Todas las autoridades implicadas en la apropiación y reparto del dinero, han violado el artículo 14 de la Constitución, que está por encima de normas secundarias, y que establece que nadie puede ser despojado de sus bienes sin que exista un juicio
El Estado de derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las instituciones.El caso del chino Ye-Gon puso a prueba, la aplicación de las leyes mexicanas y saco al descubierto la total falta de proceder al estado de derecho.
La Procuraduría General de la República (PGR) Argumenta y determina que los 205 millones de dólares asegurados al empresario Zhenli Ye Gon investigado por narcotráfico no constituyen elemento de prueba en su contra, por lo que se decidió realizar su autentificación en EU y luego repartirlo, Luis Felipe Mancera, procurador Fiscal de la Federación, detalló por su parte que el 17 de julio, la Junta de Gobierno instruyó al SAE que diera cumplimento a la resolución de la PGR.
La medida se aplicó al día siguiente. El 18 de julio, precisamente cuando el gobierno federal anunció que el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon era ya parte del patrimonio nacional, la Tesorería de la Federación transfirió los recursos en favor de la Secretaría de Salud, de la PGR y del Poder Judicial de la Federación, realizando un segundo depósito el 25 de julio, con lo que concluyó la operación.
Los 205 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon sí constituían una prueba en su contra, por lo que la decisión del gobierno federal de repartirlos no fue legal,
Según los abogados penalistas recordaron que existe una orden de aprehensión contra Ye-Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, entre otros delitos, y que el monto asegurado es, precisamente, una evidencia dentro de esa acusación.
No es válida la explicación del director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, sobre los motivos para distribuir el dinero asegurado, pues dijo que de acuerdo con el Ministerio Público, el dinero había causado abandono en favor del gobierno federal y debía repartirse entre la PGR, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud.
Todas las autoridades implicadas en la apropiación y reparto del dinero, han violado el artículo 14 de la Constitución, que está por encima de normas secundarias, y que establece que nadie puede ser despojado de sus bienes sin que exista un juicio, el director del SAE incurrió en el delito de peculado al disponer del dinero sin una resolución judicial.
El gobierno federal no puede disponer de los recursos sin una sentencia definitiva que determine la culpabilidad de Ye Gon en dicho delito, como lo establece la Constitución.
El dinero como los bienes inmuebles así como las empresas están en proceso ya que deberían estar a disposición del juez cuarto del distrito de procesos penales federales en México porque es él quien debe dictaminar si es de origen ilícito o no y será hasta ese momento cuando se puede hacer la incautación del dinero.
En caso contrario, los 205 millones de dólares deberán ser entregados a quien acredite ser el propietario.
Toda la fuerza del estado, contra Ye Gon, condenar sin antes enjuiciar, se les olvido como aplicar la ley o no tuvieron la capacidad de aplicarla, así lo demuestran con las declaraciones del presidente Calderón, en que condenaba a la cárcel al acusado antes de que un juez hubiera siquiera empezado a ver el caso, se han convertido ahora en el argumento principal de la defensa de Zhenli para demostrar que no podrá tener en México un caso justo,
Ahora vemos como ciudadanos en que forma de transparencia e incompetencia manejan el estado de derecho.
Sin Estado de derecho no existe democracia.
Por Raúl Lozano B.
Post RLB Punto Político.
La medida se aplicó al día siguiente. El 18 de julio, precisamente cuando el gobierno federal anunció que el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon era ya parte del patrimonio nacional, la Tesorería de la Federación transfirió los recursos en favor de la Secretaría de Salud, de la PGR y del Poder Judicial de la Federación, realizando un segundo depósito el 25 de julio, con lo que concluyó la operación.
Los 205 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon sí constituían una prueba en su contra, por lo que la decisión del gobierno federal de repartirlos no fue legal,
Según los abogados penalistas recordaron que existe una orden de aprehensión contra Ye-Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, entre otros delitos, y que el monto asegurado es, precisamente, una evidencia dentro de esa acusación.
No es válida la explicación del director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, sobre los motivos para distribuir el dinero asegurado, pues dijo que de acuerdo con el Ministerio Público, el dinero había causado abandono en favor del gobierno federal y debía repartirse entre la PGR, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud.
Todas las autoridades implicadas en la apropiación y reparto del dinero, han violado el artículo 14 de la Constitución, que está por encima de normas secundarias, y que establece que nadie puede ser despojado de sus bienes sin que exista un juicio, el director del SAE incurrió en el delito de peculado al disponer del dinero sin una resolución judicial.
El gobierno federal no puede disponer de los recursos sin una sentencia definitiva que determine la culpabilidad de Ye Gon en dicho delito, como lo establece la Constitución.
El dinero como los bienes inmuebles así como las empresas están en proceso ya que deberían estar a disposición del juez cuarto del distrito de procesos penales federales en México porque es él quien debe dictaminar si es de origen ilícito o no y será hasta ese momento cuando se puede hacer la incautación del dinero.
En caso contrario, los 205 millones de dólares deberán ser entregados a quien acredite ser el propietario.
Toda la fuerza del estado, contra Ye Gon, condenar sin antes enjuiciar, se les olvido como aplicar la ley o no tuvieron la capacidad de aplicarla, así lo demuestran con las declaraciones del presidente Calderón, en que condenaba a la cárcel al acusado antes de que un juez hubiera siquiera empezado a ver el caso, se han convertido ahora en el argumento principal de la defensa de Zhenli para demostrar que no podrá tener en México un caso justo,
Ahora vemos como ciudadanos en que forma de transparencia e incompetencia manejan el estado de derecho.
Sin Estado de derecho no existe democracia.
Por Raúl Lozano B.
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