Oaxaca: Conflicto trabado por política

La crisis en Oaxaca no es la primera ni será la última.

Ni en Oaxaca ni en el país.

Por tanto, los buscadores de soluciones

deberían acudir a las experiencias del pasado

para buscar alguna forma de solución

Si el conflicto en Oaxaca se sigue sólo a través de las noticias en medios,

entonces podría llegarse a la conclusión que todo se reduciría a la salida del gobernador Ulises Ruiz.

Sin embargo, el asunto es mucho más complejo.

A Oaxaca le falta un nuevo marco conceptual de análisis e interpretación política de la realidad.

El gobernador ha centrado su discurso en su no renuncia. La APPO ha reducido su mensaje a las declaraciones de Flavio Sosa y ahí encontramos subyacente el slogan de “patria o muerte; venceremos”, aunque sin ninguna puerta de salida. Y silenciosamente, la sección 22 de maestros se ha marginado del conflicto porque ya obtuvo beneficios personales para sus agremiados a costa obviamente del resto de la clase obrera.

Y el peso específico de los análisis del conflicto ha corrido a cuenta de columnistas y editorialistas que manifestaron simpatía por la candidatura de López Obrador, votaron por el PRD y no han reconocido el resultado institucional de las autoridades electorales. Por tanto, su esquema de interpretación sobre los acontecimientos en Oaxaca han de pasar por el filtro de la lucha postelectoral y anti sistémica de López Obrador, el PRD y el Frente AMLO.
De ahí, por tanto, que la lectura política inducida sobre Oaxaca haya perdido los escenarios del análisis plural y abierto. Nadie, por ejemplo, se ha preocupado por revisar y analizar los datos que se han publicado del Pacto de Gobernabilidad que suscribieron informalmente organizaciones ciudadanas y obligadamente grupos políticos locales.

El Pacto le daría al conflicto otro marco de análisis. Tampoco ha habido una revisión de los datos biográficos de los dirigentes de la APPO y la 22 de la misma manera que se han difundido profusamente los datos biográficos del gobernador Ruiz. Al final, los dirigentes de la APPO y la 22 estuvieron a sueldo de los diferentes gobiernos estatales.

El otro error de interpretación radica en la ausencia de la sociedad sin partido y sin militancia. Nadie parece tomarlos en cuenta. Pero ahí están. El análisis esquemático de la crisis en Oaxaca se ha reducido al choque entre Ulises Ruiz y la APPO. Y los ciudadanos que exigen paz se acomodan arbitrariamente en esos análisis en cualquiera de los dos cajones interpretativos.

Basta que un ciudadano aplauda la presencia de la policía federal preventiva para que lo acusen de vendido al gobierno estatal. Y es suficiente con que algún otro ciudadano se niegue a condenar a la APPO con el argumento de que el origen de la crisis es la pobreza para que lo coloquen como un representante de los radicales. Y puede resultar que esos ciudadanos no militan en ningún bando y sólo expresan sus razones.

Oaxaca, por tanto, exige un modelo de interpretación diferente, plural, al margen de los grupos en conflicto. Por eso la renuncia del gobernador no resolverá la crisis ni el encarcelamiento de la dirigencia de la APPO podría alivias las tensiones. Los analistas no han estudiando a fondo la crisis política de 1968 y la exigencia a modificar los esquemas interpretativos de los conflictos. Hoy nadie se atreve a criticar al CNH pero el maximalismo estudiantil llevó a la represión y la ceguera oficial motivó la tragedia.

La de Oaxaca, en consecuencia, es una crisis de sistema, no un choque de personalidades. Por tanto, hay que debatir la construcción de un nuevo sistema sociopolítico para encontrar una salida. Claro, si alguien está pensando en buscar una solución, no en ajustar cuentas entre grupos.

NI PRIMERA NI ÚLTIMA
La crisis en Oaxaca no es la primera ni será la última. Ni en Oaxaca ni en el país. Por tanto, los buscadores de soluciones deberían acudir a las experiencias del pasado para buscar alguna forma de solución. Los conflictos políticos con entallamiento de violencia han sido producto del endurecimiento gubernamental, ante el apasionamiento popular. Asimismo, han estallado en el contexto de un sistema político priísta cerrado e inflexible, con dominio hegemónico del partido en el poder.

