domingo, 5 de octubre de 2008

AMLO y narco contra Estado - Cinco rupturas institucionales

Aunque a muchos no les guste, los únicos que se encuentran en una verdadera subversión contra el Estado son el crimen organizado y la oposición radical de López Obrador. La primera daña la soberanía del Estado y las bases de cohesión de la sociedad y la segunda enfocó su fuerza a la insurrección y la ruptura institucional.

El mismo día en que la oposición apabullaba a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública Federal y al procurador general de la república, maestros disidentes cobijados por el PRD de López Obrador volvieron a salir a la calle para reventar con violencia callejera el acuerdo educativo y tomar por asalto el edificio central de la Secretaría de Educación Pública. Lo hicieron con violencia y rompiendo el Estado de derecho.
Como oposición al PRI, la derecha nunca buscó tronar al Estado. Hoy la ruptura del orden constitucional, del Estado de derecho y del orden legal es empujada por la corriente priísta-neopopulista de López Obrador. Y antes, otros grupos radicales atentaron contra el Estado: la guerrilla armada contra las instituciones, las dos bombas molotov de estudiantes de la prepa popular de Tacubaya contra el balcón presidencial en 1984 que hirieron a Alejandro Carrillo Castro, la insurrección en Oaxaca de la APPO para instaurar una comuna revolucionaria, los bombazos del EPR contra instalaciones petroleras, entre otras.
El problema actual radica en el contexto. En el pasado ocurrió algo que mañosamente López Obrador quiere olvidar: la insurrección popular y violenta fue contra el Estado priísta represor. Por ejemplo, López Obrador cerró accesos a pozos petroleros e hizo dos marchas por la democracia contra el autoritarismo del gobierno de Carlos Salinas, a cuyo servicio estaban los hoy lopezobradoristas Manuel Camacho, Porfirio Muñoz Ledo, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea y Rolando Cordera, entre otros. Hoy la insurrección de López Obrador y priístas-salinistas que lo acompañan es contra el Estado de la transición democrática.
Por tanto, lo que se encuentra en medio de la avalancha insurreccional no es el Estado priísta que defienden el PRI y el PRD sino el Estado de la transición democrática que debió de haber comenzado con la alternancia del 2006. Es paradójico que Manuel Camacho, por ejemplo, esté al frente de la insurrección contra el Estado democrático y haya sido un severo y represor cancerbero del estado priísta de Carlos Salinas.
En medio de violencia política, de falta de entendimiento en el congreso, de mezquindades de corto plazo y de la imagen de un poder dividido, el país se encuentra en el cruce de cuando menos cinco movimientos de rupturas:
1.- La inestabilidad, como consecuencia de ruptura de los acuerdos institucionales internos en el sistema político y sus instituciones.
2.- La desestabilización, como producto de negativa al respeto a las instituciones, leyes y reglas por parte de organismos fuera del sistema.
3.- La ingobernabilidad, cuando las demandas de la sociedad y nuevas fuerzas sociales son mayores a las ofertas del gobierno
4.- La insurrección revolucionaria, cuando hay la decisión de romper con las estructuras institucionales por la vía de la movilización revolucionaria para destruir el viejo orden y sacar uno nuevo.
5.- La gorbachización, cuando la transición se desvía hacia la gansterización de la política, el Estado y las relaciones sociales y el sistema político queda en manos de las mafias del crimen organizado.
En el año 2000, el país decidió el camino de la alternancia como el sendero más seguro de una transición a la democracia. El avance se atoró cuando Vicente Fox tuvo la loca tentación de heredarle la presidencia de la república a su esposa. Ahí tronó la alternancia partidista en la presidencia. Y a la hora de las decisiones, Fox le tuvo miedo a la democracia y prefirió pactar con el PRI para mantener la precaria estabilidad.
Hoy el país enfrenta una segunda y probablemente última oportunidad para la transición. El presidente Calderón no está viviendo la crisis de la incapacidad de gobierno, sino la ruptura de los acuerdos del viejo régimen y ataques contra el Estado. Pero con todo y su violencia, el crimen organizado no busca derrotar al Estado, ataca a los que han violado los acuerdos del pasado y busca tan sólo su espacio de sobrevivencia.
En cambio, la verdadera insurrección contra el Estado y sus instituciones se localiza en los grupos radicales comandados por López Obrador y su junta golpista de gobierno. El crimen organizado nunca ha exigido la renuncia del presidente de la república ni ha amenazado con no dejarlo terminar. Por tanto, el gobierno de Calderón debe atender el problema de la inseguridad en tanto que pánico social pero debe centrarse en redefinir la transición a la democracia, buscar las negociaciones para desmantelar las complicidades del Estado priísta que no quieren terminar el PRI y el PRD y aplicar con firmeza el Estado de derecho y las leyes.
El PRI y el PRD quieren agotar al gobierno de Calderón en el tema de la seguridad, cuando la salida se encuentra en la profundización de la democracia y en la liquidación del viejo Estado priísta y sus compromisos con los poderes fácticos de la república.
Por Carlos Ramírez
Post RLB Punto Politico.

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