Cuando cabildearon la reforma fiscal
con legisladores priístas,
funcionarios de la Secretaría de Hacienda
se quedaron pasmados
con la respuesta: el PRI estaba de acuerdo
con el IVA a alimentos y medicinas
pero los documentos básicos registrados en el IFE
decían que no.
Y cuando buscaron algunos caminos para comentar la reforma con legisladores perredistas, se toparon con uno de los estorbos más grandes del mundo: no una calificación sobre la iniciativa sino la instrucción de López Obrador de negar cualquier negociación con el “gobierno espurio” de Felipe Calderón.
En este contexto, la reforma fiscal del gobierno de Calderón tuvo que hacer una carrera de obstáculos: eludir oposiciones, desdenes, condiciones, puyas, desprecios, descortesías y mensajes negativos. Desde su minoría, Calderón carece de fuerza política para operar una reforma en los ingresos del Estado; y desde su mayoría, la oposición ha regresado a la tentación de gobernar sin necesidad de tener el poder.
La reforma hacendaria, sin embargo, era la posibilidad de diseñar para México sus pactos de la Moncloa, aquellos acuerdos fundamentales que amarraron la transición española a la democracia. Paralelamente a la reactivación de las instituciones democráticas, el gobierno de Adolfo Suárez acordó con todas las fuerzas sociales y políticas --sindicatos, partidos y organizaciones patronales-- una serie de cambios sustanciales en la política económica para dar por concluido el modelo económico del franquismo y definir un nuevo modelo de desarrollo modernizado. La transición, por tanto, se amarró con una reforma del desarrollo que proyectó a España como la economía más fuerte de Europa.
La reforma fiscal mexicana no era, pues, sólo un paquete de ingresos. Su intención iba más allá. Pero la mezquindad de la oposición frustró sus posibilidades. El equipo de Hacienda careció, a su vez, de visión de largo plazo porque organizó el diseño de la propuesta no en función de lo que necesitaba el país, sino de los espacios reducidos que dejaban los mensajes negativos adelantados de la oposición.
Así, la iniciativa de reforma hacendaria se resume en pocas palabras: se hizo lo que se pudo, no lo que necesitaba el país. El relanzamiento económico y productivo requiere de fondos anuales arriba de setecientos mil millones de pesos y la reforma apenas garantizaría doscientos mil a nivel federal y hasta el 2012. Y el eje del fisco va a seguir girando sobre los mismos causantes cautivos de siempre por las objeciones definidas por la oposición.
La política fiscal no es una entidad autónoma. Forma parte de la política económica. Y ésta no es otra cosa que los instrumentos y objetivos del desarrollo social y económico de un país. De ahí que toda política fiscal deba de ser analizada en el contexto de un modelo de desarrollo: dinero para qué tipo de objetivos del Estado.
El modelo de desarrollo del viejo régimen priísta tronó con la devaluación de 1976 y se pulverizó con el colapso de 1982. En 1993 se definió un nuevo modelo de desarrollo, el de la globalización, pero se agotó en la mera apertura comercial. Por la crisis y por la apertura reventaron los modelos de desarrollo agropecuario e industrial.
Por tanto, la prioridad no era una reforma hacendaria con tintes fiscales recaudatorios sino el rediseño del modelo de desarrollo: qué objetivos de crecimiento, cuál la reorganización del Estado, hasta dónde la reforma profunda de los instrumentos del desarrollo. La presentación de una reforma hacendaria antes del modelo de desarrollo y su correspondiente política económica es una forma de poner la carreta delante de la yunta.
El debate sobre el IVA forma parte de las inconsistencias políticas de la crisis. El PRI no puede apoyar el IVA a alimentos y medicinas --aún estando de acuerdo-- porque se lo prohíben sus documentos básicos registrados en el IFE. Y el PRD tampoco apoyará esa iniciativa porque tiene un compromiso de subsidios con los pobres. Ni el PRI ni el PRD discuten si la exención es positiva o si es un obstáculo.
En realidad, el no cobro de IVA a alimentos y medicinas es un subsidio a ciertos sectores populares. Es decir, es algo considerado como “salario no monetario”. Sin embargo, tiene más impacto económico y detona el desarrollo pagar más salarios y cobrar IVA que controlarlos y subsidiarlos con IVA exento. En el fondo, el debate radica en la concepción de un modelo de desarrollo: una economía subsidiada para pobres o una economía dinámica en la que todos ganen más y paguen más. Es decir, el viejo Estado populista del PRI que hoy retoma el PRD o un Estado con economía dinámica.
La reforma hacendaria, por tanto, no satisface las necesidades del país. El PAN carece de fuerza para ir más allá y el PRI y el PRD se dedican a obstaculizar el desarrollo con sus viejas consignas populistas. Así, el país podría perder otra oportunidad por la mezquindad de la oposición y la ceguera del partido en el poder.
