Rodeado de priístas forjados en el populismo de Luis Echeverría y José López Portillo, Andrés Manuel López Obrador despertó el fantasma de la crisis 1976-1982 con su propuesta de controlar precios de 25 productos básicos.
Y no es para menos. Uno de los principales asesores económicos de López Obrador es David Ibarra Muñoz, el priísta secretario de Hacienda del gobierno de López Portillo hasta su cese en 1982 cuando la crisis se salió de control con dos decisiones del presidente de la república y su gabinete económico: el control de precios y un locuaz aumento salarial de emergencia de 10-20-30% que nunca pudo aplicarse.El peor error de política económica que puede tomarse en un momento de crisis inflacionaria y de tipo de cambio es justamente el control de precios de productos básicos. Ante el crack bursátil, Cuba decidió el control de precios y metió a la isla en una peligrosa crisis de desabasto que se está transformando en elemento de protesta social contra el régimen de los hermanos Castro.
Por tanto, el control de precios es una medida contraproducente, para decir lo menos. Busca mantener precios accesibles al consumidor y mantener la disponibilidad de bienes, pero al final provoca el mercado negro a precios más altos y desde luego el desabasto.
Y no se trata de una derrota ante el mercado sino más bien de la dictadura de las reglas de la economía. El ejemplo está en Cuba: una economía socialista de Estado tuvo que abrirse al mercado libre en alimentos y ahora vuelve al control estatal por el problema de los precios.
El problema es de realidad. Los controles de precios no garantizan disponibilidad y accesibilidad, ni siquiera en los sistemas controlados. La Unión Soviética minó su base social por la falta de abasto. Cuba está regresando al modelo de racionamiento de alimentos, y ni siquiera con la garantía de distribución equitativa. En el momento en que algún gobierno mexicano controle los precios de básicos, el desabasto se convertirá en un problema de gobernabilidad.
Por tanto, López Obrador no está defendiendo a las clases populares sino que le está lanzado el gobierno del presidente Calderón un dardo envenenado: azuzar a las masas con propuestas inviables pero populistas. Lo mismo hicieron López Portillo y Echeverría y solamente retroalimentaron la crisis económica y popular.
López Obrador es un ignorante de la economía. Su propuesta de control de precios básicos peca de otro error que no cometería un estudiante de primer semestre de economía: mantener el control “hasta que haya crecimiento económico, se generen empleos y se recupere el poder adquisitivo del salario de lo perdido en los últimos dos años”. Si la prospectiva económica tiene una utilidad, ese momento podría llegar dentro de diez años. Y los precios de los básicos tendrán que mantenerse controlados un decenio.
Hay una regla natural de la economía que ignoran los populistas: la de la interrelación productiva. En las escuelas de economía la resumen en una anécdota que por su sencillez sin duda hasta López Obrador podría comprenderla: una señora que vende quesadillas en un puesto ambulante aumenta el precio de su producto por un alza de precio en el azúcar. Un comensal le reclama y le dice que ninguno de sus productos lleva azúcar. La señora, que no estudió ni la primaria, contestó: “pero mi cafecito sí”.
La crisis de precios de básicos necesita un replanteamiento general. El modelo aplicado por el PRI-PRD de López Obrador y sus asesores priístas ya demostró ineficacia. Calderón requiere de una nueva política económica popular que opere sobre la producción y la comercialización y que rompa el monopolio de los intermediarios en el transporte y abasto. Basta comparar el precio final de un kilo de cebolla en los tianguis con el que le pagan al productor. Ahí se localiza el espacio de operación de la política económica popular.
Los gobiernos priístas destruyeron la estructura de abasto popular. Y muchos de esos priístas siguen en el PRI o pululan alrededor de López Obrador: acabaron con los precios de garantía, cerraron las tiendas Conasupo, controlaron salarios y metieron a los consumidores populares a subsidios en efectivo para gastarlo en tiendas comerciales con precios atados a tasas de utilidad.
La clave de una buena política de abasto popular se localiza en la producción y la comercialización, no en el control de precios finales. La diferencia radica en las intenciones: el gobierno para-lelo de López Obrador busca profundizar las crisis económicas con propuestas dinamiteras y azuzar a las clases populares con promesas inviables pero pegadoras. Pero el gobierno de Calderón se ha quedado pasmado ante los chicotazos de la crisis en el abasto popular.
La salida de la crisis de abasto no se encuentra en el regreso al populismo de Echeverría y López Portillo que enarbola López Obrador, sino en la definición de una nueva política económica.
El problema es de realidad. Los controles de precios no garantizan disponibilidad y accesibilidad, ni siquiera en los sistemas controlados. La Unión Soviética minó su base social por la falta de abasto. Cuba está regresando al modelo de racionamiento de alimentos, y ni siquiera con la garantía de distribución equitativa. En el momento en que algún gobierno mexicano controle los precios de básicos, el desabasto se convertirá en un problema de gobernabilidad.
Por tanto, López Obrador no está defendiendo a las clases populares sino que le está lanzado el gobierno del presidente Calderón un dardo envenenado: azuzar a las masas con propuestas inviables pero populistas. Lo mismo hicieron López Portillo y Echeverría y solamente retroalimentaron la crisis económica y popular.
López Obrador es un ignorante de la economía. Su propuesta de control de precios básicos peca de otro error que no cometería un estudiante de primer semestre de economía: mantener el control “hasta que haya crecimiento económico, se generen empleos y se recupere el poder adquisitivo del salario de lo perdido en los últimos dos años”. Si la prospectiva económica tiene una utilidad, ese momento podría llegar dentro de diez años. Y los precios de los básicos tendrán que mantenerse controlados un decenio.
Hay una regla natural de la economía que ignoran los populistas: la de la interrelación productiva. En las escuelas de economía la resumen en una anécdota que por su sencillez sin duda hasta López Obrador podría comprenderla: una señora que vende quesadillas en un puesto ambulante aumenta el precio de su producto por un alza de precio en el azúcar. Un comensal le reclama y le dice que ninguno de sus productos lleva azúcar. La señora, que no estudió ni la primaria, contestó: “pero mi cafecito sí”.
La crisis de precios de básicos necesita un replanteamiento general. El modelo aplicado por el PRI-PRD de López Obrador y sus asesores priístas ya demostró ineficacia. Calderón requiere de una nueva política económica popular que opere sobre la producción y la comercialización y que rompa el monopolio de los intermediarios en el transporte y abasto. Basta comparar el precio final de un kilo de cebolla en los tianguis con el que le pagan al productor. Ahí se localiza el espacio de operación de la política económica popular.
Los gobiernos priístas destruyeron la estructura de abasto popular. Y muchos de esos priístas siguen en el PRI o pululan alrededor de López Obrador: acabaron con los precios de garantía, cerraron las tiendas Conasupo, controlaron salarios y metieron a los consumidores populares a subsidios en efectivo para gastarlo en tiendas comerciales con precios atados a tasas de utilidad.
La clave de una buena política de abasto popular se localiza en la producción y la comercialización, no en el control de precios finales. La diferencia radica en las intenciones: el gobierno para-lelo de López Obrador busca profundizar las crisis económicas con propuestas dinamiteras y azuzar a las clases populares con promesas inviables pero pegadoras. Pero el gobierno de Calderón se ha quedado pasmado ante los chicotazos de la crisis en el abasto popular.
La salida de la crisis de abasto no se encuentra en el regreso al populismo de Echeverría y López Portillo que enarbola López Obrador, sino en la definición de una nueva política económica.
Por Carlos Ramirez
Post RLB Punto Politico.
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