La inseguridad es una expresión negativa de los gobiernos y carece de ideología.
Se trata de un acto de violencia contra los ciudadanos. Y si una de las funciones que definen —nuevamente Gramsci: el Estado se asume por el monopolio de la fuerza— el carácter del Estado es justamente la protección de la sociedad ante la delincuencia, entonces el problema no es de ricos y pobres sino de eficacia o ineficacia del Estado.
Lo grave de la actual fase de inseguridad es que ha tocado las fibras más sensibles de los sectores más favorecidos. Las quejas de los pobres difícilmente se escuchan. Los secuestros afectan a los ciudadanos con relativo, mucho y exagerado poder adquisitivo. Por tanto, la capacidad de respuesta de las clases medias y altas ante la inseguridad ha obligado siempre a los gobiernos a atender la multiplicación de la delincuencia.
La capacidad de protesta de las clases medias y altas siempre ha logrado movilizar a los gobiernos y a los Estados. Las instituciones tradicionales de organización de la sociedad han sido rebasadas por las quejas ciudadanas. Los partidos son apéndices de gobiernos, grupos o caudillos.
Los parlamentos responden a alianzas de grupos y difícilmente se preocupan por sus electores. Las instancias intermedias entre sociedad y gobierno no son tomadas en cuenta.
Sin capacidad de representación, la sociedad sin partidos y con ideologías múltiples y hasta polarizadas se organiza cuando tiene cosas qué decir.
La metáfora de la última novela de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez (editorial Alfaguara), muestra cómo la ficción es una expresión de la realidad. La historia es sencilla: en unas elecciones municipales, partidos y gobierno se encuentran con 70% de los votos en blanco. En la repetición de las elecciones los ciudadanos aumentan a 85% votando en blanco.
Sin conspiraciones sin ponerse de acuerdo, los ciudadanos condenan a la sociedad política de los partidos.Lo grave es la sordera de los políticos. Ante la megamarcha del domingo 27 de junio el PAN se puso al lado de los quejosos sin preocuparse que el blanquiazul es el gobierno federal.
El perredista Andrés Manuel López Obrador acreditó la movilización a la ultraderecha y su operador Martí Batres declaró que había sido un pinochetazo cacerolero.
Y el PRI se hizo el desentendido del hecho de que la delincuencia fue una herencia de la fase gangsteril del largo reinado tricolor.
La marcha sí fue una expresión de la sociedad civil. No tuvo colores ni facciones ideológicas. Estuvo formada por ciudadanos afectados por la inseguridad. Criticó a los gobiernos ineficaces.
Y rebasó a los partidos. Había pobres y ricos, de izquierda y de derecha, del PAN y del PRD, pero todos englobados en el concepto de sociedad sin militancia más que como sociedad.
Señala el politólogo José Fernández Santillán, traductor, biógrafo y alumno de Norberto Bobbio, en su libro El despertar de la sociedad civil (editorial Océano), que “el auge del tema ‘sociedad civil’ es producto de esas luchas masivas registradas en la década de los ochenta contra los regímenes comunistas, en íntima relación con la demanda democratizadora y la apertura de espacios donde se pudiera ejercer libremente la discusión y la crítica”.
“La resistencia civil aumentó conforme la gente se dio cuenta que el Estado había caído en manos de una oligarquía y de la convicción de que la sociedad todavía poseía la capacidad para autoorganizarse”.
¿Cuál ultraderecha, pues?
Por Carlos Ramírez
RLB punto politico
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