En este contexto, Oaxaca podría ser considerado como el primer conflicto violento del sistema político priísta en transición, sin hegemonía del PRI y con instituciones plurales. De ahí que soluciones al viejo estilo como la renuncia del gobernador, la represión abierta y la corrupción sean, de origen, ineficaces.

Lo malo, en todo caso, es que el nuevo régimen político democrático no sólo no está consolidado sino que podría decirse que ni siquiera existe, ya que el país apenas ha definido un reacomodo de grupos ideológicos en los diferentes niveles de poder.

Si la represión en sí está descartada por falta de cohesión en el poder, si la corrupción resultó ineficaz en el principio del conflicto y si los despidos sólo cambian a titulares pero mantienen la estructura de dominación política de los cacicazgos, entonces el desafío de Oaxaca es más político que de fuerza. Este escenario no ha sido entendido ni por los protagonistas, ni por el gobierno federal, ni por las instituciones política colaterales, ni por los medios de comunicación encargados de interpretar la realidad.

La historia política de las tensiones sociales tiene una forma funcional de periodización: de la Constitución de 1917 a 1950, cuando las protestas eran absorbidas por el sistema político para convertirlas en partes estructurales del Estado. Ahí nació el PRI. A favor corrió el hecho de que los hombres del sistema habían sido combatientes de la revolución: había liderazgo político reconocido o había también fuerza para las liquidaciones físicas de los disidentes.

De 1950 a 1971, el Estado se separó de las fuerzas sociales y entonces las protestas a las protestas sociales fue la represión. Se trataba de la fase de pérdida de liderazgo social y político de los funcionarios y la burocratización del poder y del Estado. Del otro lado, las primeras disidencias estallaron contra los sistemas provenientes de organizaciones sociales proletarias que quedaron bastante animadas por el espíritu social y socialista de la revolución mexicana: pobreros, estudiantes, campesinos y clases medias, todas ellas exigiendo el cumplimiento de las promesas de bienestar de la Revolución Mexicana.

De 1971 a 1985, el sistema político priísta perdió consenso y el factor imitación de la Revolución Cubana impulsó la lucha disidente armada. El Estado contestó con la fuerza y su aparato de represión. La guerra sucia fue una extensión del conflicto económico y social en un sistema dominado por promesas de justicia y bienestar pero políticas de gobierno incapaces de cumplir con ellas. La disidencia rompió con los acuerdos de tolerancia y entendimiento mínimos y el sistema político no sólo no se abrió sino que se selló a piedra y lodo.

De 1985 al 2000 ocurrió el agotamiento político y social del sistema priísta y los avances democratizadores ya no pudieron contenerse con la represión. El Estado priísta tuvo que compartir el poder con la oposición y en el 2000 perdió la presidencia de la república como el símbolo monárquico del poder. Las disidencias tuvieron que ser toleradas porque el Estado priísta carecía de fuerza y complicidades y las oposiciones encontraron el camino fácil de la calle para conseguir avances.

La alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000 modificó las reglas pero no definió los nuevos reglamentos. Ahora basta una disidencia armada en la calle con violencia para paralizar al Estado. El uso de la fuerza está impedido de llegar a la represión por lo que ha perdido eficacia no sólo contra la protesta social sino contra el mundo criminal. Oaxaca es, en este contexto, el primer gran conflicto del nuevo régimen, pero sin que el sistema político de relevo esté definido y consolidado. Y al no existir canales de protesta-solución, entonces el riesgo que enfrentan sociedades en sistemas no definidos es el de la anarquía.

El único camino de solución real de la crisis en Oaxaca radicaría en su enfoque político-sistémico y en aprovechar el impulso para definir nuevas reglas y reglamentos pero sobre todo para fijar con claridad la existencia de una autoridad democrática. Si no, entonces Oaxaca sería el primer ejemplo de la comuna que promueve López Obrador.
Por Carlos Ramirez. Indicador Politico.