Venezuela: represión a prensa + Viola Carta Democrática-OEA

El Hugo Chávez que ha invocado la Carta Democrática de la OEA para involucrarse en la crisis de Honduras es el mismo Hugo Chávez que ha ignorado la Carta Democrática de la OEA para instaurar la ley Especial contra Delitos Mediáticos que coarta la libertad de prensa en Venezuela.

La que pudiera considerarse la Ley Mordaza de Hugo Chávez representa un paso más de Venezuela hacia la dictadura fundamentalista unipersonal y militar.

Pero viola el artículo 4 de la Carta Democrática de la OEA que establece: “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.”

La intención de Hugo Chávez es cubanizar el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión eliminando a los medios privados a través de la criminalización de la crítica. Lo contradictorio es que Chávez penaliza la información presuntamente parcial de los medios privados, pero privilegia los medios públicos que sólo difunden la versión oficial y parcial de los hechos, como la cadena oficialista Telsur que sólo se dedica a ensalzar al Caudillo.

Asimismo, la Ley Mordaza de Chávez judicializa la información crítica porque dice tiende a generar “pánico en la población” y sus voceros han justificado la decisión con el argumento de que no quieren que en Venezuela se repita el incidente de 1938 de Orson Wells, cuando difundió en una radionovela la obra La guerra de los mundos, de H.G. Wells, provocando miedo en la sociedad de entonces porque supusieron que el planeta había sido invadido por extraterrestres. Chávez no quiere que los medios participen en del debate de la realidad sino que sólo reflejen la versión oficial de los hechos.

Conformada por 16 artículos, la Ley Mordaza de Chávez da personalidad legal al concepto de “delitos mediáticos” en la información. Se trata de criminalizar la crítica. Dice el artículo 4 de la Ley: “constituyen delitos mediáticos las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

Con esta caracterización, Chávez buscará castigar la información crítica y con ello judicializar la libertad de prensa porque corresponderá al gobierno señalar qué informaciones serían delitos de prensa. Con esta ley de delitos mediáticos, Chávez impedirá el libre flujo de la información en una etapa del desarrollo social en la que la libertad de prensa absoluta es garantía de democracia, como lo señala la OEA.

Lo grave de todo es que la Ley Mordaza de Chávez va a incumplir tratados internacionales de Venezuela. Esta contradicción será obvia: la Ley Mordaza-Ley de Delitos Mediáticos de Chávez establece en su artículo 1 la “conformidad con las disposiciones” de la Constitución, “las leyes y en los tratados, convenios y acuerdos suscritos y ratificados por la república”.

Chávez y Venezuela suscribieron la obligatoriedad de la Carta Democrática de la OEA que considera la libertad absoluta de prensa y de expresión como elementos de la democracia representativa. Las libertades de prensa y de expresión son consideras también por la ONU como uno de los más importantes derechos humanos de las sociedades. Por tanto, la Ley Mordaza de Hugo Chávez rompe con los compromisos democráticos firmados por Venezuela con la OEA y convierte a Venezuela en un régimen autoritario que no respeta las libertades de prensa y de expresión.
El problema de Chávez es que el ejercicio de la crítica en los medios ha logrado minar las bases políticas de su “revolución”. Al eliminar la crítica, Chávez busca disminuir la oposición a sus reformas, sacar a la calles a los disidentes y ahí reprimirlos. El objetivo final es que en Venezuela no existan medios de comunicación privados.

El artículo 6 de la Ley Mordaza de Chávez considera el hecho de que el manejo de las noticias puede generar “una falsa percepción de los hechos”, pero va más allá: Chávez asume que el manejo de la información crítica puede crear “una matriz de opinión en la sociedad”, además de que subordina las libertades de prensa y de expresión a los asuntos de “seguridad nacional, orden público o la salud mental o moral pública”. Por tanto, Chávez usa la Ley Mordaza coloca la libertad de prensa y de expresión en la línea de prisión de dos a cuatro años. La defensa de la “salud mental o moral pública” es un argumento típico de los gobiernos reaccionarios, fundamentalistas y dictatoriales. El tema de la “salud mental o moral pública” fue el central en la ideología de Hitler.

