La estrategia de López Obrador es muy sencilla
anular el proceso electoral del 2006 y
convocar a nuevas elecciones.
Si las vuelve a perder, entonces fabricar otro conflicto poselectoral
para anular las elecciones y convocar a otras.
Y así hasta que por cansancio
lo dejen jugar en los jardines Los Pinos.
Lo malo, sin embargo, es que ha arrastrado en
sus piruetas al PRD, al PT y a Convergencia.
La decisión de la autodenominada convención nacional democrática de enjuiciar y destituir al presidente Calderón representa una definición fundamental de las fuerzas políticas y de los espacios electorales ocupados.
Pero la intención final de López Obrador tampoco parece ser el regreso a la institucionalidad.
En realidad, su propuesta radica en la instauración de un nue3vo régimen: un poder popular y una transformación de las instituciones.
Lo hace, no obstante, desde su pequeña fuerza real, desde el tercio legislativo que ayudó a construir y desde menos de la base electoral real del PRD de un cuarto de la república.
En todo caso, el desafío lanzado por López Obrador no debe ser leído como un mensaje a Calderón o al PAN o al Congreso o a las instituciones, sino que fue un reto al PRD.
El partido del sol azteca debe decidir si se suma a la aventura de López Obrador de destituir al presidente de la república o regresa a la lucha institucional para ganar el poder en las urnas y no con insurrecciones provocadoras.
Es decir, López Obrador, el PRD y sus aliados en el frente amplio --el PT y Convergencia-- dieron un paso audaz fuera de las instituciones y dejaron en claro que su lucha no será institucional sino insurreccional. La generosidad política de la Constitución y los amplios espacios democráticos de la transición permitirán este tipo de rebeldías. Lo malo, sin embargo, es que las instrucciones de López Obrador también dieron un salto cualitativo: las provocaciones violentas para generar la violencia institucional de respuesta. Y así meter al caos en la zona del caos en donde los pescadores caudillistas tienen preparadas sus redes.
Por tanto, el PRD tiene que definir su posición como partido político: o el camino de las instituciones y de las mayorías electorales o el sendero sinuoso de las rebeliones. Si es lo segundo, entonces el PRD tendrá que renunciar a su registro, a los dineros públicos que recibe, a los espacios legislativos en las dos cámaras y a las gubernaturas que fueron ganadas en el mismo sistema electoral institucional que hoy cuestiona y desconoce López Obrador. Y convertirse en movimiento social en rebelión.
El problema del PRD no se encuentra en Calderón, el PAN o el Congreso, sino en López Obrador. El tabasqueño sigue rumiando su derrota. Peor aún: mantiene su discurso de victoria ya no se diga con la aportación de pruebas documentales, sino ni siquiera con una coherencia en datos: su argumentación se basa en una encuesta de abril del 2006, habla de quinientos mil votos de ventaja y se basa en encuestas de salida que le habrían dado menos de cinco puntos de ventaja cuando toda encuesta de salida es inconsistente si su saldo final es menor al 5% de ventaja.
El conflicto de fondo es que López Obrador perdió las elecciones. Y se niega a aceptarlo. Ahí se localiza la parte más incoherente de su desgracia política. Pero a costa de arrastrar consigo al PRD, porque a partir de ahora los electores ya saben que el PRD va a arrebatar ahí donde no gane en las urnas.
Al PRD, al PT y a Convergencia les llegaron los tiempos de las definiciones: si aceptan la orden política de López Obrador de enjuiciar y destituir al presidente de la república --peor aún: sin haber reglas ni leyes en este sentido--, entonces su papel en el Congreso habrá terminado y el PAN y el PRI habrán de tener en sus manos las reformas institucionales.
El PRD está a punto de cometer el mismo error de la oposición antichavista en Venezuela cuando se retiró de las elecciones legislativas y le dejó a Hugo Chávez el control absoluto del Congreso. Con facilidad Chávez virtualmente disolvió el Congreso al otorgarse poderes absolutos para reformas sin pasar por debates. Al marginarse del Congreso, el PRD le habrá entregado al PAN y el PRI el poder legislativo.
Los resolutivos de la CND fueron tomadas por López Obrador luego de asambleas deliberativas con setecientos delegados. Es decir, un grupo de setecientos notables decidieron el rumbo de la república. Y el domingo, en una asamblea de acarreados y a mano alzada --en un estado de euforia que impide el razonamiento de las decisiones--, López Obrador decidió salirse de la institucionalidad y fundar un movimiento insurreccional.
Los perredistas tendrán que asumir ya una definición. Y no sólo las bases, sino los gobernadores, presidentes municipales y legisladores que llegaron al poder a través de la misma instancia institucional que decretó la derrota de López Obrador.
A menos, claro, que López Obrador haya decidido el camino soviético de la transición: el desmembramiento de la república con estados balcanizados para satisfacer los resentimientos del caudillo. La estrategia de López Obrador es convertir las zonas gobernadas por el PRD en juntas de buen gobierno pero ajenas a la integralidad de la república.
Al final, López Obrador quiere fundar su república en territorios perredistas y erigirse como presidente legítimo de su propia república.
Por Carlos Ramírez
RLB Punto Politico.
A pesar de que pienso que si le jugaron chueco a AMLO en las elecciones; las formas con las que se ha desempeñado últimamente han sido un poco nefastas. A veces pienso que hasta el IFE nos hizo el favor.
ResponderEliminarDebería de tomar a ejemplo a Ebrard que el se está poniendo a trabajar, y no a radicalizar mas la situación como AMLO.