La decisión de la Suprema Corte de
declarar la inconstitucionalidad de la ley de medios
se basó en lo que se conoce como la doctrina Bartlett:
la defensa del concepto patriótico del Estado priísta
por encima de la sociedad.
La doctrina Bartlett se delineó en las elecciones para gobernador de Chihuahua en 1986. El PRI organizó, al amparo de Bartlett como secretario de Gobernación, un escandaloso fraude electoral para impedir la victoria del candidato panista Francisco Barrio. Ante la demanda de intelectuales de anular las elecciones, Bartlett definió su doctrina: el fraude patriótico para impedir la llegada de la derecha panista al poder.
Así ocurrió con el caso de la ley de medios. La Corte cayó en la trampa saducea de Bartlett como pivote del grupo de senadores que antes de terminar su periodo presentaron la demanda contra la ley de medios. La clave estaba localizada en el hecho de que la Constitución vigente ha sido hasta ahora la esencia del Estado priísta. Por tanto, la Corte tuvo que decidir la inconstitucionalidad de la ley de medios en función de la estructura jurídica que aún beneficia al Estado priísta constitucional.
En este contexto, Bartlett jaló a la Corte a decisiones legales que no corresponden a la nueva correlación de fuerzas políticas, sociales e ideológicas del país por la vigencia de un Estado menos dominante y autoritario, aunque con capacidad para romper los ejes de dominio de los poderes fácticos. Bartlett sabía perfectamente que la constitucionalidad actual mantiene la vigencia de un Estado dominante, hegemónico, autoritario y propietario: es decir, priísta. Por tanto, el problema de la ley de medios no era la ley en sí sino la estructura jurídica del viejo régimen priísta en una sociedad más plural en donde el PRI y su historia apenas tiene un cuarto del voto presidencial y un tercio del poder legislativo.
En este contexto, la doctrina Bartlett podría ser el indicio de los obstáculos para la modernización económica en tanto que se basa en la existencia de un Estado dominante y autoritario y una sociedad sometida a ese Estado y por tanto a la burocracia en el poder. La polémica gira en torno a transitar a un sistema que responda a los intereses priístas no revalidados en las urnas o a un nuevo régimen basado en la pluralidad política e ideológica.
Lo malo de la doctrina Bartlett es que carece de estructura política y de base social. El PRI ha abandonado los espacios del estatismo hegemónico y ha decidido aceptar las reglas de la competencia plural. De ahí que Bartlett haya abandonado al PRI y se haya refugiado en el PRD de López Obrador, sin duda el heredero del viejo estatismo priísta. Y de paso, Bartlett obtuvo ya el perdón político por su papel decisivo en el fraude electoral de 1988 que impidió la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas y entronizó a Carlos Salinas en el poder.
El problema de la modernización política ya no depende de la vieja geometría izquierda-derecha. Ni el PRI ni el PRD son la izquierda, ni el PAN es la derecha. Pero personajes como Bartlett se quedaron anclados en el pasado jurásico. El desafío actual es la conformación de un Estado social de bienestar, pero sin inhibir la actividad privada.
El debate, por tanto, se localiza en la modernización o mantenimiento del Estado priísta, a pesar de que fueron los priístas quienes redujeron buena parte de la intervención excesiva del Estado en la vida nacional. Y fue nada menos que Carlos Salinas, el presidente a quien Bartlett ayudó a imponer desde la presidencia de la Comisión Federal Electoral de 1988, el encargado de reformular los alcances del Estado.
Los casos de la ley de medios y de la reforma eléctrica son apenas los indicios del debate nacional sobre el papel y alcance del Estado y las responsabilidades de los agentes privados. Lo malo, sin embargo, es que los viejos personeros del régimen priísta se han movido para restaurar el viejo Estado priísta por las vías legales que siguen favoreciendo al PRI. El punto central radica en el hecho de que la Constitución vigente es el proyecto nacional del antiguo PRI.
Bartlett --quién lo duda-- representa al viejo régimen priísta. En 1969, en la revista priísta Pensamiento Político, publicó un texto para exaltar el sistema presidencialista mexicano, idolatrar al presidente de la república y definir que la estructura de poder --presidente de la república y PRI-- se sostenían en la Constitución. Peor aún, Bartlett acuña la tesis del “liderazgo constitucional” del presidente de la república; es decir, un poder sustentado en la Constitución.
De ahí que la doctrina Bartlett de defender la Constitución y el Estado priísta haya sido aplicada por la Corte en el caso de la ley de medios. Corresponderá, en todo caso, al nuevo equilibrio social, político y productivo definir las reformas para definir una Constitución y un Estado a la medida de la nueva pluralidad. No se trata de liquidar al Estado, sino de transitarlo del Estado-partido al Estado social democrático.
Por Carlos Ramírez .
RLB Punto Politico.
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