Si la OEA es un instrumento invocado por Chávez para “defender” la democracia en Honduras, entonces la OEA debe intervenir urgentemente para impedir la aprobación de la Ley Mordaza de Chávez porque viola la Carta Democrática.

Por Carlos Ramirez.

Post RLB. Punto Politico.

El Pemex de nadie

Lo que es de todos no es de nadie. Así que como nos dicen que el petróleo es de todos los mexicanos, el resultado ha sido que nadie se ha interesado en desarrollarlo de la manera que más nos beneficie a todos.
A nadie parece importarle mucho. Lo que es de todos no es de nadie. Y Petróleos Mexicanos, al ser supuestamente de todos, termina siendo de nadie.

Esta semana pasada se inició una investigación sobre la ordeña de ductos de gasolina de Pemex. Varios grupos de delincuentes han encontrado que es un gran negocio extraer la gasolina de estos ductos y venderla. El robo de gasolina cuesta hasta 20 mil millones de pesos al año a la paraestatal. Y el problema va en aumento.

No debería ser así. Hay un sistema tecnológico llamado Scada que puede impedir el robo ya que cierra en automático las válvulas de los ductos cuando se registra una baja de presión. El sistema es caro, pero podría pagarse en muy poco tiempo si realmente redujera los robos de gasolina de forma significativa.

Parte del problema, sin embargo, es que Pemex ha encauzado buena parte de su inversión a la producción de petróleo crudo y no a Pemex Refinación, que se encarga de las gasolinas. Hay una buena razón para ello. Pemex pierde dinero en la refinación y venta de gasolina, un negocio de centavos que requiere de una gran eficiencia. En contraste, la producción y exportación de crudo, un negocio de enormes márgenes, es rentable a pesar de la ineficiencia de Pemex.

La producción de petróleo crudo de nuestro país sigue a la baja. Nada más en el primer semestre del 2009 registró una caída de 7.5 por ciento. Entre 2004 y la primera mitad del 2009 el desplome es de 31 por ciento. La principal razón ha sido una caída muy rápida en el petróleo que se extrae del yacimiento de Cantarell.

Mientras esto ocurre, la empresa sigue distinguiéndose por ser la única petrolera del mundo que tiene pérdidas consistentes. En el primer semestre de 2009 Pemex registró una pérdida de 25,839 millones de pesos. En parte esta situación fue producto de un descenso importante en el precio del petróleo crudo, pero la cotización sigue siendo superior a la que se registraba hace apenas algunos años.

Otro factor que impide a la empresa tener ganancias es el abusivo cobro de impuestos que la Secretaría de Hacienda hace sobre los ingresos de Pemex. Ante los fracasos de gobiernos sucesivos por hacer una reforma fiscal realmente de fondo, Hacienda ha preferido saquear a Pemex. La medida, sin embargo, es miope. Equivale a utilizar un recurso natural no renovable para financiar el gasto corriente del gobierno.

Todos los esfuerzos por hacer una reforma fiscal que detenga el saqueo de Pemex han resultado infructuosos. Lo mismo ha ocurrido con los intentos por hacer una reforma energética que promueva la inversión. Hoy el gobierno está perdiendo tiempo y recursos para construir una refinería, que seguramente perderá dinero, en lugar de permitir que la iniciativa privada lleve a cabo la inversión no en una sino en varias refinerías mientras Pemex concentra sus recursos en la más rentable exploración de petróleo crudo. No hay dinero suficiente, mientras tanto, para hacer la inversión en un sistema Scada que impediría el costoso robo de combustible de los ductos de Pemex.

A nadie parece importarle, sin embargo. Lo que es de todos no es de nadie. Y como nos dicen que el petróleo es de todos los mexicanos, el resultado ha sido que nadie se ha interesado en desarrollarlo de la manera que más nos beneficie a todos.

Por Sergio Sarmiento

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Honduras, no fue un golpe

El Presidente Obama ha declarado que este “golpe” fue ilegal. Pero si hubiese leído la constitución hondureña parece poco probable que podría sostener tal conclusión tan firme.

Lo que pasó en Honduras el 28 de junio no fue un golpe militar. Fue la destitución constitucional de un presidente que abusó de su poder y trató de deformar las instituciones democráticas de su país para mantenerse en la presidencia.

