Nunca como ahora se le puede aplicar a López Obrador aquella corrección que hizo Karl Marx a Hegel respecto a que los hechos históricos se repetían dos veces: Marx acotó que una vez como tragedia y otra como farsa.
La amenaza de violentar al país por la reforma energética no sólo cae en el delito de motín tipificado por el código penal, sino que tratará de repetir el numerito de 1996 cuando López Obrador tomó por asalto pozos petroleros en Pemex y dos de sus colaboradores --Alejandro Encinas y Jesús Martín del Campo-- atacaron a golpes a guardias de seguridad en la Torre de Pemex.
La ofensiva obradorista contra Pemex en 1996 provocó pérdidas económicas de 5 millones de pesos diarios, choques policiacos y el propio López Obrador salió con un toletazo en la cabeza.
Ese movimiento fue definido por el tabasqueño como pacífico, pero terminó en violencia provocada por sus seguidores al atacar a la policía. Varios líderes del movimiento violento fueron detenidos, pero López Obrador amenazó con aumentar la escalada si no eran liberados.
Por tanto, los mexicanos ya vieron la película perredista del petróleo. No es la primera vez que López Obrador utiliza el petróleo como instrumento de chantaje. En 1993 el entonces regente salinista Manuel Camacho quiso usar fondos de Pemex para pagarle a los marchistas obradoristas que se habían sentado en el zócalo para impedir el grito y el desfile de septiembre. Como Pemex era acusada por López Obrador, que Pemex pagara.
Pero a Camacho le dijeron que no y tuvo que sacar el dinero de otra parte, dicen que de la cuenta secreta del presidente de la república. El dinero fue entregado en efectivo a López Obrador para “comprar” su salida del zócalo. Camacho pago diciendo que era por el “desgaste físico” de los marchistas, aunque el acto en realidad tenía otro nombre: soborno. U otro peor: compra de protección al estilo de las mafias. O vulgar chantaje.
Pemex, los pozos petroleros y el petróleo ha sido la vaquita que suele ordeñar López Obrador cada tiempo para reposicionarse políticamente. En su libro Entre la historia y la esperanza, López Obrador cuenta que el senador Audárico Hernández había propuesto el bloqueo a instalaciones petroleras como una forma de protesta contra la victoria electoral de Roberto Madrazo de 1994.
López Obrador anunció en un mitin de enero de 1995 su plan de desobediencia civil ante su derrota electoral: “ese día propusimos a la gente el inicio de una nueva etapa de la desobediencia civil, bajo seis fundamentos básicos: no reconocer al gobierno de Roberto Madrazo ni a los gobiernos municipales espurios, no pagar impuestos ni derechos al gobierno, no pagar ningún crédito no al gobierno ni a los bancos, no comprar en comercios o establecimientos de priístas autoritarios e intolerantes y no consumir productos fabricados o distribuidos por empresarios antidemocráticos”. Y en el plantón, declaró que “esta zona es territorio libre y de resistencia civil”.
López Obrador anunció en un mitin de enero de 1995 su plan de desobediencia civil ante su derrota electoral: “ese día propusimos a la gente el inicio de una nueva etapa de la desobediencia civil, bajo seis fundamentos básicos: no reconocer al gobierno de Roberto Madrazo ni a los gobiernos municipales espurios, no pagar impuestos ni derechos al gobierno, no pagar ningún crédito no al gobierno ni a los bancos, no comprar en comercios o establecimientos de priístas autoritarios e intolerantes y no consumir productos fabricados o distribuidos por empresarios antidemocráticos”. Y en el plantón, declaró que “esta zona es territorio libre y de resistencia civil”.
La misma estrategia de siempre. La misma que aplicará en su lucha minoritaria contra una reforma energética inexistente. Las mismas amenazas de violencia dentro de movilizaciones discursivamente pacíficas. Las mismas tácticas para obligar al gobierno a aplicar propuestas obradoristas sin pasar por ninguna de las formas tradicionales de la democracia.
En el fondo, López Obrador ha agotado el camino de la política como la búsqueda de consensos o la expresión mayoritaria. Sus movilizaciones al margen de la ley, desde las de 1994 hasta las que vienen por la reforma energética, son delitos tipificados como motín en el artículo 131 código penal:
“Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.
“Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.
Los avisos de López Obrador de que habrá movilizaciones y violencia si se aprueba una inexistente reforma energética son en realidad amenazas contra las autoridades para intimidarlas y obligarlas a no modificar la política energética, aunque se pueda tratar de una reforma que pudiera ser avalada por la mayoría de legisladores.
Pero se trata, en el juego de tiempos de Marx, de una historia que ayer fue tragedia y hoy aparece como farsa. En 1996, ante la toma de pozos, el senador Audárico Hernández advirtió: “si no está Andrés Manuel, ¿quién controla a la gente? El pueblo es peligroso”. Pero se usó la fuerza para desalojarlos y nada pasó. Hubo detenidos y nada ocurrió. López Obrador amenazó con más violencia y nada. Alejandro Encinas, hoy candidato obradorista al PRD, golpeó en 1996 --se ve en un video-- a enclenques guardias de Pemex. Era la resistencia pacífica de López Obrador.
Lo que falta por aclarar es si las amenazas de violencia de López Obrador son personales o son intimidaciones del PRD como partido.
Por Carlos Ramírez
Post RLB. Punto Politico
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