Bejarano: días negros de Bátiz en PGJDF
Si bien el procurador
capitalino Rodolfo Félix Cárdenas
tiene que responsabilizarse de la violación
de los derechos humanos
del empresario y editor Carlos Ahumada,
en realidad el ex procurador Bernardo Bátiz
es quien debe ser sentado en
el banquillo de los acusados
por la integración del expediente
como un acto de venganza
de su jefe político López Obrador.
La liberación de Ahumada reveló la perversidad de Bátiz como procurador de López Obrador. Pero el caso de Ahumada fue una de las tantas aberraciones de Bátiz. La procuraduría del DF fue la oficina de la represión política del gobierno lopezobradorista. Los de Bátiz en la PGJDF fueron “días negros” durante seis años para la impartición de justicia.
La histeria de Bátiz por la liberación de Ahumada tiene un origen: su incompetencia como procurador perredista y abogado de consigna. En el caso de Ahumada, Bátiz se comportó como el juez Eduardo Ferrer McGregor de los juicios perversos del 68 contra estudiantes: argumentos persecutorios, justicia al servicio del poderoso, manotazo de la autoridad capitalina como venganza por los videos.
A Bátiz se le debe, por ejemplo, la integración del expediente de solicitud de procedencia para quitarle el fueron a René Bejarano, ex secretario particular de López Obrador, operador de la campaña presidencial lopezobradorista y recaudador de dinero negro para el tabasqueño.
El asambleísta panista Jorge Triana, que fue diputado federal en el jurado contra Bejarano, recuerda cómo Bátiz tergiversó el expediente para “ayudar” a Bejarano:
“Bejarano fue acusado por cuatro delitos. La procuraduría capitalina a través del Ministerio Público envió a la cámara de Diputados nada más el expediente que tenía que ver con los delitos que no eran graves, con los que alcanzaba fianza.
“Bejarano fue acusado por cuatro delitos. La procuraduría capitalina a través del Ministerio Público envió a la cámara de Diputados nada más el expediente que tenía que ver con los delitos que no eran graves, con los que alcanzaba fianza.
En la Cámara de Diputados nada más lo desaforamos por dos delitos y pudo salir bajo fianza. Por eso pisó un rato reclusorio. Toda la intención del procurador era para beneficiar al ex secretario particular de López Obrador; integró mal el expediente a propósito, tampoco apeló la sentencia, se lavó las manos, hizo averiguaciones previas cercenadas con información completamente sesgada. “A mí me tocó, como diputado, presentar una denuncia por este caso.
Fui como testigo de descargo al juzgado y vi cómo René Bejarano y Carlos Ímaz llegaban directamente al juzgado y el representante del Ministerio Público parecía su abogado defensor y nosotros los acusados. Realmente fue lamentable lo que ocurrió con Bejarano y no es posible que Bejarano haya sido protegido en la forma en que lo fue, incluso con celdas de lujo, alfombradas, con dvd´s como se mostró en algunos medios de comunicación y el otro, Ahumada, como preso político haya estado más de tres años en el reclusorio y siento vejado y torturado una y otra vez”.
Ahumada fue sólo uno de los casos manejados con perversidad y manipulación de la justicia que tuvo a su cargo Bátiz, un panista católico converso al perredismo hoy promotor del aborto. En el caso Ahumada todos los perredistas están libres, dice Triana: “la administración del procurador Bátiz sirvió simplemente como tapadera de corruptelas de los funcionarios cercanos a López Obrador: Octavio Flores, el ex delegado en Gustavo A. Madero, que se le avisó con semanas de anticipación que le iba a girar una orden de aprehensión.
Y de señor Ponce también se hizo de la vista gorda el procurador. Fátima Mena y Leticia Robles actualmente libres y tan campantes por la calle. Está el caso de Carlos Ímaz, donde ni siquiera se apeló la sentencia del juez. Y Bejarano ya está en toda libertad negociando espacios de vendedores ambulantes”.
La lista de pasivos de Bátiz es larga: el acoso contra el dueño de la empresa Eumex porque se negó a entregar los espacios para propaganda que López Obrador quería para su campaña y por eso fue encarcelado, golpeado y violados sus derechos. También el del asesinato en el viaducto en el que Bátiz enredó las cosas para proteger a un personaje poderoso. Y la investigación que tergiversó para alejar a Gabriel Regino de las acusaciones sobre narcotráfico. Y la incapacidad de Bátiz para resolver el caso de la abogada Digna Ochoa.
En todos esos casos, Bátiz politizó la impartición de justicia para beneficiar a colaboradores de López Obrador, a quien reconoció -violando la imparcialidad del ministerio público-- como “mi jefe político”. En el caso de Ahumada, Bátiz manipuló el proceso legal para sumir a Ahumada en la cárcel, hasta que un juez revisó los expedientes y lo liberó.
La salida en libertad de Ahumada fue la prueba contundente de las perversidades políticas de Bátiz. El interés de Bátiz de enredar la salida de Ahumada radica en el hecho de que el empresario en libertad sería una bofetada política.
Eso sí, Bátiz recibió un premio político: López Obrador lo designó como “secretario de Justicia” del gabinete legítimo de un gobierno inexistente y de carnaval, un cargo de consolación porque él quería ser el procurador general de la república.
Por Carlos Ramírez
RLB Punto Politico
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