Aunque son de esperarse,
las manifestaciones de violencia
de grupos afines al PRD nunca dejan de sorprender
por la escalada de sus expresiones:
desde su minoría legislativa de un tercio,
el perredismo quiere decidir el rumbo de la república.
Las expresiones de violencia perredista
se han convertido en definiciones políticas.
No hay proyecto de nación sino una forma
de capitalizar para pequeños grupos
los beneficios presupuestales.
No existe voluntad democrática sino la imposición de sus puntos de vista. No tienen conciencia de su porcentaje político y buscan decidir qué no debe hacerse.
Los comportamientos violentos de grupos controlados por el PRD o funcionales a liderazgos del perredismo se están convirtiendo en una prueba de fuego para la incipiente democratización y para la transición democrática. El PRD ha comenzado a demostrar que no es un partido de acuerdos y negociaciones, sino que es una organización de choque político dispuesta a reventar o a desprestigiar decisiones asumidas por alianzas entre otras fuerzas políticas.
En el fondo, el PRD ha probado que no es un partido de instituciones, porque sus organizaciones sociales están acostumbradas a moverse en el escenario de la intolerancia y la imposición, el chantaje y la concesión. El PRD ha decidido optar por el modelo APPO de Oaxaca: la violencia social y política para la instauración de un gobierno popular como Comuna.
Por eso los perredistas acuden a la violencia cuando pierden las batallas democráticas. La exhibición de violencia el martes en la Cámara de Diputados escaló el grado de confrontación y dibujó la imagen de una organización ajena a las deliberaciones democráticas. Se trata de un partido más inclinado a la dictadura que a la democracia.
Las manifestaciones de violencia política del PRD y de sus grupos afines acumula evidencias preocupantes: las agresiones contra el escritor Carlos Tello Díaz, los ataques a gritos contra Cuauhtémoc Cárdenas el 18 de marzo, las pintas en la Cámara de Diputados por la ley del ISSSTE, las agresiones verbales y físicas contra medios de comunicación críticos a López Obrador, las protestas violentas en la visita de Bush, los enfrentamientos de ambulantes perredistas contra la policía por desalojos y las que se acumulen en los próximos días.
En este contexto, ha llegado la hora de que el PRD defina su rumbo: un partido político dispuesto al juego democrático y respetuoso de la democracia representativa o una organización de lucha y de choque organizada para imponer su voluntad a través de la fuerza y la violencia y sin atender las reglas del juego democrático. Es decir, el PRD tiene ya que decidir su rumbo: o el democrático de Cuauhtémoc Cárdenas o el dictatorial de Andrés Manuel López Obrador.
El PRD ya no puede seguir escurriendo el bulto de la democracia. Como partido institucional estuvo a punto de provocar en diciembre pasado una gravísima crisis constitucional al intentar evitar la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la república.
Los comportamientos violentos de grupos controlados por el PRD o funcionales a liderazgos del perredismo se están convirtiendo en una prueba de fuego para la incipiente democratización y para la transición democrática. El PRD ha comenzado a demostrar que no es un partido de acuerdos y negociaciones, sino que es una organización de choque político dispuesta a reventar o a desprestigiar decisiones asumidas por alianzas entre otras fuerzas políticas.
En el fondo, el PRD ha probado que no es un partido de instituciones, porque sus organizaciones sociales están acostumbradas a moverse en el escenario de la intolerancia y la imposición, el chantaje y la concesión. El PRD ha decidido optar por el modelo APPO de Oaxaca: la violencia social y política para la instauración de un gobierno popular como Comuna.
Por eso los perredistas acuden a la violencia cuando pierden las batallas democráticas. La exhibición de violencia el martes en la Cámara de Diputados escaló el grado de confrontación y dibujó la imagen de una organización ajena a las deliberaciones democráticas. Se trata de un partido más inclinado a la dictadura que a la democracia.
Las manifestaciones de violencia política del PRD y de sus grupos afines acumula evidencias preocupantes: las agresiones contra el escritor Carlos Tello Díaz, los ataques a gritos contra Cuauhtémoc Cárdenas el 18 de marzo, las pintas en la Cámara de Diputados por la ley del ISSSTE, las agresiones verbales y físicas contra medios de comunicación críticos a López Obrador, las protestas violentas en la visita de Bush, los enfrentamientos de ambulantes perredistas contra la policía por desalojos y las que se acumulen en los próximos días.
En este contexto, ha llegado la hora de que el PRD defina su rumbo: un partido político dispuesto al juego democrático y respetuoso de la democracia representativa o una organización de lucha y de choque organizada para imponer su voluntad a través de la fuerza y la violencia y sin atender las reglas del juego democrático. Es decir, el PRD tiene ya que decidir su rumbo: o el democrático de Cuauhtémoc Cárdenas o el dictatorial de Andrés Manuel López Obrador.
El PRD ya no puede seguir escurriendo el bulto de la democracia. Como partido institucional estuvo a punto de provocar en diciembre pasado una gravísima crisis constitucional al intentar evitar la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la república.
No se trató de una lucha menor. El PRD se comprometió a impedir el orden constitucional. Y si no pudo fue por el papel maduro e institucional del PRI y la estrategia del Estado Mayor Presidencial. Pero el perredismo buscaba imponer un vacío presidencial que hubiera metido al país en los linderos de una guerra civil.
Los espacios del PRD son muy estrechos. Pero sus objetivos son amplios. López Obrador demostró que no compitió por la presidencia de la república sino que participó en las elecciones del 2 de julio como una instancia latosa e incómoda para acceder al poder.
Los espacios del PRD son muy estrechos. Pero sus objetivos son amplios. López Obrador demostró que no compitió por la presidencia de la república sino que participó en las elecciones del 2 de julio como una instancia latosa e incómoda para acceder al poder.
Por eso López Obrador nunca aceptará su derrota. Y por eso su estrategia de organización social para el 2012 va a eludir el camino de las instituciones y podría estarse gestando una insurrección social basada justamente en la movilización violenta de los grupos sociales afines.
De ahí que la violencia de organizaciones afines al PRD estén en una especie de preparación de lo que viene. Las movilizaciones agresivas de agrupaciones perredistas están tendiendo a inmovilizar la democracia y los espacios democráticos de toma de decisiones.
Desde su minoría de un tercio, el PRD quiere reventar la reforma del ISSSTE pactada por dos terceras partes de las bancadas en la Cámara de Diputados. Y el camino no es el debate, la discusión y hasta la negociación, sino la violencia irracional, la agresión física a legisladores y los jaloneos a los adversarios.
Lo que está a debate no es la reforma al ISSSTE ni los acuerdos pactados ni siquiera la reforma del Estado convocada por el PRI, sino que se puso en juego la voluntad o el rechazo de un partido a las exigencias institucionales de la democracia.
Ahí se localiza la gran definición del PRD: el camino institucional, cargado de sobresaltos pero basado en la representatividad, o el sendero de la violencia minoritaria que siempre deviene en fascismos.
Por Carlos Ramírez RLB Punto Politico
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