evaluar su desempeño.

Ese nefasto círculo vicioso de opacidad-impunidad se basa en la inercia electoral de la mayoría de los habitantes del DF, cuyo solapamiento se refleja en las urnas cuando sigue sin votar diferenciadamente y conceder a los partidos políticos distintos al PRD la fuerza electoral suficiente para vencer la mayoría perredista que subsiste y, que por eso, se ha convertido en un “blindaje político” que solapa irresponsabilidades, malos manejos en el gobierno y la administración, ineficacia para atender demandas ciudadanas, resolver problemas de la ciudad y prever un desarrollo justo, ordenado y equilibrado que no vulnere la ciudad y la ponga en riesgo futuro.

Los gobiernos perredistas en el DF han actuado para mantener al DF como enclave electoral, por eso han tejido una red de mutuo solapamiento entre órganos y poderes públicos locales, de modo que han dirimido con parcialidad conflictos y causas legales, mediante el alineamiento incondicional a intereses partidistas y corporativos, el financiamiento ilegal y operaciones clandestinas sirviéndose de las instituciones, incluidas las de procuración de justicia y persecución de delitos.

No hay fronteras entre estructuras burocráticas y estructuras partidistas del PRD. Por eso, la ALDF y la Procuraduría de Justicia capitalina funcionan como “defensor de oficio” frente al juicio público para dar cuenta de irregularidades en asuntos torales para el desarrollo de la Ciudad.

Al mismo tiempo, hay un verdadero contendedor entre el gobierno y la mitad de los capitalinos, que ni eligieron al PRD ni son representados por él y sólo pueden hacerse oír mediante los representantes democráticos de partidos distintos. Pero sucede que toda iniciativa transformar el marco jurídico, eliminar los amplios márgenes de discrecionalidad y corregir los problemas del DF quedan congeladas o no son siquiera discutidas.

Para muestra un solo botón. La mayoría del PRD aprobó, hasta que ya no pudo contener la presión que veníamos ejerciendo los diputados locales y federales de oposición, una ley en materia de transparencia y acceso a información pública diseñada al modo y conveniencia del gobierno del DF, es decir, con candados para evitar que fuera sometido al escrutinio por parte de los órganos legislativos acerca obras, programas, subsidios, origen y aplicación discrecional de recursos, decisiones sobre licitaciones, contrataciones, desviaciones presupuestarios, aunque todo ello concierne y afecta a la ciudadanía y el futuro de la Ciudad.

Al darle la ciudadanía mayoría de votos al PRD en el DF contribuye a que se reproduzca el poder hegemónico y que las oposiciones no contemos con las cúreles necesarias para hacer contrapeso y sancionar los abusos del poder, romper el “cerco político” de impunidad de los gobiernos perredistas, empezando por acceder a información clave que el gobierno del DF se reserva como confidencial y que no puede ser revisar sino hasta pasada una década.

Desde que fui diputado local denuncié ante la Asamblea Legislativa del DF lo que junto con otros llamamos “el cochinero de Rosario Robles” y señalé que Barbosa, oficial mayor del GDF, estaba involucrado en el mismo.
(Porfirio Barbosa ex-oficial mayor del gobierno capitalino, por peculado de $139 millones con vales del ISSSTE y con perjuicio a tiendas de autoservicio y farmacias, Servicio de Transporte Colectivo Metro y a la Policía Bancaria Auxiliar del Distrito Federal.)


La ciudadanía debe saber la dificultad con que los legisladores podemos desenmarañar las redes de corrupción que el PRD tejió bajo la impronta de mantener el DF como su enclave electoral.

Ahora debería darle realmente pena al PRD y los gobiernos emanados de ese partido en el DF que sea, al final, la Procuraduría General de la República, en lugar de la local, la institución de gobierno que hace efectiva la persecución de ilícitos y el seguimiento de denuncias, sin sesgos ni parcialidad, hasta sus últimas consecuencias, pasando por encima de la inmunidad de que parecían gozar servidores públicos perredistas, cuyas conductas ilícitas en el ejercicio del servicio público y la función de gobierno y administración pública en el DF que sistemáticamente hemos denunciado habían sido hasta ahora ignoradas.
Por: Federico Döring Casar

martes, 24 de octubre de 2006

Oaxaca: APPO, insurrección y barricadas / PRD y AMLO, sólo comuna y represión

La APPO decidió alinearse
a la línea de
ruptura institucional de López Obrador


La APPO ha comenzado a enarbolar el grito de
“¡rompan todo!”
que anunció en Argentina el ascenso del fascismo.

