Oaxaca fin de viejo régimen priísta

I
Quizá la principal lección del colapso del proceso

de transición de la Unión Soviética

haya sido asumida, sin dobleces,

por Mijail Gorbachov en sus Memorias:

“el antiguo régimen fue derribado antes

de que funcionara el nuevo”.

El conflicto político en Oaxaca, iniciado por demandas salariales y estallando en contra del gobernador Ulises Ruiz, dejó inservible al viejo régimen político, pero con el problema de que no hay uno de recambio.

A pesar del lenguaje retorcido y de las banderas de la democracia ondeado en las barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y en las trincheras del gobierno priísta de Ulises Ruiz, en realidad la crisis estalló en el seno del sistema político priísta local.

Los protagonistas habían estado sumidos en las reglas del juego del régimen del PRI. Y la línea rupturista ha carecido de una propuesta de recambio institucional. La sección 22 del magisterio, por ejemplo, logró la rezonificación salarial pero tardó en encauzar la conclusión del movimiento de protesta.

La APPO y la 22 se movieron siempre en los espacios del sistema político. Su exigencia única --la renuncia del gobernador Ruiz-- comenzó como un alzamiento popular en zonas localizadas de la ciudad de Oaxaca, pero luego se encarriló --debido a su ignorancia jurídica y política y a una incomprensión de las reglas del juego político-- dentro de las instituciones legislativas: la desaparición de poderes contemplada en la fracción V del artículo 76 constitucional.

El camino legal estaba empedrado. La fracción V señala que el Senado tiene la facultad de “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales, que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional”.

Y la ley reglamentara habla de “determinar que se ha configurado la desaparición de poderes”, al tiempo que establece excepciones --“causa de fuerza mayor”-- para reconocer que no hay poderes en funcionamiento. Al aceptar este camino, la APPO y la 22 --se supone que con el asesoramiento político y no jurídico del PRD-- simplemente le dieron justificación al Senado para no desaparecer poderes. El concepto constitucional de desaparición de poderes fue clave para mantener la disciplina autoritaria federal del sistema presidencialista.

LA APPO y la 22 supusieron que la desaparición de poderes era una salida. Y no: el sistema legal aplicado a la política siempre ha sido una aldaba para mantener cerrada la puerta del sistema autoritario presidencialista. Asimismo, las organizaciones rebeldes no entendieron la lógica de los acuerdos políticos de ahora, en donde Oaxaca no es una prioridad y sí una pieza de negociación para asuntos mayores. Y lo que era el mecanismo último considerado por la APPO/22, se convirtió en la coartada para mantener al gobernador Ruiz en el poder.

El largo y doloroso camino del plantón de la 22 en el Centro Histórico de Oaxaca en mayo a la decisión del Senado de determinar que los poderes en Oaxaca sí estaban funcionando evidenció los espacios de cuando menos tres conclusiones:

1.- La desarticulación del sistema político priísta. Los acuerdos tradicionales, los entendimientos subterráneos y las formas anteriores de aceptar la protesta magisterial, desviarla al DF al SNTE, a la SEP y al gobierno del DF habían dejado de funcionario.

El uso de la fuerza pública el 14 de junio marcó la ruptura del acuerdo básico para soluciones dentro del sistema. La solicitud de renuncia al gobernador hizo dar a la APPO y la 2 un paso hacia la disolución del entendimiento mínimo. Y en medio, al andamiaje institucional del estado y de la federación hacia Oaxaca finalmente dejó de funcionar. Nada será posible en función del viejo sistema.

2.- La ausencia de una propuesta de sistema de recambio. La falta de salidas para el conflicto reveló que ningún mecanismo anterior tenía ya validez. Pero la negativa del Senado a reconocer la desaparición de poderes dejó la crisis oaxaqueña en un peligroso vacío político que sólo puede ser llenado con un nuevo acuerdo institucional o con una rebelión revolucionaria. Ni la APPO/22, ni el gobierno federal, ni los partidos han definido ese acuerdo. Su fermento se localiza en la iniciativa ciudadana del Pacto de Gobernabilidad impulsado por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, aunque sin el apoyo total del gobierno federal, del gobierno de Ruiz, del presidente electo Calderón o de los partidos. La única salida a la crisis es dar el paso hacia la transición con el Pacto de Gobernabilidad.