(Precisión. Por un error atribuible al columnista se acreditó una construcción en Ciudad Juárez al hotel Camino Real. En realidad se trata de una carretera faraónica conocida como “Camino Real”, que efectivamente cruza terrenos del alcalde Héctor Murguía. Ofrezco una disculpa a la empresa de los hoteles Camino Real por la confusión.)
Por Carlos Ramírez.
RLB Punto Politico.
En este contexto, la reforma fiscal del gobierno de Calderón tuvo que hacer una carrera de obstáculos: eludir oposiciones, desdenes, condiciones, puyas, desprecios, descortesías y mensajes negativos. Desde su minoría, Calderón carece de fuerza política para operar una reforma en los ingresos del Estado; y desde su mayoría, la oposición ha regresado a la tentación de gobernar sin necesidad de tener el poder.
La reforma hacendaria, sin embargo, era la posibilidad de diseñar para México sus pactos de la Moncloa, aquellos acuerdos fundamentales que amarraron la transición española a la democracia. Paralelamente a la reactivación de las instituciones democráticas, el gobierno de Adolfo Suárez acordó con todas las fuerzas sociales y políticas --sindicatos, partidos y organizaciones patronales-- una serie de cambios sustanciales en la política económica para dar por concluido el modelo económico del franquismo y definir un nuevo modelo de desarrollo modernizado. La transición, por tanto, se amarró con una reforma del desarrollo que proyectó a España como la economía más fuerte de Europa.
La reforma fiscal mexicana no era, pues, sólo un paquete de ingresos. Su intención iba más allá. Pero la mezquindad de la oposición frustró sus posibilidades. El equipo de Hacienda careció, a su vez, de visión de largo plazo porque organizó el diseño de la propuesta no en función de lo que necesitaba el país, sino de los espacios reducidos que dejaban los mensajes negativos adelantados de la oposición.
Así, la iniciativa de reforma hacendaria se resume en pocas palabras: se hizo lo que se pudo, no lo que necesitaba el país. El relanzamiento económico y productivo requiere de fondos anuales arriba de setecientos mil millones de pesos y la reforma apenas garantizaría doscientos mil a nivel federal y hasta el 2012. Y el eje del fisco va a seguir girando sobre los mismos causantes cautivos de siempre por las objeciones definidas por la oposición.
La política fiscal no es una entidad autónoma. Forma parte de la política económica. Y ésta no es otra cosa que los instrumentos y objetivos del desarrollo social y económico de un país. De ahí que toda política fiscal deba de ser analizada en el contexto de un modelo de desarrollo: dinero para qué tipo de objetivos del Estado.
El modelo de desarrollo del viejo régimen priísta tronó con la devaluación de 1976 y se pulverizó con el colapso de 1982. En 1993 se definió un nuevo modelo de desarrollo, el de la globalización, pero se agotó en la mera apertura comercial. Por la crisis y por la apertura reventaron los modelos de desarrollo agropecuario e industrial.
Por tanto, la prioridad no era una reforma hacendaria con tintes fiscales recaudatorios sino el rediseño del modelo de desarrollo: qué objetivos de crecimiento, cuál la reorganización del Estado, hasta dónde la reforma profunda de los instrumentos del desarrollo. La presentación de una reforma hacendaria antes del modelo de desarrollo y su correspondiente política económica es una forma de poner la carreta delante de la yunta.
El debate sobre el IVA forma parte de las inconsistencias políticas de la crisis. El PRI no puede apoyar el IVA a alimentos y medicinas --aún estando de acuerdo-- porque se lo prohíben sus documentos básicos registrados en el IFE. Y el PRD tampoco apoyará esa iniciativa porque tiene un compromiso de subsidios con los pobres. Ni el PRI ni el PRD discuten si la exención es positiva o si es un obstáculo.
En realidad, el no cobro de IVA a alimentos y medicinas es un subsidio a ciertos sectores populares. Es decir, es algo considerado como “salario no monetario”. Sin embargo, tiene más impacto económico y detona el desarrollo pagar más salarios y cobrar IVA que controlarlos y subsidiarlos con IVA exento. En el fondo, el debate radica en la concepción de un modelo de desarrollo: una economía subsidiada para pobres o una economía dinámica en la que todos ganen más y paguen más. Es decir, el viejo Estado populista del PRI que hoy retoma el PRD o un Estado con economía dinámica.
La reforma hacendaria, por tanto, no satisface las necesidades del país. El PAN carece de fuerza para ir más allá y el PRI y el PRD se dedican a obstaculizar el desarrollo con sus viejas consignas populistas. Así, el país podría perder otra oportunidad por la mezquindad de la oposición y la ceguera del partido en el poder.
(Precisión. Por un error atribuible al columnista se acreditó una construcción en Ciudad Juárez al hotel Camino Real. En realidad se trata de una carretera faraónica conocida como “Camino Real”, que efectivamente cruza terrenos del alcalde Héctor Murguía. Ofrezco una disculpa a la empresa de los hoteles Camino Real por la confusión.)
Por Carlos Ramírez.
RLB Punto Politico.
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