La experiencia nos dice que los ciudadanos reaccionan de manera negativa ante los desplantes de violencia e intolerancia en el Congreso. Si los perredistas deciden nuevamente bloquear el ingreso del presidente, aun cuando éste no pronuncie un discurso, estarán no solamente violando la ley sino retando a todo el país.Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la vieja ceremonia del informe presidencial, la cual se aprovechaba para rendir pleitesía a la figura presidencial, ya no debe tener lugar en el México contemporáneo.
Pero detrás de esta verdad de Perogrullo se esconde una realidad completamente distinta. La verdad es que esa vieja ceremonia hace años que no existe. No la tenemos, por lo menos, desde 1988 cuando Porfirio Muñoz Ledo empezó a aprovechar el acto para interpelar abiertamente al presidente Miguel de la Madrid.
Desde ese entonces hemos visto desfilar por el Palacio Legislativo todos los 1ro de septiembre una fila interminable de políticos que han gritado, protestado, enarbolado carteles de protesta y usado máscaras de puerquito. En 2006 llegamos al límite, cuando los legisladores del PRD, apoyados por algunos activistas de su partido, bloquearon con sus curules los accesos de la sala de plenos para impedir la entrada del entonces presidente Vicente Fox para entregar su último informe de gobierno. Hay quien dice que por primera vez se pusieron a buen uso estas curules, pero no hay duda de que todo el espectáculo fue lamentable y una señal de la intolerancia de algunos de nuestros políticos.
Nadie puede decir que en los últimos 19 años el 1ro de septiembre haya sido escenario de una ceremonia de pleitesía a la figura presidencial. Todo lo contrario, la cita anual ha servido para demostrar lo fácil que hoy es insultar al presidente de la república. Hemos transitado de un extremo a otro.
La Constitución, sin embargo, es clara al respecto de lo que debe ocurrir el día del informe presidencial. Según el artículo 69, el presidente de la república debe presentarse personalmente el 1ro de septiembre por la tarde a la sesión conjunta con la que el Congreso comienza su periodo ordinario de sesiones. Ahí debe entregar un informe por escrito. La Ley Orgánica del Congreso señala que el presidente debe ingresar al pleno durante la ceremonia y sentarse junto al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que ocupa la presidencia del Congreso. La legislación no habla, sin embargo, de que el mandatario pronuncie un discurso o de que participe en un debate con los legisladores.
La ceremonia que señala la ley es digna y republicana. No hay razón para no llevarla a cabo. Por eso parece tan absurda la discusión que hemos venido escuchando entre los políticos acerca de si se debe o no permitir al presidente entrar al pleno. El Congreso Nacional del PRD emitió un resolutivo que señalaba que sus legisladores no dejarían que el presidente Calderón ingresara y mucho menos que diera un discurso desde la tribuna. Pero los coordinadores perredistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, Javier González Garza y Carlos Navarrete, han dicho que la decisión final corresponderá a los legisladores.
La experiencia nos dice que los ciudadanos reaccionan de manera negativa ante los desplantes de violencia e intolerancia en el Congreso. Si los perredistas deciden nuevamente bloquear el ingreso del presidente, aun cuando éste no pronuncie un discurso, estarán no solamente violando la ley sino retando a todo el país. Y esto podría tener un costo político importante para su partido.
Por Sergio Sarmiento.
Post RLB Punto Politico.




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La ofensiva del PRD estatal --a través de dos periódicos locales que operan como voceros del lopezobradorismo y del perredismo en declinación, uno de ellos propiedad del siempre derrotado ex priísta y ex madracista César Raúl Ojeda-- no busca transparentar los fondos que recibe el gobierno del estado como aportación por la explotación de petróleo en zonas indígenas y campesinas, sino que forma parte de la disputa contra Pemex ordenada por López Obrador.



Con el sudor en la frente, respiró finalmente el Jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, al enterarse que la Secretaría de Hacienda, “al último minuto,” decidió dar por válido su aval para que el DF pudiera reestructurar su deuda en mejores condiciones de mercado.

Según Eduardo García de 