El grado al que el episodio ha sido mal reportado es verdaderamente notable. Aquí hay algunos datos incuestionables.

Primero, la decisión de remover al Presidente Manuel Zalaya de su puesto no fue tomada por los militares. Fue la Corte Suprema del país la que unánimente ordenó a las fuerzas armadas el 26 de junio arrestar al presidente bajo los cargos de “traición, abuso de poder y usurpación de responsabilidades”.

La constitución hondureña no establece un procedimiento de juicio político por parte del Congreso. No obstante, en 2003 la constitución fue enmendada, dándole a la Corte Suprema, y no al Congreso, la responsabilidad de encargarse de los procesos iniciados en contra “de los funcionarios de más alto rango del Estado”. Esta enmienda también eliminó el beneficio de la inmunidad del cual los funcionarios de alto rango se habían beneficiado hasta ese entonces. Por lo tanto, el presidente estaba sujeto a un enjuiciamiento—al igual que cualquier otro ciudadano.

También es importante indicar que luego de la salida de Zelaya, las fuerzas armadas no obtuvieron o retuvieron el poder. El congreso hondureño, como está especificado en la constitución, prontamente juró en la presidencia al presidente del Congreso. De manera que el poder se mantuvo en manos de civiles. Las fuerzas armadas meramente ejecutaron una decisión de la corte, como está previsto en la constitución.

La constitución hondureña se distingue de otras constituciones latinoamericanas debido a su repetido énfasis en los límites a los periodos presidenciales. Debido al pasado autoritario del país, cuando tanto las dictaduras civiles y militares eran la norma, la constitución hondureña prohíbe cualquier tipo de reelección presidencial.

El documento es muy claro acerca de esto: El Artículo 4 establece que los intentos de violar la alternancia en la presidencia constityen una “traición”. El Artículo 42.5 inclusive dice que cualquier persona que incita, promueve o respalda la reelección presidencial perderá su ciudadanía.

Y el Artículo 239 dice que cualquier persona que ha estado en la presidencia no puede ser presidente o vice-presidente otra vez. Además, dice que el individuo que ocupe esa posición y “viole esta provisión o la propone en una reforma, así como también aquellos que respaldan tal violación directa o indirectamente, inmediatamente cesarán en sus finciones y quedarán inhabilitados para ocupar cualquier cargo público por un periodo de 10 años”.

También, la constitución hondureña estipula que el único mecanismo por el cual se la puede enmendar es a través de dos votos separados en el Congreso con mayoría absoluta (dos tercios).

Sin embargo, el Artículo 375 dice que bajo ninguna circunstancia puede ser la constitución enmendada para permitir una reelección presidencial.
Zelaya estaba promoviendo un referéndum acerca de la necesidad de una nueva constitución que abriría la puerta a su reelección. El voto, que estaba agendado para el día de su salida del poder, había sido declarado ilegal por la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, y había sido condenado por el congreso y el fiscal general de Honduras.

Desde fines de mayo, el fiscal general había iniciado un expediente en contra del presidente por su esfuerzo a favor del referéndum. La Corte Suprema notificó al presidente varias veces de que sus acciones estaban fuera de orden. Zelaya ignoró estas advertencias.

En cambio, ordenó a las fuerzas armadas hondureñas proveer la asistencia logística en la ejecución de su referéndum ilegal. El jefe de las fuerzas armadas, cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema, se negaron a obedecer y Zelaya lo despidió.

El Tribunal Electoral ordenó la captura de las papeletas y otros materiales que iban a ser utilizados para el voto. Zelaya entonces personalmente lideró una turba que ingresó violentamente a una base de las fuerzas armadas donde estaban guardados esos materiales para llevárselos.

Considerando las acciones deliberadas y reincidentes de Zelaya en contra de la constitución y del Estado de Derecho, el 25 de junio el fiscal general pidió a la Corte Suprema su arresto. Al siguiente día, la Corte de manera unánime emitió una orden de captura y ordenó a las fuerzas armadas la ejecutación de esta.

No obstante, algo salió mal. En lugar de arrestarlo, las fuerzas armadas desobedecieron los términos de la orden de captura al expulsar a Zelaya del país. Eso fue una clara violación de la constitución: El Artículo 102 protege al ciudadano de ser expatriado.