las formaciones guerrilleras se han convertido
en la columna vertebral de la APPO.
Se trata, sobre todo, del EPR y del Procup,
ambas marcadas por contradicciones ideológicas.
Agobiada por los radicalismos rupturistas, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fue desbordada por la violencia. Si su papel estaba en pivotear cambios de fondo en las prácticas políticas, el pasado fin de semana se convirtió ya en una guerrilla urbana que pretende imponer en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca un gobierno revolucionario autónomo.
Pero estas tentaciones separatistas se localizan más cerca de las payasadas de Andrés Manuel López Obrador y su presidencia de una república inexistente, que del EZLN y su esfuerzo por consolidar juntas de buen gobierno municipal. La APPO ha comenzado a enarbolar el grito de “¡rompan todo!” que anunció en Argentina el ascenso del fascismo.
En las últimas horas la APPO decidió alinearse a la línea de ruptura institucional de López Obrador. En el sitio internet de la APPO hay un cartel que relaciona directamente a la organización con la campaña de López Obrador contra Fox y para impedir la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la república.
La línea de acción de la APPO ha derivado ya en una convocatoria a la insurrección popular y a la instauración de una comuna política solamente en una parte de la capital del estado. Pero la APPO, a pesar de la suma de decenas de pequeñas organizaciones sociales y comunitarias, es dominada por la Nueva Izquierda Oaxaqueña, coordinada por Flavio Sosa, y alineada a la Nueva Izquierda del senador Jesús Ortega, jefe de la campaña electoral de López Obrador y aspirante a la presidencia nacional del PRD.
Por tanto, la línea insurreccional de la APPO estaría vinculada estrechamente a la propuesta también de rebelión de López Obrador contra las instituciones. Sosa, por cierto, fue fundador del PRD en Oaxaca, además de promotor del Partido Alternativa e hizo campaña a favor de Vicente Fox y el PAN en el 2000.
En este contexto, la APPO carece de formación ideológica consistente y de un objetivo claro como el del EZLN. A pesar de contradicciones políticas, Marcos logró impulsar organizaciones comunitarias que derivaron en juntas de buen gobierno como experiencias de gobiernos comunitarios y con base en tradiciones locales.
La APPO, en cambio, no viene de la organización política e ideológica sino de la dependencia de los recursos públicos de gobiernos priístas que repartieron presupuesto como mecanismo de perversión de la lucha social. En realidad, las formaciones guerrilleras se han convertido en la columna vertebral de la APPO. Se trata, sobre todo, del EPR y del Procup, ambas marcadas por contradicciones ideológicas, limitaciones en sus propuestas de combate y bastante escasas de propuestas de gobierno.
Su línea de combate es estrechamente anti capitalista, pero sin reflexión sobre una alternativa de gobierno. Por tanto, la APPO y la 22 serían la mejor expresión de un movimiento anarquista, sin una propuesta ideológica, fortalecida por los errores del gobierno local, engallada por la negativa hasta ahora del uso de la fuerza para desalojar las zonas del Centro Histórico y de la Colonia Reforma.
Su propuesta se reduce a la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, aunque en su lugar pueda llegar --como en la caída del gobernador Zárate Aquino en 1977-- un interino del ámbito militar contrainsurgente.
El anarquismo se reduce simplemente a la organización comunitaria y las decisiones a manos alzadas por los sectores más radicales. No hay discusiones. Por ejemplo, la Sección 22 ganó la batalla por la rezonificación pero la presión del ala radical de la APPO está impidiendo el regreso a clases. La APPO sabe que sin la bandera social del magisterio ni los contingentes de profesores, su movimiento quedaría desnudo de contenido y dominado por la guerrilla rupturista.
Al final, la APPO no juega a ganar políticamente sino que anda en busca de la represión. Sin embargo, la operación policiaca para desalojar el plantón y deshacer las barricadas no será una batalla campal sino una movilización anti motines.
Es decir, el saldo represivo será mucho menor del que desea la APPO. La razón es fácil de entender: la represión cohesiona y victimiza, el entendimiento permite el avance político. Las organizaciones sociales de la APPO, por tanto, le apuestan al sacrificio para mantener vivo su movimiento, aunque sin ningún objetivo político.
El que quedó atrapado en el quesillo oaxaqueño del conflicto es el gobernador Ulises Ruiz. El PRI le dio todo el apoyo para mantenerlo en el poder, pero su capacidad de gobierno se reduce en función de su ausencia de iniciativas políticas. Algunos priístas se preguntan si tiene algún sentido permanecer en la gubernatura sin capacidad de gobierno o apuntalado por la PFP, y luego indagan por qué Ruiz ha sido pasivo en la oferta de salidas de negociación política.
El gobernador priísta de Oaxaca depende de la Policía Federal Preventiva del gobierno panista. El PRI nacional y los gobernadores priístas han fallado en Oaxaca, como si hubiera una intención foxista por derrocar a Ulises Ruiz. Los priístas no han entendido que en Oaxaca se cocinó una rebelión popular localizada a partir de una ruptura al interior del PRI local.
A nivel nacional, Convergencia, el PAN y el PRD han estado alejados del conflicto y localmente juegan en la cancha del mandatario. La apuesta del PRI es que el gobierno panista se manche las manos de represión para prorratear las sombras de Tlatelolco y 10 de Junio.
De haber podido ser una solución, las élites priístas quedaron ya como parte del conflicto. El problema en Oaxaca ya no es la 22 de maestros, aunque se niegue a regresar a clases.
El eje del conflicto está en la APPO y su eje Nueva Izquierda Oaxaqueña del PRD que busca dar el salto al vacío y pasar a la insurrección guerrillera para fundar en Oaxaca un gobierno autónomo y popular, pero a partir de las barricadas en el centro de la capital y en un par de colonias. Oaxaca podría ser el primer paso hacia la República Lopezobradorista.
Por Carlos Ramírez