Esa será, a partir de 2008, la nueva constitución de ese país sudamericano, pues el congreso ya la ha aprobado en primera discusión y, en un par de meses, la aceptará definitivamente, pues Chávez no tiene oposición alguna allí. La reforma contiene una simple cláusula que permite la reelección inmediata de quien sea “presidente o presidenta” de Venezuela. Así de sencillo, y por todas las veces que se quiera: no en vano uno de los tinterillos del régimen ha dicho que la “revolución bolivariana” se extenderá a lo largo de todo un siglo. Pero aparte de esta disposición, que es la que lógicamente ha sido comentada con más interés en todos los medios, existen algunos otros puntos que vale la pena destacar porque resultan decisivos para la imposición de un régimen socialista autoritario. Veamos:
El presidente se arroga el derecho de cambiar por completo la ordenación territorial del país y de suprimir, en la práctica, toda autonomía de los poderes municipales o estadales que existen ahora. Se organizarán Consejos del Poder Popular que, por todo lo que se dice en el proyecto, se parecerán bastante a los CDR (Comités de Defensa de la Revolución Cubana) cubanos que controlan a todos y cada uno de los habitantes de la isla. Para que no queden dudas se aclara: “el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.”
Se propone la creación de una “Economía Socialista” basada en “unidades económicas de propiedad social”. Se establecen cinco diferentes formas de propiedad quedando la propiedad privada reducida a la que se ejerce sobre “bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos”. El estado se hace con en control absoluto de los recursos naturales de “carácter estratégico” y de todos los servicios públicos. La jornada de trabajo se reduce a seis horas diarias o 34 semanales. Se elimina totalmente la autonomía del Banco Central, que pasa al control del presidente.
En la lista de competencias que se otorgan al “Poder Público Nacional” se listan nada menos que 36 amplias funciones. Como ejemplo, tomamos una de ellas: “La gestión y administración de los ramos de la economía nacional, así como su eventual transferencia a sectores de economía de propiedad social, colectiva o mixta.”
Se crea la “Fuerza Armada Bolivariana”, uno de cuyos componentes será la “Milicia Popular Bolivariana”.
Hay mucho más, por supuesto, pues el proyecto tiene unas cuarenta páginas de apretada factura y fraseología a veces deliberadamente vaga e imprecisa. Pero creemos que, con lo dicho, será suficiente para el lector: ¿puede seguir llamándose “democrático” un gobierno que propone tales cambios? ¿No es esta reforma la mejor manera de imponer una dictadura socialista bajo el manto piadoso de un referéndum que, todos lo sabemos en Venezuela, no tendrá el menor control ni fiscalización?
La comunidad internacional, que apenas si ha esbozado algunas críticas parciales a esta propuesta, debería tomar conciencia de que una dictadura cerrada se está consolidando ahora mismo en Venezuela. Tal vez sea éste el momento de actuar, antes de que un régimen profundamente autoritario, militarista y expansivo se consolide en la castigada patria de Bolívar.
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