La república priísta sigue ahí

Una oleada de pesimismo político en la sociedad parece haberse transformado irremediablemente en pasividad, desconcierto y anomia social.

El senado de la república realiza una reforma del Estado para construir formalmente un modelo de partidocracia y la sociedad mira con lejanía la forma en que los partidos se reparten el poder. Y en el interior de la república, las elecciones locales siguen revelando la estructura antidemocrática que nadie quiere reconocer y menos aún modificar.

Si el país estaba obligado a transitar de un régimen centralista, presidencialista y autoritario a un sistema político federalista, con equilibrio de poderes y democrático, el primer corte hasta ahora es negativo: la reforma electoral dejó fuera los grandes temas y se centró en el ajuste de cuentas con el IFE, terminó el ciclo de la autonomía de los organismos electorales y la reforma fiscal no duró siquiera un día porque el alza en las gasolinas --eje para aumentar los ingresos fiscales del gobierno-- se canceló antes de entrar en vigor.

En este contexto, la situación política del país entró en una zona de desorden, jaloneos y crisis de expectativas. Pero mientras en el centro de la república las élites políticas convierten la redistribución del poder que implica una transición en el mero reparto de áreas de poder de la limitada reforma del Estado, en el interior del país se consolida la estructura antidemocrática virreinal donde los gobernadores reproducen los vicios del sistema presidencialista.

Las elecciones locales en este año han mostrado que el dinosaurio priísta del Jurásico de nuestro descontento sigue vivo y coleando, despierto, diría el cuento multicitado de Tito Monterroso.

Lo peor de todo es que esas prácticas viciosas del priísmo han sido asimiladas por gobiernos estatales del PAN y del PRD, sin duda los que deberían estar más comprometidos con la democracia.

En Baja California ganó el PAN y perdió el PRI con la candidatura del polémico empresario Carlos Hank Rhon, sobre todo porque desde 1989 el PAN ha construido una estructura electoral y política funcional a los intereses del continuismo panista. En Oaxaca, en cambio, el aparato de control priísta logró sacar a los priístas a votar ante la pasividad crítica de la sociedad por los acontecimientos graves del año pasado y el PRI logró el carro completo en las legislativas y seguramente hará lo mismo en las municipales de noviembre. En Veracruz el PRI recuperó su fuerza como aparato electoral.

Por el lado del PRD, aún se recuerda la elección de Estado en la votación del jefe de gobierno. Y en Zacatecas, la fractura del PRD logró el avance del PAN, pero en medio de evidencias de una elección de Estado. En Aguascalientes, el gobernador panista buscó un espacio de poder en un grupo priísta sin control.

En este contexto, las elecciones locales en la república funcionan como antes, como si no hubiera habido conflictos poselectorales. Y fue precisamente esa estructura político-electoral la que no tocó la reforma electoral ni con el pétalo de alguna consideración crítica. Lo más grave es que en los estados la estructura electoral está subordinada al gobernador en turno del partido que sea y controlada por el dominio de los partidos. Lo que se había ganado en el IFE se echó abajo con la reforma electoral: la autonomía se perdió, los partidos tomaron el control de la autoridad electoral y las elecciones serán ahora calificadas por el dominio partidista.

El país se merecía más, mucho más. Por ejemplo, dos puntos concretos: de un lado, el aumento de las facultades del IFE en la supervisión de los partidos; de otro, la salida definitiva de los partidos del IFE para la creación de un organismo electoral realmente ciudadano, incluyendo la posibilidad de terminar con la figura de los consejeros ciudadanos y llegar a la simpleza de una estructura administrativa funcional a la organización de las elecciones sin interferencias políticas. El saldo fue retroactivo: los partidos se ponen por encima del IFE.

