PRD y Convergencia avalaron la violencia
En Oaxaca una violencia revolucionaria
ajena a los derechos humanos,
con la complicidad del PRD y de Convergencia.
Al final, la APPO y la 22 resultaron iguales o peores que
la policía represiva. Y alguien tiene que decirlo.
A pesar de que la APPO ha convertido los derechos humanos en un instrumento de la política, en Oaxaca hubo otra grave violación de los derechos ciudadanos: la violencia terrorista de las huestes appistas y de maestros disidentes contra los ciudadanos oaxaqueños durante la comuna popular de casi nueve meses.
El informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos se centró en el operativo policiaco contra las organizaciones que se apoderaron de parte de la ciudad y crearon una comuna ajena a las leyes. Pero el reporte no atendió las quejas de ciudadanos que durante nueve meses padecieron la violencia política de la APPO y la sección 22 y vieron aplastados sus derechos civiles.
Asimismo, el informe tuvo oídos sordos contra las denuncias de delincuencia organizada de la APPO contra ciudadanos y contra negocios. Hace unas semanas un programa de televisión local quiso organizar un programa bajo el lema de reactivar Oaxaca, pero ni empresarios pequeños ni ciudadanos aceptaron por el miedo a ser víctimas de la violencia irracional de los appistas que sigue amenazando a los oaxaqueños.
En este sentido, miles de oaxaqueños vieron violados sus derechos humanos y sus garantías civiles por la irracionalidad del movimiento violento de la APPO y la Sección 22 de maestros.
Por tanto, el informe de la Comisión Civil está amañado porque fija su parcialidad en la defensa de los appistas y maestros reprimidos por la policía cuando se negaron a respetar las leyes.
Y si hubo abusos policiacos en el operativo de recuperación del territorio en manos de la violencia appista y magisterial, hubo más violación de derechos humanos de los ciudadanos ajenos a las pugnas por el poder entre la APPO/22 y el gobierno estatal.
Pero resulta que esos ciudadanos se quedaron en el limbo porque ninguna organización civil o gubernamental ha defendido sus derechos humanos y civiles conculcados por la violencia appista y magisterial.
No hace falta ir muy lejos por las pruebas. En Oaxaca hubo muchos negocios que quebraron por la decisión de la APPO y la 22 de tomar el control territorial de varias zonas de la ciudad, crear su propia policía política, instalar retenes que violaban la libertad de circulación, cobrar chantajes y extorsiones a ciudadanos para poder ingresar a sus casas y padecer las hordas de appistas y maestros bajo influjos del alcohol todas las tardes golpeando ciudadanos.
La APPO resultó peor violadora de derechos humanos y civiles durante casi nueve meses que la policía en dos operativos para recuperar la ciudad y ejercer órdenes de aprehensión contra dirigentes políticos acusados de delitos comunes.
De ahí que el reporte de la Comisión Civil deba ser leído como parte de la lucha política de la APPO y la 22. Sus evidencias de represión policiaca pueden ser ciertas, pero serán incompletas si no tienen una condena contra las organizaciones de la APPO y la Sección 22 que instalaron la anarquía violenta en Oaxaca el año pasado e impidieron que los ciudadanos comunes y corrientes --ajenos a la APPO/22 y al gobierno del estado-- gozaran de las garantías constitucionales.
El reporte de la Comisión Civil, por tanto, es parcial. Y peor aún: resulta cómplice del terrorismo que implantaron la APPO y la 22 en la ciudad de Oaxaca cuando persiguieron y agredieron a ciudadanos ajenos a la lucha política. Durante los meses de la ciudad sitiada, brigadas de la APPO recorrían la ciudad para agredir a aliados del gobierno del estado por el sólo hecho de no estar de acuerdo con el plantón y la toma de una parte de la ciudad.
Ese reporte de la Comisión Civil estará amañado mientras no condene la violencia de la APPO y la 22 y si no acusa a estas organizaciones de delincuencia organizada al tomar por asalto radiodifusoras locales de propiedad privada para transmitir mensajes de alzamiento popular y guerrillero contra las instituciones. Ahí están las pruebas: los programas de Berta Muñoz llamando a la insurrección, dando direcciones privadas de periodistas para que los appistas fueran a agredirlos, agitando a la sociedad con llamados al crimen político. Estos programas no fueron políticos sino de llamado a la revolución violenta.
También hay que acreditar la violación de derechos humanos de reporteros que fueron agredidos físicamente para obligarlos a transmitir solamente el mensaje de la APPO y la 22. Varios reporteros de televisión tuvieron que quitarse las chamarras de sus empresas y aún así fueron golpeados por appos. ¿Por qué el informe de la Comisión Civil excluyó estas evidencias de la represión de la APPO y la 22 contra los derechos ciudadanos de trabajadores de la información?
Por tanto, los informes de derechos humanos estarán incompletos si sólo atienden las quejas de la APPO y la 22 y no reportan que la APPO y la 22 violaron los derechos ciudadanos de oaxaqueños ajenos al conflicto e instalaron en Oaxaca una violencia revolucionaria ajena a los derechos humanos, con la complicidad del PRD y de Convergencia. Al final, la APPO y la 22 resultaron iguales o peores que la policía represiva. Y alguien tiene que decirlo.
Por Carlos Ramírez
RLB Punto Politico
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