3.- La incapacidad de los partidos en el poder para entender la lógica de la transición. El PRI se dedicó a atrincherarse en el partido y a contener las presiones rebeldes. El PAN no sabe siquiera que su viabilidad en el poder depende de dar pasos de transición hacia un nuevo sistema político. Y el PRD no atiende más temas que la “toma de protesta” de López Obrador como “presidente legítimo de la república” y la colocación de una “banda presidencial adornada con chaquiritas”. Y lo grave es que los tres partidos han sido atropellados por la sociedad en rebelión y por la ineficacia del viejo régimen para atender los sobresaltos políticos y sociales.
De ahí que el conflicto en Oaxaca sea un aviso más --sin duda el más violento-- de que el viejo sistema político priísta no sólo ya no está funcionando, sino que le estalla en las narices a los gobernantes priístas que han perdido el poder presidencial, el eje por excelencia que mantenía cohesionado y en funcionamiento ese viejo régimen fundado por el PRI, legitimado por la Constitución y operado por la fuerza poderosa de la presidencia de la república.

Por tanto, la crisis en Oaxaca no se va a solucionar con la rezonificación salarial de los maestros o con la represión policiaca a la APPO o con la caída del gobernador Ruiz, sino que debe encauzarse hacia una reforma integral de las instituciones. En realidad, en Oaxaca se colapsó el sistema político caciquil, autoritario, dominante, sin equilibrio de poderes o de sectores, promotor de la pobreza y gobernado por el esquema de familias del poder político priísta.

II
El conflicto APPO/22 con el gobernador Ulises Ruiz es apenas la superficie de un problema mucho mayor: la relación del poder gubernamental con las organizaciones sociales. Historiadamente, el poder gubernamental en Oaxaca es prácticamente el todo político, social y económico. Oaxaca carece de actividad empresarial y comercial autónoma, pues todo pasa por el control del gobierno estatal. No existe vida política autónoma a no ser que se defina a través de rupturas violentas y fraticidas. Hasta hace poco, la única oposición era el PAN y su espacio de movilidad era minúsculo.

La crisis política en Oaxaca tiene su origen en la ruptura hacia el interior de los grupos de poder del mismo PRI. El PRD fue un desprendimiento del PRI. Y las personalidades de Convergencia --ahora la segunda y casi primera fuerza política estatal-- se consolidaron en una ruptura en el seno del PRI. Por tanto, en realidad en Oaxaca no ha habido vida política y partidista, sino cacicazgos funcionales y disfuncionales.

Hacia el interior del estado, los grupos sociales han pospuesto la ruptura política por la legalización del sistema de usos y costumbres, un respeto a las tradiciones locales que han desaparecido a los partidos o los han subordinado al poder de la organización comunitaria.

La ruptura en los acuerdos entre las familias políticas del poder ocurrió justamente por la ambición de poder. Luego de la crisis de 1977 que provocó la renuncia del gobernador Manuel Zárate Aquino, los jefes políticos aliviaron las formas del reparto del poder.

Sólo que esos acuerdos duraron poco por el agotamiento del modelo pendular: el gobernador en turno no sólo impuso a su sucesor, sino que excluyó a los demás grupos. Ello ocurrió cuando Diódoro Carrasco se consolidó en la gubernatura e impidió movilidad al grupo de José Murat. Y cuando Murat impuso su gubernatura, echó del jardín del poder a los demás grupos: Carrasco y sus aliados se salieron del PRI y se pasaron a coaliciones y aterrizaron en Convergencia, aunque el propio Carrasco encontró su espacio en el PAN. Murat impuso a Ruiz y éste cerró los espacios de poder.

La crisis política, por tanto, era inevitable. La lucha magisterial es histórica, de casi un cuarto de siglo. Los gobernadores la superaban anualmente con cada vez mayores concesiones a la 22: hoteles, hospitales, posiciones de poder, aumentos salariales. Ruiz consideró la opción de liquidar al movimiento magisterial con el desalojo policiaco del 14 de junio, pero el fracaso de la operación reactivó el movimiento. Al final, la crisis con el sindicato magisterial ha sido el colapso del viejo sistema de complicidades entre el Estado y las organizaciones sindicales. Y es el aviso de la incapacidad financiera del gobierno para atender la educación pública y gratuita: no habrá presupuesto que alcance.