Las elecciones locales hasta ahora han demostrado la necesidad de una concepción nacional de las reformas. En materia electoral se dejó la estructura caciquil de los institutos estatales electorales y sólo se limitó el uso del gasto en las campañas de promoción de programas gubernamentales. En materia económica fue peor: se le endosó a los estados la propuesta de aumento en el impuesto a las gasolinas --es decir, un aumento en el precio al consumidor-- para aumentar los ingresos fiscales estatales con cargo al efecto inflacionario del llamado gasolinazo. En ambos casos, la estructura de poder local quedó intacta, para beneplácito de los virreyes que reinan en los reinos locales conocidos como estados.
II
Las elecciones locales no han sido enfocadas en el contexto nacional. México nunca ha podido ser en sí misma una república. La vertiente autoritaria de Juárez y Díaz y la consolidación de la presidencia de la república como eje de la funcionalidad de un Estado nacional han exhibido la concepción a priori de una república imperial. La lucha entre federalistas y centralistas prohijó un modelo de república piramidal, con una estructura dependiente del poder ejecutivo en función de tres piezas fundamentales: el dominio de un partido nacional, el ejercicio directo del presupuesto y el papel hegemónico del Estado en la Constitución.

Ahí justamente se localiza la crisis política de México. El agotamiento definitivo de un modelo de república y la necesidad de transitar a un nuevo modelo de nación, pero ante la mezquindad de las élites políticas que piensan sólo en el ajuste de cuentas con el pasado y en la conformación de una república a la medida de sus ambiciones presidenciales.

Es decir, que las élites políticas han tomado la opción equivocada: no la de reconstrucción de la república a partir de un andamiaje democrático que demostró España, sino el camino ya conocido de la Unión Soviética con la dumización de la estructura de poder al pasado del dominio del politburó y el secretariado del partido al del juego de poderes multitudinario del parlamento ruso conocido como Duma. Este modelo prohijó la dictadura de Vladimir Putin.

Los procesos electorales locales fueron un aviso --como si hiciera falta-- para entender los escenarios del sistema político priísta que ya no funcionan y que tampoco debieran restaurarse. Pero las élites políticas están pensando en repartirse el poder, no en redistribuir el poder a partir de nuevas reglas democráticas. Por eso decidieron terminar con la autonomía de los organismos electorales y aumentar el poder de los partidos sobre el IFE. El despido del consejero presidente Luis Carlos Ugalde, en este contexto, no se debió a su papel en el proceso electoral federal del 2006 sino en función a su autonomía.

Al ser destituido por los partidos y los partidos imponer a su sucesor y los partidos controlar al órgano de supervisión del IFE, la figura de consejero presidente se reduce a la del intendente de los intereses de los partidos. No es gratuito, entonces, que pueda darse el caso de que el próximo consejero presidente del IFE salga no del ambiente intelectual y profesional independiente, sino de los asesores de la comisión senatorial de reforma del Estado, es decir, de empleados de los partidos.

La reforma electoral aprobada deja intacta la estructura electoral en los estados, donde los consejeros electorales están subordinados al gobernador en turno, sea del partido que sea. Por tanto, las elecciones locales seguirán la ruta del conflicto poselectoral. Los legisladores no se atrevieron a crear un organismo único de realización de elecciones para evitar esta perversidad del ejercicio del poder, en una mala comprensión de la soberanía de los estados. Varios gobernadores ya anunciaron que rechazarán las posibilidades de que el IFE organice elecciones locales. La razón es obvia: los institutos estatales están bajo control del gobernador en turno. Ahí están los casos de Veracruz, Oaxaca y Baja California.

Las elecciones locales de este año revelaron la urgencia de regresar al debate de la transición a la democracia. Quizá los senadores pueden justificarse con el argumento de que ellos sólo se comprometieron a reformar el Estado y no el sistema político.
Pero en sus debates sobre el régimen de gobierno quieren ir a fondo e inventar un Frankestein paraparlamentario que se basaría en el criterio de que el PRI y el PRD nunca ganarían la presidencia de la república y por tanto le quitarían al poder al ejecutivo federal para dejarlo en una mera figura decorativa de actos protocolarios. Pero se parte del mismo origen erróneo: no el sistema que necesita la república priísta en crisis sino el sistema partidocrático de corto plazo que tendría que ser cambiado si el PRI o el PRD ganan la presidencia de la república.

III
México necesita regresar al buen camino. La pérdida de oportunidades con las limitadas reformas electoral y fiscal y la que viene de régimen podría convertirse en una pérdida de tiempo y sobre todo de esfuerzo político. La reforma electoral no garantizará elecciones democráticas locales ni evitará fraudes en las legislativas federales de 2009. Y nada hay que diga que las del 2012 serán un dechado de pulcritud democrática.

