“Los queremos correr porque no actuaron como quisimos en el 2006, y a los que vamos a nombrar, esperamos que actúen a nuestro favor si no quieren perder la chamba...” la misma lógica que imperó en la estructura política del siglo pasado.
Una de las causas por las que en México no se realizaron elecciones democráticas durante la mayor parte del siglo pasado fue que su organización y calificación estaba a cargo del mismo grupo que gobernaba. Uno de los primeros pasos para aspirar a convertirnos en un país democrático consistió en independizar del gobierno y de los partidos políticos a la institución encargada de organizar y calificar las elecciones federales.
La oposición y priístas sensatos, hay que reconocerlo, apoyaron lo que era un clamor ciudadano y se conformó lo que ahora es el Instituto Federal Electoral. El secreto de su independencia, al igual que sucede con la Suprema Corte de Justicia, es la estabilidad de sus miembros. Ya no son nombrados cada sexenio, cuando se le antoja a un presidente o a los grupos políticos a través de sus legisladores.
Ese avance, clave en la consolidación de la democracia en México, está en peligro con la excusa de una “reforma electoral” que, aunque con algunas propuestas positivas, ha recogido el encono de un grupo de radicales que rodea al ex candidato presidencial del PRD, quienes atribuyen su derrota a los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Los insultos y rabietas del grupo perdedor, que parecían agotadas en los plantones y el desconocimiento del gobierno del Presidente Felipe Calderón, ahora enfoca su revancha en destituir a quienes consideran parte de un fraude que nunca demostraron.
Legisladores del PRI, que mostraron madurez al reconocer la derrota de su partido en las pasadas elecciones, andan coqueteando con la demanda perredista, considerada por la mayoría de los ciudadanos como un retroceso democrático. Esa reforma, de sacar a los consejeros antes de terminar su período, se interpretaría que, como en los viejos tiempos, quien osa actuar independientemente o no le da la razón a un grupo político poderoso, pierde la chamba.
Atrás de todos los argumentos que exponen los legisladores que buscan remover a los consejeros electorales, que calificaron la elección presidencial del 2006, está implícito el siguiente razonamiento: “los queremos correr porque no actuaron como quisimos en el 2006 y a los que vamos a nombrar, esperamos que actúen a nuestro favor si no quieren perder la chamba…” la misma lógica que imperó en la estructura política del siglo pasado.
Por Luis Pazos.
Post RLB Punto Politico.
La oposición y priístas sensatos, hay que reconocerlo, apoyaron lo que era un clamor ciudadano y se conformó lo que ahora es el Instituto Federal Electoral. El secreto de su independencia, al igual que sucede con la Suprema Corte de Justicia, es la estabilidad de sus miembros. Ya no son nombrados cada sexenio, cuando se le antoja a un presidente o a los grupos políticos a través de sus legisladores.
Ese avance, clave en la consolidación de la democracia en México, está en peligro con la excusa de una “reforma electoral” que, aunque con algunas propuestas positivas, ha recogido el encono de un grupo de radicales que rodea al ex candidato presidencial del PRD, quienes atribuyen su derrota a los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Los insultos y rabietas del grupo perdedor, que parecían agotadas en los plantones y el desconocimiento del gobierno del Presidente Felipe Calderón, ahora enfoca su revancha en destituir a quienes consideran parte de un fraude que nunca demostraron.
Legisladores del PRI, que mostraron madurez al reconocer la derrota de su partido en las pasadas elecciones, andan coqueteando con la demanda perredista, considerada por la mayoría de los ciudadanos como un retroceso democrático. Esa reforma, de sacar a los consejeros antes de terminar su período, se interpretaría que, como en los viejos tiempos, quien osa actuar independientemente o no le da la razón a un grupo político poderoso, pierde la chamba.
Atrás de todos los argumentos que exponen los legisladores que buscan remover a los consejeros electorales, que calificaron la elección presidencial del 2006, está implícito el siguiente razonamiento: “los queremos correr porque no actuaron como quisimos en el 2006 y a los que vamos a nombrar, esperamos que actúen a nuestro favor si no quieren perder la chamba…” la misma lógica que imperó en la estructura política del siglo pasado.
Por Luis Pazos.
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