Con apoyo de Congreso gana el crimen

Sin ejército,

sociedad en manos de pillos

A pesar de que tiene no sólo facultades sino iniciativas congeladas de seguridad pública, el Congreso dio un paso en favor del crimen organizado: un exhorto al presidente de la república para sacar al ejército de los operativos de seguridad. La pérdida del consenso político y partidista en un tema tan delicado ha sido una de las mejores noticias para la delincuencia.

Los legisladores quieren llevar a nivel nacional el desorden que priva en la ciudad de México, donde una mal entendida política progresista ha permitido que la capital de la república esté dominada por las bandas del crimen organizado y las mafias del desorden sociopolítico también organizado. La autoridad en el DF no sólo no es reconocida y menos respetada, sino que es agredida físicamente por grupos que no respetan el Estado de derecho ni los derechos de los demás.
La crítica de la comisión permanente al uso del ejército en labores de lucha contra el crimen organizado fue lo mejor que pudo haberles ocurrido a los delincuentes. Sin el consenso legislativo, la política de seguridad pública carece de legitimidad. No hay duda de que los jefes de las mafias recibieron un peligroso aval del poder legislativo. Al quitar al ejército de los operativos, el país quedaría a merced de la criminalidad.

El ejército se involucró en el operativo justamente por el fracaso del poder civil y de sus fuerzas policiacas. Al no existir una crítica y una condena legislativa contra los políticos y gobernantes que permitieron la corrupción policiaca y por tanto el aumento de la criminalidad, el exhorto legislativo se convirtió en la aceptación de la derrota civil contra la delincuencia. Y al no aprobar reformas a la seguridad pública para mejorar la organización policiaca, el congreso decidió sacar al ejército de los operativos contra el crimen organizado y dejar a la ciudadanía en manos de las mafias que de por sí, por la incompetencia política y de gobierno, ya penetraron las estructuras de poder.

El exhorto de la comisión permanente, además, llegó justo en la coyuntura de la denuncia del senador de facto Ricardo Monreal en el sentido de que bandas del narcotráfico financiaron campañas de legisladores. Por tanto, existe una correlación entre el exhorto de legisladores de sacar al ejército de la lucha contra el narco ,donde los militares son los únicos que han dado resultados-- y los datos de que el narco se logró meter en las entrañas del poder legislativo.

El debate de fondo ha sido eludido por el poder legislativo: el crimen organizado se fortaleció en México por la complicidad o negligencia del Estado, sus instituciones y sus gobernantes. Al final de cuentas, los legisladores quieren regresar al país a los tiempos en los que la clase política priísta --a la que pertenecieron en su momento no sólo priístas sino los hoy perredistas, petistas y de Convergencia-- decidió pactar con el crimen organizado.

Y en lugar de controlar el problema, ese pacto gobierno-mafias multiplicó la delincuencia. En 1984 el columnista Manuel Buendía recopiló información de cómo a las policías estaban al servicio del crimen organizado y fue asesinado y en 1985 el secuestro, tortura y muerte del agente antinarcóticos norteamericano Enrique Camarena Salazar destapó la cloaca de la complicidad: los principales jefes de las mafias portaban credenciales legales de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad y de policías locales.

La intervención del ejército en labores de seguridad pública no fue una decisión esotérica o con tintes represivos de la protesta social, sino que estuvo obligada por el fracaso de gobernantes y legisladores en la organización, capacitación y supervisión de los cuerpos policiacos en los tres niveles de gobierno.
El exhorto de la comisión permanente, por tanto, fue una decisión para politizar peligrosamente la seguridad pública en momentos en que se perfilan las evidencias de que las bandas del crimen organizado han penetrado las estructuras de poder.

Al llevar el asunto a los temores de la represión que ha sido erradicada del ejército, los legisladores no hacen sino pervertir la realidad: no existe ningún indicio de que el ejército sea utilizado para reprimir a los grupos disidentes, a pesar de que justamente estos grupos han dinamitado el Estado de derecho y han creado verdaderas zonas francas ajenas a las leyes y a la civilidad política.

La intención final es propiciar lo que declaró a Excelsior ayer el alcalde perredista en Ciudad Altamirano, Guerrero, Víctor Adolfo Mojica: “hay que hacer un pacto con los grupos dedicados a la delincuencia organizada”. Pero un pacto simplemente liquidaría el Estado.

Lo único claro está a la vista: sin el ejército en labores de seguridad pública, el país estaría ya controlado por la delincuencia. La comisión permanente eludió el problema central: la intervención de militares en los operativos fue motivada por el fracaso de legisladores, políticos y gobernantes en seguridad pública. Y en lugar de reconocerlo, legisladores de la oposición lo condenan, para beneplácito de los pillos.

Por Carlos Ramírez.

RLB Punto Politico.