Si nuestros políticos realmente se preocuparan por la seguridad de los ciudadanos, no estarían creando monstruos burocráticos como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sino que tomarían medidas para que nuestros cuerpos policiales tuvieran la inteligencia, la tecnología y los recursos para realmente llevar a cabo su labor. En un momento en que la mayor preocupación de los mexicanos es la seguridad, los políticos no pierden oportunidad para tratar de convencernos de que ellos sí, y no sus rivales de otros partidos, se preocupan por defender a los ciudadanos.
Por eso, sin duda, los senadores tomaron la determinación de aprobar la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El propósito es, supuestamente, atacar la inseguridad y en particular los secuestros, ya que, como tanto se nos ha dicho, los celulares son uno de los instrumentos que los secuestradores utilizan en su macabra labor.
Pero ¿cuál será el impacto de esta medida en la inseguridad o en los secuestros en nuestro país? Ya podemos adelantarlo: ninguno. Los secuestradores no son tan tontos como para ir a comprar un teléfono celular, registrar su nombre y su huella digital y después negociar el rescate de un secuestrado a través de ese teléfono. Tampoco van a dejar de usar celulares para sus negociaciones con las familias.
Por eso, lo más probable es que veamos un aumento en los robos de celular, especialmente los que se llevan a cabo de manera violenta. ¿O acaso piensan los políticos que alguien que va a realizar un secuestro no se atreverá a robar un celular de algún transeúnte para usarlo en una negociación telefónica con la familia y después tirarlo a la basura? Recordemos que los secuestradores usan también vehículos de motor en sus plagios, pero no los suyos sino otros que roban poco antes.
Lo peor de todo es que como suele ocurrir en México, un país en el que los policías buscan a inocentes a quienes endosarles la responsabilidad de los crímenes que no pueden resolver, los usuarios de teléfonos celulares robados serán ahora investigados por secuestro, y ¡ay de aquel! que no haya reportado a tiempo el robo del celular porque podrá ser encarcelado durante 80 años sin derecho a preliberación.
Los senadores están creando, sin prestar ninguna atención a las dificultades técnicas, un registro cuyo mantenimiento será una verdadera pesadilla. En nuestro país hay en la actualidad 70 millones de celulares. Mantener el control sobre este mundo de aparatos será un proceso complicado y costoso. El número de aparatos que habrá que tener registrados es casi el mismo de los ciudadanos que están inscritos en el padrón de electores. Y ya sabemos el costo enorme de preparar y mantener actualizado el padrón electoral.
Desafortunadamente nuestros políticos sólo buscan los reflectores de los medios y oportunidades para decir que ellos sí están haciendo algo concreto para combatir el crimen. No toman por ello medidas concretas y eficaces para atacarlo. Si realmente se preocuparan por la seguridad de los ciudadanos, no estarían creando monstruos burocráticos como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sino que tomarían medidas para que nuestros cuerpos policiales tuvieran la inteligencia, la tecnología y los recursos para realmente llevar a cabo su labor.
Por Sergio Sarmiento
Por eso, sin duda, los senadores tomaron la determinación de aprobar la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El propósito es, supuestamente, atacar la inseguridad y en particular los secuestros, ya que, como tanto se nos ha dicho, los celulares son uno de los instrumentos que los secuestradores utilizan en su macabra labor.
Pero ¿cuál será el impacto de esta medida en la inseguridad o en los secuestros en nuestro país? Ya podemos adelantarlo: ninguno. Los secuestradores no son tan tontos como para ir a comprar un teléfono celular, registrar su nombre y su huella digital y después negociar el rescate de un secuestrado a través de ese teléfono. Tampoco van a dejar de usar celulares para sus negociaciones con las familias.
Por eso, lo más probable es que veamos un aumento en los robos de celular, especialmente los que se llevan a cabo de manera violenta. ¿O acaso piensan los políticos que alguien que va a realizar un secuestro no se atreverá a robar un celular de algún transeúnte para usarlo en una negociación telefónica con la familia y después tirarlo a la basura? Recordemos que los secuestradores usan también vehículos de motor en sus plagios, pero no los suyos sino otros que roban poco antes.
Lo peor de todo es que como suele ocurrir en México, un país en el que los policías buscan a inocentes a quienes endosarles la responsabilidad de los crímenes que no pueden resolver, los usuarios de teléfonos celulares robados serán ahora investigados por secuestro, y ¡ay de aquel! que no haya reportado a tiempo el robo del celular porque podrá ser encarcelado durante 80 años sin derecho a preliberación.
Los senadores están creando, sin prestar ninguna atención a las dificultades técnicas, un registro cuyo mantenimiento será una verdadera pesadilla. En nuestro país hay en la actualidad 70 millones de celulares. Mantener el control sobre este mundo de aparatos será un proceso complicado y costoso. El número de aparatos que habrá que tener registrados es casi el mismo de los ciudadanos que están inscritos en el padrón de electores. Y ya sabemos el costo enorme de preparar y mantener actualizado el padrón electoral.
Desafortunadamente nuestros políticos sólo buscan los reflectores de los medios y oportunidades para decir que ellos sí están haciendo algo concreto para combatir el crimen. No toman por ello medidas concretas y eficaces para atacarlo. Si realmente se preocuparan por la seguridad de los ciudadanos, no estarían creando monstruos burocráticos como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sino que tomarían medidas para que nuestros cuerpos policiales tuvieran la inteligencia, la tecnología y los recursos para realmente llevar a cabo su labor.
Por Sergio Sarmiento
Post RLB . Punto Politico.
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