Todavía la reforma electoral no pasaba por el requerimiento constitucional de la mayoría absoluta de congresos estatales y ya comenzaban a circular versiones de cómo el presidente de la república y los gobernadores iban a abrir los candados de la reforma electoral. Y a ello hay que agregar la debilidad que tendrá el próximo consejero presidente del IFE por depender del voto de los tres grandes partidos que hicieron la reforma a la medida de sus necesidades. Si toda reforma electoral tiene que pasar la prueba de los hechos, desde ahora puede adelantarse que la reforma aprobada saldrá mal en los procesos electorales.

El peligro de la gorbachización de la transición mexicana está a la vista: la desarticulación del pacto federal, la consolidación de un Putin mexicano que gobierne desde el autoritarismo, la profundización de la crisis económica por decisiones veleidosas como el alza en las gasolinas, la conversión del Congreso en una Duma, la agitación de las masas sociales empobrecidas hacia la insurrección pero sin una propuesta de lucha a fondo contra la pobreza que sólo puede darse con un nuevo modelo de desarrollo y el tránsito de un sistema autoritario priísta a un sistema autoritario de los partidos en el poder.

México se desvió del camino a la democracia cuando Vicente Fox derrochó el bono democrático del 2 de julio del 2000 en un gobierno ranchero, sin rumbo y marcado por la corrupción familiar y se alejó más del camino a la democracia cuando las élites de los tres partidos decidieron usar el pretexto de la reforma del Estado para repartirse el poder entre los grupos dominantes.

El régimen de gobierno que se prepara tendrá un sentido ahistórico, no partirá de la reflexión de la crisis estructural del sistema priísta y menos revisará las grandes reflexiones del debate del siglo XIX sobre la construcción de la república. Y lo peor de todo es que las reformas han salido a contrapelo de las advertencias de analistas y observadores que ven a la comisión de reforma del Estado como el laboratorio del doctor Victor Frankenstein.

Las reformas no pueden desligarse del funcionamiento de la república. Y ahí se observa con preocupación esa vertiente del modelo fracasado de Gorbachov: la ruptura del acuerdo de Unión de Repúblicas, la autonomía de las repúblicas y la creación de la Unión de Estados Independientes. El DF opera casi como una república autónoma por la decisión de Marcelo Ebrard de no reconocer a la autoridad presidencial. Varios estados han optado por cerrarse a los acuerdos republicanos, a excepción de los que tienen que ver con aportaciones fiscales. El presidente de la república carece de un partido con estructura a nivel nacional y no tiene la visión del Estado nacional de una república.

Lo grave sería la repetición del error histórico del siglo XIX y del siglo XX. Juárez conformó una presidencia personal para defender la existencia misma de la república, pero los legisladores optaron por el modelo centralista. Porfirio Díaz siguió ese ejemplo y convirtió a la dictadura en el modelo cohesionador de la república. El PRI repitió el modelo de Díaz, aunque no en la figura de una persona sino de un partido y con capacidad de concesiones políticas para evitar a la dictadura tradicional. Ahora las élites políticas optan por el modelo de la dictadura de los partidos como centro cohesionador de la república, aunque con partidos --como el PRD-- muy dados al separatismo funcional. En lugar de construir un sistema democrático que convierta a la sociedad en el factor de unidad nacional a través del consenso democrático, las élites políticas decidieron reformar al Estado para debilitarlo en función del fortalecimiento de los partidos que en sí mismos no garantizan la cohesión de la república porque su objetivo es la lucha por el poder.

México entró en una zona de alto riesgo republicano. Lo que está en peligro no es que el PAN pierda la presidencia o que el PRD no la pueda ganar o que el PRI no sepa ya qué hacer, sino que las élites políticas sigan sin entender aún que la república se localiza en un espacio de redefinición que no tenía desde el Imperio de Maximiliano. El dilema está a la vista: una transición a la democracia que redistribuya el poder en función de la representatividad real o una reforma del Estado que se agote en el reparto de áreas de poder en relación a su capacidad de imposición de decisiones.

Las elecciones locales han recordado a los ciudadanos que al despertarse del sueño democrático se han encontrado con la pesadilla del Dinosaurio aún pastando en los jardines del poder. Pero en la cúpula del poder de las élites no quieren saber nada que no sea sus propios discursos.

Por Carlos Ramirez.

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