Las fuerzas armadas dicen que lo hicieron para evitar conflictos con los partidarios de Zelaya, quienes hubiesen tratado de ingresar a la fuerza a las facilidades en las que hubiera estado encarcelado. Eso pudiera haber resultado en un derrame de sangre y una terrible perdida de vidas.

Pero las fuerzas armadas actuaron ilegalmente, y la oficina del fiscal general ya ha iniciado una investigación de la decisión de los funcionarios militares de expulsar a Zelaya. Las fuerzas armadas han aseverado que ellos cumplirán con cualquier decisión de la Corte en este caso.

El Presidente Obama ha declarado que este “golpe” fue ilegal. Pero si hubiese leído la constitución hondureña—o si por lo menos hubiese sido provisto de una breve análisis de los detalles de este documento—parece poco probable que podría sostener tal conclusión tan firme.

Por Juan Carlos Hidalgo.
*Artículo cortesía de Cato Institute para Asuntos Capitales.

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Calderón: a hacer política

A partir de la liquidación política de Germán Martínez Cázares por la debacle del PAN, la vigencia del partido en el poder presidencial se centra en la decisión estratégica más importante del sexenio del presidente Felipe Calderón.

Y sus escenarios no son más que tres:

1.- Flotar para que el PAN se reacomode internamente y trabajar con las corrientes dominantes que traten de sacar al partido del hoyo en que lo hizo caer Martínez Cázares.
2.- Convertirse en el jefe del PAN para transitarlo por tres de los momentos delicados que vienen: la posibilidad de una mayoría calificada en el Congreso entre el PRI, el PRD y los chicos, las diez elecciones de gobernador en el 2010 y las elecciones presidenciales del 2012.
3.- Decidir por el modelo Zedillo de buscar una sana distancia del PAN, definir una agenda por la transición a la democracia, aliarse con el PRD para la gran reforma política transformadora que modifique la estructura de poder que beneficia al PRI y entregar democráticamente la banda presidencial a quien gane la presidencia.

La clave de la viabilidad política del gobierno de Calderón consistirá en buscar una alianza en el Congreso que le impida al PRI hacerse de la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos. Por lo pronto, la alianza PRI-Partido Verde le dará al tricolor la mayoría absoluta de más de 251 votos. Con la mayoría calificada en manos del PRI, el margen de maniobra del gobierno de Calderón será prácticamente nulo.

Las alianzas en la adversidad se hacen entre los perdedores. El PRD de Jesús Ortega carece de viabilidad por la decisión de López Obrador de desfondarlo y convertir al PT en el partido del lopezobradorismo. Por tanto, la bancada del PRD estaría necesitada de una alianza política de fondo. Y tiene en el escenario sólo dos posibilidades: con el PRI pero en el furgón de cola o con el PAN a partir de una agenda de transformaciones que reposicione al perredismo como un partido de cambios políticos, dejando al PT como el partido de la confrontación y el asalto al poder.

Las previsibles 146 curules del PAN no rompen una alianza en contra que sumaría los 334 diputados formando una mayoría absoluta comandada por el PRI. La estrategia del PRI estará determinada por ofrecer una imagen de estabilidad política para llegar a las presidenciales del 2012, por lo que no se prevé una ofensiva del PRI para derrocar al presidente Calderón o para obligarlo a gobernar a favor del PRI. Más aún, el PRI le dejará la iniciativa al gobierno de Calderón para seguirlo enredando en sus contradicciones.

Por tanto, la respuesta de Calderón a la debacle del domingo pasado debe ser un salto cualitativo a la ofensiva política en dos tiempos: reconstruir el PAN alrededor de una oferta de partido para la transformación democrática del país y establecer una alianza de fondo alrededor de un programa de transición a la democracia con el PRD de Jesús Ortega. La única posibilidad que tiene el PAN de Calderón para encontrar el piso de la debacle del domingo pasado sería una severa fuga hacia adelante.

En medio de la polarización política de un PRI jurásico de regreso al poder, de un PT lopezobradorista preparando el asalto al poder y de un PAN sin coherencia interna, las alianzas presidenciales se estrechan en número pero se decantan en calidad para evitar el aumento de las tensiones entre el viejo régimen que está siendo revalidado por las fuerzas del viejo orden y el nuevo sistema político que no ha nacido.

