Ugalde: y sin embargo, no sirve

La Reforma electoral: pasos atrás
Enfilada hacia la consolidación por la aprobación en la mayoría de los congresos estatales, de todos modos la reforma electoral dejó huecos importantes que la redujeron a una simple miscelánea electoral.

Uno de los personajes de la reforma, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, reconoce avances pero deja muy en claro los riesgos de la actual reforma: efectivamente consolida la partidocracia --aunque no la llama así-- y liquida la autonomía de los órganos electorales.
En un artículo publicado el domingo en el periódico Reforma, Ugalde se despide como Galileo y su “y sin embargo la Tierra se mueve”. A pesar de sus beneficios, Ugalde concluye que la reforma no es mala y sin embargo representa graves retrocesos democráticos.
Por su importancia, Indicador Político reproduce las objeciones de Ugalde y las convierte en advertencias de la partidocracia que viene:

1.- Contralor general del IFE nombrado por la Cámara de Diputados. La presencia de un contralor que responda a los partidos en el Congreso puede convertirse en un instrumento inhibitorio para la actuación de los consejeros y funcionarios del IFE. Los contralores deben dar resultados, pero con base en criterios contables y financieros. Cuando un contralor responde a partidos, su desempeño puede politizarse y sesgarse.

Las analogías son ilustrativas: es como si los bancos privados nombraran al contralor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o las empresas de telecomunicaciones al contralor de la Cofetel. Una medida como esta genera conflicto de intereses. Si el Congreso considera que esta medida fortalece al IFE y lo transparenta, supongo que pronto habrá contralores nombrados por el Congreso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Banco de México o en la UNAM. (…)

2.- El consejero presidente del IFE dura seis años y es reelegible por un periodo adicional. La reelección puede convertirse en un incentivo perverso que usen los partidos para colocar al presidente en una suerte de "evaluación" permanente para reelegirlo o no. Que el presidente del IFE sea vigilado por los partidos es sano y necesario. El problema es que la evaluación de los partidos sobre el desempeño del IFE siempre ha estado influida por las sanciones que reciben y por el resultado de las elecciones. En ocasiones, los partidos aprecian más la “cercanía” de los consejeros que su actuación firme e imparcial.

3.- La remoción injustificada de los consejeros electorales sienta un mal precedente para la independencia del IFE. Ellos deben ser ajenos a la presión política y a las negociaciones entre partidos. Vale la pena resaltar que durante las deliberaciones en el Congreso no hubo una sola intervención de senador o diputado en donde se expresara una razón objetiva o legal para justificar la salida anticipada de consejeros actuales.
El cambio anticipado puede generar un tránsito complejo y discrecional. Por ejemplo, hoy se desconoce cómo se escogerán a los cinco consejeros que, junto conmigo, concluirán sus encargos antes de septiembre de 2008. Si se trata de un órgano colegiado, ¿cómo se decidirá quién se va o se queda? ¿Argumentos objetivos o criterios políticos? Eso vuelve vulnerable al IFE porque limita su autonomía para tomar decisiones.

4.- La prohibición de emplear en la propaganda electoral expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos o calumnien a las personas enfrenta una discusión muy relevante sobre el derecho ciudadano a estar informado. Con la nueva medida ¿estarán los ciudadanos mejor informados, o simplemente estarán sujetos a campañas llenas de lugares comunes y promesas políticamente correctas? ¿Eso mejora la calidad de los ciudadanos para decidir?

No estoy usando el argumento de la libertad de expresión que tanta controversia ha generado, sino uno sobre el derecho de los votantes a contar con información para decidir, a pesar del riesgo de que parte de esa información sea falsa, sesgada o trivial. Antes de medidas que protejan a los candidatos de la denigración, debemos proteger a los ciudadanos para que estén informados.
Evidentemente no estoy a favor de la calumnia en la política, pero prefiero soluciones que induzcan comportamientos esperados más que sanciones que pueden generar efectos contraproducentes. Una vez promulgada, empezarán las dudas y las tentaciones. El IFE, por ejemplo, defendió la libertad de expresión cuando a principios de este año se quiso suspender la transmisión del programa de Andrés Manuel López Obrador en TV Azteca.

Muchos dijeron que ofendía a las instituciones y el IFE argumentó que la libertad de expresión era más importante que otra consideración. Con la nueva normatividad, ¿deberá retirarse del aire el programa de AMLO en caso de que denigre a personas o a instituciones? (…)

5.- Indefensión jurídica frente a invasión de competencias. Una reforma electoral que verdaderamente fortalezca al IFE debería contemplar en el artículo 105 constitucional al instituto como sujeto legitimado para promover controversias constitucionales. (…) ¿Por qué no se le dio al IFE ese medio de defensa?

6.- La propuesta de reforma electoral no incluye explícitamente a los partidos políticos como sujetos obligados de transparencia.

7.- Se prohíbe que las autoridades electorales intervengan en la vida interna de los partidos políticos, salvo los casos que determine la ley. Un gran avance democrático de los últimos años fue la creación de tesis y jurisprudencia para proteger los derechos políticos de militantes y para garantizar la legalidad estatuaria de los partidos. (…) En la nueva legislación secundaria podríamos descubrir que algunos de esos avances queden eliminados y que los partidos sean menos sujetos al control y la regulación por parte del IFE y del Tribunal Electoral.

Por Carlos Ramírez.
P0st RLB Punto Politico.