El perdedor político
de la liberación de Ahumada
fue el jefe de gobierno del DF.
Mientras Ebrard se regodeaba
en las frivolidades del poder,
la maquinaria política
lo atrapó fuera de la jugada
Las recriminaciones de López Obrador y Bátiz en la noche del lunes llevaron al procurador
Rodolfo Félix a violentar la ley y violar
los derechos humanos para complacer
las exigencias políticas de López Obrador y Ebrard.
Más que por resolver el expediente abierto del 2006, la agresión contra el empresario y editor Carlos Ahumada tuvo que ver con el 2012: López Obrador y Marcelo Ebrard se perfilan como los dos principales precandidatos presidenciales perredistas para las próximas elecciones y los dos están involucrados en los videoescándalos de la corrupción en el GDF.
Por tanto, la intención de López Obrador y Ebrard era mantener a Ahumada en la cárcel todo este sexenio y con ello evitar la difusión de más videos que dañen las carreras políticas de ambos. Un Ahumada en libertad va a constituir un verdadero peligro para el 2012 perredista, aún cuando no se difundan más videos.
La nueva fase del caso Ahumada ha exhibido los pasivos del gobierno perredista en el DF en varios puntos. Al final, el PRD en el poder resultó exactamente igual de abusivo que los gobiernos priístas y panistas:
1.- Derechos humanos. La agresión contra Ahumada al salir del reclusorio fue una evidencia del nerviosismo de los funcionarios perredistas de la procuraduría capitalina, al grado de dar una exhibición de cómo se violan impunemente los derechos humanos por parte de un gobierno autodenominado de izquierda. El PRD, por tanto, carece de autoridad moral y política para defender los derechos humanos atencos o appos si en el DF aplasta con impunidad los derechos humanos de una persona.
2.- Manipulación de la ley. Aunque López Obrador reiteró hasta el cansancio que no es un hombre de venganzas, en el caso de Ahumada demostró la forma de torcer la ley para convertirla en instrumento de ajustes personales de cuentas. Del otro lado, la misma ley se aplicó con flojera a los perredistas involucrados en el caso Ahumada. Sobre todo, René Bejarano. Priístas al fin, los perredistas en el gobierno del DF han usado la ley para beneficio propio y para venganzas personales.
Ebrard y López Obrador demostraron la validez de aquella apreciación de Juárez: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Ebrard le ha aplicado la ley a secas a Ahumada, en tanto que a los perredistas y colaboradores lopezobradoristas les tocó la “justicia y gracia”.
3.- La judicial, como la DIPD. A pesar de diez años de gobierno perredista en el DF, la policía judicial capitalina continúa siendo un problema de abuso e impunidad, así como lo fue en sus años la nefasta Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Los judiciales violaron los derechos legales de un acusado, lo golpearon impunemente, no cumplieron con los requisitos legales para una diligencia de esa naturaleza y confirmaron que la procuraduría capitalina sigue igual --es decir: peor-- que en los tiempos priístas.
4.- El continuismo. También como en los tiempos priístas, las sucesiones en el poder están determinadas por las jefaturas máximas. En el DF cualquier candidato perredista hubiera ganado las elecciones. Pero López Obrador, priísta al fin y al cabo, designó por dedazo a Marcelo Ebrard como su candidato. Por tanto, Ebrard está obligado a proteger a López Obrador en asuntos delicados. Por eso Ebrard no vaciló en autorizar a la procuraduría del DF a pervertir la ley para darle una lección a Ahumada. Ebrard, por tanto, carece de autonomía. Y López Obrador sigue manejando la jefatura de gobierno, así como Bernardo Bátiz ya instauró su cacicazgo en la procuraduría.
5.- Las complicidades del poder. Asimismo, como en los tiempos priístas, los nuevos funcionarios llegan para cuidar los expedientes delicados de su antecesor. Ello se conoció en el pasado priísta como la complicidad de la sangre: por eso, por ejemplo, Luis Echeverría sucedió a Díaz Ordaz, a pesar de las suspicacias del saliente. Ahumada representaba un expediente abierto en la carrera política de López Obrador. Por tanto, la sucesión en el gobierno perredista del DF no atendió la calidad del aspirante y sus propuestas sino la complicidad. De ahí el enojo de Ebrard ante la victoria judicial de Ahumada.
El mensaje final de la agresión contra Ahumada se localiza en el estilo mafioso de los comportamientos políticos. Los golpes fueron un aviso del gobierno de Ebrard contra quien posee evidencias de la corrupción del grupo de López Obrador y videos del propio Ebrard. La vulnerabilidad de Ahumada al salir de la cárcel y el abuso de fuerza gubernamental dejó el mensaje mafioso de que nadie puede estar tranquilo, ni a pesar de haber ganado un juicio penal. Los golpes a Ahumada fueron, por tanto, intimidatorios para inducirle miedo a Ahumada. Y probaron que la izquierda puede ser también mafiosa.
El perdedor político de la liberación de Ahumada fue el jefe de gobierno del DF. Mientras Ebrard se regodeaba en las frivolidades del poder, la maquinaria política lo atrapó fuera de la jugada. Las recriminaciones de López Obrador y Bátiz en la noche del lunes llevaron al procurador Rodolfo Félix a violentar la ley y violar los derechos humanos para complacer las exigencias políticas de López Obrador y Ebrard. Pero a esas horas lo único que quedaba era dejar un mensaje: y fue el de la violencia del poder contra adversarios políticos.
El escenario quedó perfilado: el 2006 de Ahumada va a estar latente en el 2012. De ahí el manotazo autoritario de López Obrador y Ebrard.
Por Carlos Ramírez
RLB Punto Politico
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