la Reforma electoral autoritaria

El Congreso, un poder fáctico El debate sobre la reforma electoral derivó en una discusión sobre el rumbo de la transición a la democracia. Lamentablemente, los partidos y el congreso decidieron estacionarla en una miscelánea electoral que los convirtió en un poder fáctico por encima de la sociedad y de los ciudadanos y regresó al país a la estructura electoral priísta de 1988.

Al sacar la reforma del contexto de la reforma del Estado, las modificaciones electorales estuvieron marcadas por intereses parciales de sus diseñadores. Es decir, partidos y políticos hicieron una reforma para sí mismos, no para la democracia. Lo grave es que la reforma aprobada no transitará al país a la democracia sino que restaurará el viejo modelo priísta de instituciones subordinadas y no autónomas.

El último tropiezo de la reforma electoral reveló el tamaño de las limitaciones restauradas. El disenso con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión comenzó como un debate de legisladores con concesionarios y terminó en una discusión de legisladores con medios de comunicación social. La diferencia no es artificial: el desmoronamiento de las instituciones del viejo régimen priísta convirtió a los medios electrónicos en el espacio de crítica a esas estructuras antidemocráticas.
Con todas sus limitaciones, los medios de comunicación --electrónicos y escritos-- han hecho más por la democracia que los políticos. Asumidos como negocios de entretenimiento, la crítica en la televisión y la radio --unida a la de la prensa escrita-- demolió al presidencialismo como el Muro de Berlín del autoritarismo y al PRI como la estatua de Lenin del viejo régimen priísta. Sólo que el Congreso renace de las cenizas del presidencialismo autoritario para convertirse en un poder fáctico igualmente autoritario, impositivo, es decir, rebasando sus funciones legales reconocidas por las leyes y el Estado.
El problema de la reforma electoral ha sido su parcialidad. No reforma el Estado sino que satisface las exigencias de los partidos para regresar a elecciones sin control legal. El próximo consejero presidente del IFE, por ejemplo, saldrá del entorno de los partidos y del Congreso y a ellos obedecerá. Por tanto, el IFE ya no será ciudadano sino partidista. De haber sido audaces y democráticos, los legisladores debieron de haber optado por una verdadera ciudadanización del instituto con tres decisiones verdaderamente democratizadoras:
1.- Que los consejeros fueran designados por los ministros de la Corte, como propuso la investigadora María Amparo Casar, asesora por cierto de la comisión de reforma del Estado.
2.- Que los consejeros, al salir del ámbito de la Corte, tuvieran una especialidad en derecho, ya que los procesos electorales tienen que ver fundamentalmente con las leyes.
3.- Y que los partidos se salieran del IFE porque su presencia --aún sin voto-- solamente envenena las sesiones. Y apostándole a la democracia, entonces el IFE debiera ser un organismo electoral sin consejeros y sí con directores organizadores de elecciones. La despolitización y despartidización del IFE sería la verdadera ciudadanización del instituto.

Los legisladores, sin embargo, hicieron una reforma a la medida de sus necesidades, no en tono con un proceso de democratización. La intolerancia y cerrazón del legislativo se percibió en su desdén hacia la cámara de radio y televisión. El trato legislativo de concesionarios a los miembros de esa cámara empresarial fue desdeñoso de una realidad inocultable: la radio y la televisión se han convertido en espacios privilegiados para la crítica política. Todos los analistas de medios escritos han encontrado espacio en los medios electrónicos. Por tanto, el debate no fue con concesionarios sino con medios de comunicación social.

Lo grave de la reforma electoral es su disociación de la realidad democrática. Los partidos contrarreformaron las leyes electorales para regresar a los vicios del pasado. De ahí que el mamotreto aprobado en el congreso vaya paradójicamente contra la democratización de la república porque se negoció por unas élites, se impuso a ciudadanos y empresas y desdeñó a la sociedad.
La transición española a la democracia tuvo un principio fundamental: regresarle --escribió el filósofo Julián Marías-- España a los españoles a través de procesos electorales democráticos y ciudadanizados. La reforma electoral mexicana, en cambio, escritura la política a los partidos y a las bancadas legislativas y excluye a los ciudadanos y a la sociedad. Por tanto, nada tiene que ver con la democracia y sí mucho que se relaciona con la instauración de un poder político dictatorial fáctico conocido como partidocracia.

Si se revisan los documentos de la comisión de reforma del Estado, el objetivo era otro: avanzar en la democracia. La reforma electoral aprobada restauró el sistema electoral priísta. Y el IFE quedó reducido a una copia de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett y Arturo Núñez de 1988, con la conformación de una dictadura de partidos.

Por Carlos Ramírez .
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