El presidente Calderón estaría en el espacio político de construir una verdadera alianza para el cambio que superara la parcialidad partidista y legislativa. Y ahí se aparece la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y su propuesta de un nuevo modelo de desarrollo, sobre todo porque Cárdenas sería la última salvación del PRD para evitar la destrucción que tiene preparada López Obrador. Asimismo, se deben rehacer alianzas empresariales soslayadas, como con Carlos Slim Helú y su propuesta del Acuerdo de Chapultepec o la propuesta de transición del empresario Alberto Bailleres.

La debacle del PAN obliga al presidente Calderón a replantear su estrategia. Y a reorganizar su equipo de trabajo para fortalecerlo justamente con las nuevas alianzas en su partido y en los espacios de gobierno. El saldo electoral del domingo no fue sólo una llamada de atención para el presidente de la república sino un mensaje muy severo sobre la debilidad creciente del PAN. De las diez gubernaturas del próximo año, el PAN podría perder Tlaxcala y Aguascalientes y ver la continuidad del PRI en las siete que controla.

El destino final del presidente Calderón se localiza en julio del 2012: construir una nueva posibilidad política, de gobierno y partidista para dejarle la presidencia al PAN o preparar desde ahora la entrega de la presidencia al PRI.

Por Carlos Ramirez.

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Bours: holocausto electoral + Gasolina causó la tragedia

Acurrucado y protegido por los priístas a los que despreció a lo largo de seis años, el gobernador sonorense Eduardo Robinson Bours Casteló ha visto el fracaso de su estrategia: no ha podido ocultar la razón que provocó el incendio en la guardería ABC.

Datos revelados por algunos civiles que fueron los primeros en llegar al lugar para salvar a los niños han afirmado que el origen del incendio no fue el aire acondicionado y que los materiales de papelería tampoco explicaban la velocidad a la que se difundieron las llamas. La intensidad del incendio se debió a que en la bodega adjunta a la guardería guardaba gasolina.

Los datos tienen una explicación. Ahí ocultaban la gasolina de origen gubernamental que se usaba para alimentar los vehículos de las campañas priístas. Se trató de una operación realizada sin guardar los márgenes indispensables de seguridad.
En la bodega de la Secretaría de Finanzas estaban tambos de gasolina y llegaban autos oficiales a que los ordeñaran porque en la campaña política no pudieron usar directamente vales de gasolina del gobierno del estado. El incendio se produjo por una chispa en un ambiente peligrosamente cargado de vapores de gasolina. La rapidez con la que se expandió el incendio se debió a la falta de extintores y desde luego a la ausencia de medidas de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades federales no han interrogado a las primeras personas que arribaron el lugar. Pero algunos testigos las han identificado como de una empresa privada importante, vinculada a la industria de bebidas alcohólicas. Ellos fueron quienes hicieron labores heroicas para tratar de salvar a algunos niños y las que percibieron el olor a gasolina. En este punto algunos expertos han coincidido con la tesis de que el incendio tuvo un acelerante que propagó el fuego muy rápido.
El caso de la guardería ABC en Sonora abrió un debate sobre los estilos arbitrarios de gobernar de Eduardo Robinson Bours Casteló. Como empresario, Robinson Bours escaló posiciones políticas por el apoyo del presidente Ernesto Zedillo y su esposa Nilda Patricia.

Pero el asunto más delicado es que Robinson Bours terminó con la leyenda urbana priísta de que los mejores políticos eran los empresarios, porque decían que llegaban al poder con posiciones económica personales y empresariales resultas y por tanto no tenían que expoliar los negocios y las finanzas públicas. A pesar de poseer una riqueza consistente, la familia Robinson Bours aumentó su fortuna a través de negocios con los presupuestos públicos para obras y servicios.
Por ejemplo, la familia Robinson Bours ha utilizado aviones oficiales del gobierno del estado para servicios privados. Documentos de la bitácora de vuelo en poder de Indicador Político hablan de viajes familiares sin explicación oficial a sitios como Las Vegas, San Diego, Tucson o Phoenix. Entre el 17 de diciembre de 2008 y el primero de junio del 2009 están contabilizados 51 vuelos del gobernador o su familia a lugares donde no hubo actividades oficiales. La base de datos en poder del columnista registra vuelos desde 2004.