LA APPO nació de la confluencia de organizaciones sindicales, políticas, indigenistas, de derechos humanos y anarquistas, pero todas ellas dependientes del propio gobierno y de su presupuesto. A pesar de que una de las formaciones clave de la APPO es la izquierda unida del PRD nacional, el perredismo no ha aparecido en el estado.

Por tanto, el fortalecimiento de la APPO es producto del fin del mecanismo de control político de las organizaciones sociales. La APPO nació como reacción social al fallido desalojo policiaco del 14 de junio. Y se enriqueció con agrupaciones sociales vinculadas a la guerrilla del EPR y del Procup, aunque sin acciones clandestinas ni revolucionarias.

La radicalización de la APPO y la 22 fue, así, producto de una crisis innecesaria. En el pasado el plantón magisterial duraba un par de semanas y se endosaba al DF. La razón radica también en la perversión de la descentralización educativa: se le entregó a los estados la educación y el presupuesto, pero la revisión salarial la realiza el SNTE, uno de los organismos corporativos más corruptos y dominados por los intereses caciquiles de su lideresa Elba Esther Gordillo, casi propietaria del sindicato desde 1989. Así, estallaba un conflicto estatal que tenía orígenes federales por las complicidades políticas y perversas de Gordillo con los gobiernos federales priístas y ahora panistas.

La centralización del conflicto en la permanencia o salida del gobernador Ulises Ruiz del poder dibuja lo absurdo del rumbo del caso Oaxaca. El problema, en realidad, no es Ruiz sino el modelo de sistema político.

El que venga después de Ruiz gobernará igual y más débil y sin una nueva estructura de relaciones con las organizaciones sociales. Y si Ruiz se queda, va a depender de la estructura de dominación del viejo sistema y la estructura de poder caciquil seguirá operando.

Ahí se localiza el error estratégico de la limitada, superficial y ciertamente reaccionaria agenda de la APPO/22. No hay profundidad social ni propuesta de cambio institucional. Por tanto, no es una propuesta de izquierda ni de cambio político.

El Senado, los partidos nacionales y el gobierno federal quieren encontrar una salida a la crisis de Oaxaca que no implique cambios profundos. La incomprensión del PRI nacional hacia el conflicto en Oaxaca y las angustias del PAN para alcanzar el cambio de sexenio sin rupturas con los partidos y las distracciones del PRD en los caprichos del derrotado López Obrador han llevado a Oaxaca a un peligroso vacío político de poder.

El PRI quiere mantener a Ruiz, el PAN quiere pactar un compromiso con el PRI para beneficiar a Calderón y el PRD vive una depresión sicológica por López Obrador. Y en medio de todos, el gobernador Ruiz quiere seguir en el gobierno sin ofrecer ninguna reforma institucional que no sea para perpetuar el viejo sistema político priísta.

En este contexto, Oaxaca no vive una crisis política sino un conflicto entre grupos de poder. En todo caso, Oaxaca ilustra el agotamiento --ojalá que definitivo-- del sistema político priísta y del modelo de democracia representativa. La salida, por tanto, estaría en la construcción de un nuevo sistema político, su andamiaje institucional y sus limitaciones al poder y en la definición de un nuevo contrato social y sus correlativos acuerdos en lo fundamental.

III
Oaxaca vive una típica crisis de gobernabilidad. La ingobernabilidad se manifiesta cuando las demandas de la sociedad son mayores a las ofertas del gobierno. O, como dice Samuel Huntington, cuando la sociedad evoluciona más rápidamente que las instituciones sociales y políticas. La crisis de gobernabilidad es, de suyo, el estallamiento de una crisis de transición política: los sistemas se refuerzan a sí mismos o evolucionan hacia nuevas formas de funcionamiento democrático.

Si una transición conducida, esos sistemas caen en el caos.
El contrapunto que ejemplifica los escenarios contrapuestos de las transiciones se localiza en dos conocidas: la de España y la de la URSS. La primera ocurrió a la muerte de Franco y fue --relativamente-- fácil: la construcción de un sistema electoral democrático, bajo el esquema de monarquía constitucional. Duró realmente poco: un año. Y tuvo tres momentos culminantes: las elecciones libres, la Constitución y el ascenso al poder de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español.

