Las deudas financieras y políticas de la campaña poselectoral de Amlo

La escenografía “de masas” y
los coros que enmarcarán el magno sketch

del 20 de noviembre para la

auto-proclamación del caudillo,

engrosará aún más las deudas del

gobierno de la ciudad, todavía bajo su control.

A falta de capacidad de convocatoria

habrá acarreo,

con cargo a los recursos financieros

y de control de clientelas políticas

del Gobierno del Distrito Federal.

Anoche se comprobó una vez más la pérdida de capacidad de convocatoria espontánea de Amlo a la población. Incluso en el DF. Unos 500 simpatizantes —registró Reforma online— de su Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudieron al Hemiciclo a Juárez, al llamado del candidato presidencial derrotado a manifestar su apoyo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).La dirigencia del PRD esperaba la asistencia de unas 5 mil personas.

Sólo acudió una décima parte. Esto haría suponer que la escenografía “de masas” y los coros que enmarcarán el magno sketch (de humor voluntario e involuntario) del 20 de noviembre para la auto-proclamación del caudillo, engrosará aún más las deudas del gobierno de la ciudad, todavía bajo su control. A falta de capacidad de convocatoria habrá acarreo, con cargo a los recursos financieros y de control de clientelas políticas del Gobierno del Distrito Federal.

Si ya se reveló que el GDF contrató las carpas del largo sitio de la ciudad, del Zócalo al Periférico, semanas atrás, sus operadores jugarán con fuego autorizando nuevos gastos no sólo injustificables, sino punibles, a 15 días de la transmisión de la jefatura del gobierno, así sea al delfín impuesto a su partido por el mismo caudillo.

Pero más onerosas podrían ser las deudas políticas que está acumulando la campaña postelectoral de Amlo. La bancarrota no sólo se apunta en las encuestas y en el desplome de los asistentes espontáneos a las reuniones de postcampaña. Se percibe también en la reducción vertiginosa de voces y textos de simpatía en los medios, en relación directamente proporcional al incremento de las expresiones reprobatorias.

Y se subraya en la desaparición paulatina del tema del liderazgo Amlo —como propuesta política a considerar— de la agenda del debate público —de las conversaciones de la gente, incluyendo la circulación de mensajes en la red— como no sea para el rechazo directo o a través del último chiste —verbal, gráfico o animado— a costa del “legítimo”.

Pero si, por una parte, el tema del liderazgo de Amlo se desvanece como portador de una propuesta a tomar en cuenta en la agenda del debate público, por otra parte se acentúa la presencia del tema de sus operaciones al margen de la ley y de las reglas civilizadas de la competencia política, como motivo de preocupación social extendida.

Ya no es sólo que el votante pro Amlo no clientelar se arrepienta de haberle refrendado el control de un gobierno como el del DF para que se ponga al servicio de las farsas teatrales del líder, sino también de haberle dado la segunda fuerza en el Congreso para que sus legisladores no legislen de favor de la gente, sino que se erijan en fuerza de choque capaz de atentar contra la integridad del presidente de la República y de provocar una crisis constitucional de consecuencias impredecibles.

Un debate denigrante a quince días, hoy, del inicio de un nuevo periodo de gobierno crucial para definir si el país romperá su estancamiento o se atascará en él indefinidamente, increíblemente, la agenda publicada de los medios se atasca a su vez en lo más que pueden dar de sí los actores públicos: el debate sobre si el Presidente debe o no acudir a rendir su protesta de ley a sesión de Congreso General del Palacio Legislativo.

En lugar de empezar a procesar una agenda legislativa mínima, viable e inaplazable, una cabeza del PRI —con sus replicantes en los medios— regatea su apego a la ley con propuestas —obviamente negociables— de venta de terror, con la especie de que el presidente elegido en las urnas no debe acudir a rendir su protesta de ley y ceder así al nuevo chantaje de Amlo.

Sobre este sesgo denigrante del debate se cierne el descontrol del poder del Estado sobre los desbordamientos de la violencia de otros poderes.

Sólo en las últimas horas, en Nuevo León fue asesinado un comandante de la policía que coordinó la captura de tres miembros de Los Zetas; encontraron una granada en la camioneta de Telmex que fue usada por los delincuentes que asaltaron una camioneta de valores en Polanco y un empresario norteamericano fue asesinado la madrugada del lunes en Chilpancingo.

Mientras las conexiones, al menos discursivas, de la violencia fuera de control y la campaña postelectoral de Amlo apuntan a nuevos costos para su partido: El periódico guerrerense El Sur da cuenta de un comunicado del grupo Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) en el que afirma que las explosiones del 6 de noviembre en la ciudad de México –que se adjudicó– constituyeron “una demostración de fuerza y capacidad dirigida —en calidad de advertencia— a los dueños de las empresas nacionales y transnacionales que financiaron el fraude de Estado y que se encuentran detrás de las fuerzas federales de ocupación en Oaxaca”.

Por: José Carreño Carlón -Jose.carreno@uia.mx