A ello se agregan los negocios del poder del gobernador, el papel de su poderoso hermano Ricardo con el control que tuvo de la inversión pública a través de oficinas especiales. La preocupación del gobernador saliente radicó en la urgencia de poner sucesor para evitar los conflictos de la revisión de la cuenta pública.

Lo grave ha sido la ineficacia de la percepción de que empresarios en el poder garantizarían un mejor manejo de los fondos públicos. El caso de la guardería ABC exhibió la entrega de concesiones a familiares de la familia Robinson Bours Laborín. El mandatario estatal no le dio a sus familiares negocios de sus propias empresas privadas sino los que se pagan con fondos públicos. Los presupuestos públicos aumentaron la fortuna privada de la familia del gobernador de Sonora.
El problema adicional en el caso de la guardería ABC radica en la protección oficial a sus dueños privados: la complicidad se transforma en una vulgar impunidad. Casi como una burla a los familiares de los 48 niños muertos por la responsabilidad municipal y estatal en la vigilancia del funcionamiento de la guardería, el gobernador Robinson Bours Casteló encarceló unas horas a vigilantes y empleados menores. Más tardaron en procesarlos que en liberarlos bajo fianza.
La procuraduría estatal, bajo sospecha por el incremento del narcotráfico en el estado y en camiones de reparto de la empresa Bachoco, propiedad del gobernador, ha actuado más como oficina de defensa de los dueños de la guardería que como fiscal del Estado representando los intereses de la sociedad agraviada con el drama de la ABC.

Las manifestaciones públicas creciente de familiares y ciudadanos afectados por el incendio han topado con el muro de un gobernador dispuesto a proteger a sus familiares que son dueños de la guardería ABC. Sin embargo, la pista de la gasolina y la indagación sobre la papelería sospechosa ocultada en la bodega adyacente podrían pronto reorientar las investigaciones y colocar a Robinson Bours, como lo clama el pueblo de Sonora, en el centro de las investigaciones.

Por Carlos Ramirez.
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Hasta matar al PRD

Al diablo con las instituciones”, nos dice nuevamente Andrés Manuel López Obrador. Pero en esta ocasión las instituciones son las de su propio partido, el PRD, del cual fue presidente nacional y que, tras postularlo como candidato en el 2006, estuvo a punto de llevarlo a la Presidencia de la República.

No es ésta la primera vez que López Obrador se inconforma con un resultado electoral que le es adverso. De hecho, este político ha acusado siempre a las autoridades de ser responsables de sus derrotas, aunque siempre ha considerado sus triunfos como producto de su esfuerzo y de su honestidad valiente.

En 1988 López Obrador reclamó fraude tras su derrota por Salvador Neme del PRI en la elección al gobierno de Tabasco. En 1994 nuevamente fue vencido en una elección para regir Tabasco, en esta ocasión por Roberto Madrazo, también del PRI, pero el movimiento de protesta que organizó entonces le permitió adquirir notoriedad nacional, lo cual le hizo posible ganar la elección interna para convertirse en presidente nacional del PRD. Esa elección interna sí la consideró justa.

En el 2000 López Obrador ganó la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal. No presentó queja por la actuación de las autoridades, pero en el 2006 afirmó que su derrota en la elección presidencial había sido producto de un gran compló.

En marzo de 2008 López Obrador no fue candidato pero apoyó a Alejandro Encinas para ser presidente nacional del PRD. Cuando ganó Jesús Ortega, el tabasqueño volvió a recurrir a la teoría del compló. En el 2009 ha retomado esta explicación para cuestionar la decisión unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de declarar inválida la candidatura de Clara Brugada –apoyada por López Obrador—a la jefatura delegacional de Iztapalapa.

López Obrador ha tomado la decisión en Iztapalapa y otros lugares del país de apoyar a los candidatos del Partido del Trabajo. Esto viola abiertamente los estatutos del PRD, que señalan que un militante será expulsado si respalda a otros partidos políticos. López Obrador, sin embargo, amenaza con escindir al PRD en caso de que la dirigencia encabezada por Jesús Ortega tome la decisión de expulsarlo.