La soviética fue frustrada: liberación anárquica del mercado, ausencia de partidos políticos de oposición, golpe de Estado y desmembramiento de la unión de las repúblicas socialistas en repúblicas independientes y renuncia obligada de Gorbachov. A la URSS no le dio tiempo de hacer cambios porque carecía de organizaciones independientes y sólidas, como había en España. Hoy Rusia es un ejemplo del desmoronamiento democrático, de la frustración social y del regreso al modelo de sistema autoritario y estatista, aunque con una burguesía enriquecida en una sociedad de mayoría empobrecida.

La salida a la crisis de Oaxaca, en este contexto, se localiza en el diseño de una reforma institucional integral: del poder, de la sociedad y de la vida política. El Pacto de Gobernabilidad diseñado a instancias de Gobernación ha logrado reformular el sistema político estatal, con exigencias a reformas en lo federal. Oaxaca es parte de la federación y ahí se localiza el papel de pivote de Oaxaca para provocar reformas a nivel nacional.

El problema de Oaxaca no es magisterial ni de Ulises Ruiz. Es de una realidad social marcada por la pobreza y el estancamiento y por el ejercicio atrabiliario del poder público.

El mejor saldo de la crisis en Oaxaca fue el surgimiento de una sociedad civil propositiva, aunque con una sociedad civil harta de la violencia pero atemorizada de los coletazos del poder político y de los grupos radicales callejeros. En medio de estas contradicciones pudo definirse el Pacto de Gobernabilidad como una fuga hacia delante: convertir la crisis en un impulsor de reformas de corto, mediano y largo plazos.

Las reformas deben ser integrales:
1.- Del poder.
2.- De la política.
3.- De la actividad social.
4.- De equilibrio entre poderes.
5.- De participación política.
6.- De reactivación productiva.
7.- De respeto a derechos humanos y el sistema de justicia.
8.- De las reglas para la participación política.
9.- De la alternancia en el gobierno.
10.- Y de la pluralidad reconocida.

La estructura social, económica y política de Oaxaca podría no ser la más recomendable. Las transiciones son fáciles de operar en sociedad de alto grado de desarrollo. Pero al final de cuentas, diría Gorbachov, no hay reformadores felices. Como no hay transiciones ideales. Todas las transiciones han sido conflictivas. Pero la clave se localiza en la percepción de que el viejo régimen ya no garantiza la estabilidad para el desarrollo y que el país tiene la opción de una transición por la vía política y legal y no por el camino siempre frustrante de la revolución armada.

El conflicto en Oaxaca pudo sacarse de los espacios del choque de poderes por la mesa de negociación que instauró Gobernación para definir el Pacto de Gobernabilidad. En el pasado, las crisis se han resuelto con renuncias pero sin cambios de fondo.

La caída del gobernador Zárate Aquino sólo fue aprovechada por un grupo político, pero sin propiciar cambios sociales, económicos o políticos. La crisis actual en Oaxaca debe sacarse de la pugna sobre la renuncia/consolidación del gobernador Ulises Ruiz y encarrilarse en el camino del Pacto de Gobernabilidad. Una vez que el Pacto se firme, el problema ya no será el gobernador ni la 22 ni la APPO.

LA reforma institucional ayudará a refundar el sistema político oaxaqueño.
Quedará por saber si una transición democrática puede realizarse en un estado de la república. Al final, el viejo sistema político priísta en Oaxaca tiene hilos de dependencia federal. Y ahí podría frustrarse.

Sin embargo, la dimensión y alcance de las propuestas definidas en el Pacto de Gobernabilidad quizá no sean tan radicales como la transición española pero cambiarían a nivel local la estructura de dominación política tradicional por prácticas políticas más abiertas. La viabilidad de la transición en Oaxaca dependerá, por tanto, de que los partidos cooperen en la modernización política y que el gobierno federal apoye la reforma institucional.

Lo peor que le puede pasar al conflicto en Oaxaca es que todo se reduzca a la rezonificación salarial de los maestros y a la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. La APPO y la 22, como organizaciones sociales de oposición, están obligadas a ser más racionales y profundas en sus demandas políticas para eludir los intereses de grupo.

Pero pudiera ser que la reforma institucional reduzca el poder de esas dos organizaciones y que por ello hayan disminuido sus demandas a sus intereses particulares. En este contexto, entonces, le toca a la sociedad civil organizada en torno al Pacto de Gobernabilidad impulsar las reformas para que el conflicto en Oaxaca no haya sido en vano.

Por Carlos Ramírez