A López Obrador no parece importarle la posibilidad de destruir al PRD o dividir aún más el voto de la izquierda. O él controla al PRD o lo destruye. Y como están las cosas, esta última parece ser la consecuencia más probable.

Por Sergio Sarmiento.

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El nuevo comunismo

Las ideas comunistas no han desaparecido, se han transformado, sólo que ahora aún más destructoras que antes. Lo peor es que vivimos en un mundo más comunista que capitalista y creemos que es al revés.

Karl Marx dividía, básicamente, al mundo capitalista en dos clases:

Proletariado. Obreros encargados de la producción, pero que no eran propietarios de los medios de producción. Trabajan por un salario.

Burguesía. Los que poseen los medios de producción. Dueños de la utilidad.

La propuesta comunista, para “vivir mejor”, era que el Estado controlara los medios de producción, como una forma de emular que los obreros fueran dueños de su propia producción, de tal manera que el reparto de la utilidad se llevara conforme a las capacidades y necesidades de cada obrero. El Estado se convertiría en una gran cooperativa.

No hay que darle vuelta al asunto, el comunismo propuesto por los marxistas ha fracasado, no generó los resultados prometidos y aún al día de hoy sigue fracasando en los países que albergan esta ideología.

El problema es que las ideas comunistas no han desaparecido, se han transformado, sólo que ahora aún más destructoras que antes. Lo peor es que vivimos en un mundo más comunista que capitalista y creemos que es al revés. Los políticos y los medios de información nos hacen creer que el capitalismo es la perdición, mientras el comunismo avanza cada vez más, quitándonos nuestro principal derecho: nuestra libertad.

La máxima del Estado comunista sigue siendo la misma, controlar los medios de producción. La mejor forma de controlarlos es muy simple, se está haciendo en este momento, desde hace un tiempo y en cualquier parte del mundo: controlando la demanda de productos y servicios.

Implícitamente el comunismo siempre ha sido así, el fin ha sido, en todo momento, controlar la demanda. En un Estado comunista, los ciudadanos no pueden decidir qué es lo mejor para ellos, no deciden qué comprar y mucho menos pueden decidir qué vender. Hoy en día, los gobiernos –incluso los que se hacen pasar por capitalistas– intentan controlar la demanda.

Las principales formas de controlar la demanda es por medio de la emisión de dinero, los impuestos o los subsidios.

Con el control en la emisión de dinero, se puede manejar, a nivel macro, la capacidad de compra de los individuos. Es posible generar la ilusión de estabilidad o incluso, si es necesario, se puede crear inestabilidad. Al fin, el culpable puede ser el capitalismo; cuando en un verdadero capitalismo no debe existir un control sobre la emisión del dinero por parte del Estado.

Los impuestos son útiles para controlar, por ejemplo, lo que se vende internamente en un país. Con ello se puede someter a los empresarios que no se adaptan o no quieren ser cómplices del régimen. Los impuestos arancelarios, que aparentemente son útiles para el crecimiento interno, son en realidad una forma de control entre el gobierno y los empresarios no capitalistas (aquellos que en contubernio con los gobiernos, invierten sin riesgo, sin competencia), para que no entren productos que en el exterior se producen más baratos; obligando a los ciudadanos a comprar productos caros, producidos por empresarios corruptos, auspiciados por políticos corruptos.

Los subsidios son mecanismos para apaciguar a los ciudadanos, para crear la ilusión de que “sí funciona”; a la vez que, aparentemente, abaratan los productos y servicios, orillando a los ciudadanos a consumirlos en perjuicio de productos y servicios no subsidiados, eliminando así a la competencia.

El asunto de todo esto, es que no nos estamos dando cuenta. Los políticos comunistas van a paso lento, pero seguro. Cuando menos lo pensemos, ya vamos a estar inmersos en un cúmulo de políticas comunistas, con la fachada de capitalismo.

En resumen, la fórmula es sencilla: políticas para controlar la demanda de productos y servicios, empresarios no capitalistas y ciudadanos conformes con su derecho limitado a decidir por sí mismos.

No es necesario controlar a los medios de producción, cuando puedes controlar lo que la gente consume.

Por Artemio Estrella.

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